Discrepancias entre Interior y Defensa por la creación de la Guardia civil del Mar

La creación de la Guardia Civil del Mar mediante el proyecto de ley orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, elaborado por el Gobierno y que el próximo martes será discutido en el Pleno del Congreso, ha creado discrepancias entre los departamentos ministeriales de Interior y de Defensa. Mientras Defensa argumenta que la Armada "es el organismo más idóneo para la vigilancia en el mar", Interior considera que la unidad de mando y la naturaleza militar de la Guardia Civil garantizan la efectividad del servicio marítimo propuesto.

La Guardia Civil destinará 1.200 hombres de su...

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La creación de la Guardia Civil del Mar mediante el proyecto de ley orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, elaborado por el Gobierno y que el próximo martes será discutido en el Pleno del Congreso, ha creado discrepancias entre los departamentos ministeriales de Interior y de Defensa. Mientras Defensa argumenta que la Armada "es el organismo más idóneo para la vigilancia en el mar", Interior considera que la unidad de mando y la naturaleza militar de la Guardia Civil garantizan la efectividad del servicio marítimo propuesto.

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La Guardia Civil destinará 1.200 hombres de su plantilla actual y 241 embarcaciones, de distintas dimensiones, para la vigilancia del mar. La Guardia Civil del Mar queda creada según el artículo 10.2.5 del proyecto de ley, que indica como competencias de la misma "la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones administrativas y del ejercicio de las funciones de policía en el mar territorial". Según un informe de la Dirección General de la Guardia Civil (DGGC), fechado el 17 de junio de 1985, las actividades a cubrir por este servicio de vigilancia son la pesca, la marina deportiva y de recreo, la seguridad y salvamento, la lucha contra la contaminación, el resguardo fiscal del Estado, la persecución del fraude y del contrabando (además del contrabando de armas), el control de personas, el tráfico de drogas, terrorismo y el control de las condiciones sanitarias, entre otras.En este informe se señala que para cubrir estas materias se precisarían 1.200 hombres. El informe añade a continuación que tal dotación se compondría en su totalidad de personal adscrito a la plantilla de la Guardia Civil por lo que "no supondría aumento de gasto para el Estado". De los 1.200 hombres, continúa el informe, 800 números de la Guardia Civil estarán adscritos a las "fuerzas embarcadas" y 400 hombres al "apoyo en tierra".

En cuanto a las embarcaciones, la DGGC estima como necesarias unas 241 unidades de diferentes dimensiones.

La organización del servicio marítimo de la Guardia Civil se artícula en la Jefatura de Servicio (con el mando en Madrid) y las unidades de ejecución, que actuará en cuanto a información, vigilancia e intervención y que se divide en cinco sectores marítimos: País Vasco y Cantabria (con sede central en Santander); Asturias y Galicia (La Coruña); Cataluña, Valencia y Baleares (Tarragona); Murcia, Andalucía, Ceuta y Melilla (Cádiz); y el archipiélago canario (Santa Cruz de Tenerife).

Naturaleza militar

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Entre las razones que argumenta Interior para que el servicio unificado sea desarrollado por la Guardia Civil, el informe indica la "unidad de mando y coordiación" y la "naturaleza militar del servicio". En cuanto a la primera se señala que sería "efectiva, al realizarse todos los servicios por componentes de un mismo Cuerpo, fuertemente jerarquizado" y en cuanto a la naturaleza militar del servicio supone disciplina, dedicación e imposibilidad legal de huelgas en un servicio con dependencia de la Administración civil".Sin embargo, las discrepancias entre Defensa e Interior quedaron patentes en los resultados de la Comisión Interministerial de estudio y reforma de los Óganos de la Administración del Estado, competentes en materia de actividades marítimas, usualmente conocida como Comisión del Mar.

Esta comisión -compuesta por representantes, de los ministerios de Agricultura, Transporte, Trabajo, Interior, Obras Públicas, Defensa y Economía, y dirigida por Presidencia del Gobierno- elaboró un informe en septiembre según el cual Defensa considera que "debe mantenerse la actual asignación de competencias". Entre las razones que esgrime se encuen tran las de coste-eficacia, "que avalan que la Armada es el organismo más idoneo para ejercer la vigilancia marítima".

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