El déficit de los municipios será de 100.000 millones si se congelan las ayudas estatales
La decisión del Ministerio de Hacienda de congelar en los Presupuestos del Estado para 1986 los fondos destinados a ayuntamientos y diputaciones supondrá para éstos, a corto plazo, un déficit cercano a los 100.000 millones de pesetas. Así lo afirmó Tomás Rodríguez Bolaños, vicepresidente primero de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en el curso de la reunión mantenida ayer en Albacete por la comisión ejecutiva de la federación. La FEMP agrupa a casi la mitad de los municipios españoles, en los que habita el 92% de la población total del país.
La FEMP, considera qu...
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La decisión del Ministerio de Hacienda de congelar en los Presupuestos del Estado para 1986 los fondos destinados a ayuntamientos y diputaciones supondrá para éstos, a corto plazo, un déficit cercano a los 100.000 millones de pesetas. Así lo afirmó Tomás Rodríguez Bolaños, vicepresidente primero de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en el curso de la reunión mantenida ayer en Albacete por la comisión ejecutiva de la federación. La FEMP agrupa a casi la mitad de los municipios españoles, en los que habita el 92% de la población total del país.
La FEMP, considera que la medida ministerial costará a las corporaciones locales en el año entrante una disminución real de ingresos próxima al 15%. El ministro de Hacienda, Carlos Solchaga, anunció a los dirigentes de la federación, a fines del pasado mes de julio, que las aportaciones del Estado a los municipios no crecerán en 1986. Frente a los 340.000 millones de pesetas solicitados por la FEMP para el Fondo de Cooperación Municipal, el Gobierno quiere mantener dicha aportación en los 270.000 millones a que ha ascendido este año, para contener, el gasto público.Para la federación, la intención del Gobierno tendrá una grave repercusión en las corporaciones locales, que verán mermadas las posibilidades de prestar a sus ciudades los servicios a los que están obligadas por la ley de Bases de Régimen Local.
De producirse este crecimiento cero en los ingresos, los ayuntamientos y diputaciones se verán ante la disyuntiva de elaborar presupuestos deficitarios, reducir la prestación de servicios o incrementar la presión fiscal, con el consiguiente coste político. Según fuentes de la FEMP, si se mantiene la congelación, la mayoría de ayuntamientos optarán por endeudarse.
En opinión de José Domingo Gómez Castallo, secretario ge neral de la federación, "se podría llegar de aquí a unos años a la misma situación de déficit que antes de la ley de Saneamiento de las Haciendas Locales". Por esta ley, promulgada en diciembre de 1983, el Estado asumió el déficit de las corporaciones locales auditado hasta el 31 de diciembre de 1982, déficit que se cifró en unos 147.000 millones de pesetas.
Traslado del déficit
"A largo plazo", afirma Gómez Castallo, Ia medida del ministerio será inútil, pues crea un déficit en la administración local que es, al tiempo, un déficit del Estado también. Permanece, por tanto, el problema endémico del saneamiento de las haciendas locales". Este traslado del déficit es una de las principales preocupaciones para los dirigentes municipales.Según el secretario general de la FEMP, la medida del ministerio no supone un crecimiento cero, sino un efectivo descenso de ingresos, ya que el Estado no asume los gastos de personal de las corporaciones municipales ni las cargas financieras de los déficit anteriores.
Los gastos de personal suponen, en cualquier ayuntamiento, un porcentaje cercano al 40% del gasto total, y está previsto que para 1986 crezcan en un 6,5%. A ello hay que añadir el crecimiento, cercano a un 10%, de los gastos por servicios fijos, sobre los que no se puede hacer ningún tipo de disminución presupuestaria (alcantarillado, basuras, alumbrado, etcétera).
A la reunión asistieron, entre otros, los alcaldes de Pontevedra, José Rivas Fontán; Lérida, Antonio Siurana; Córdoba, Julio Anguita, y Móstoles, Bartolomé González.
También participaron el presidente de la Diputación de Palencia, Jesús Mañueco, y el presidente de la Diputación de Albacete, Juan Francisco Fernández.