Jueces de Italia, Francia y España poseen indicios de que servicios españoles organizan la 'guerra sucia' contra ETA

Una reservada red de jueces italianos, franceses y españoles, que están colaborando estrechamente e intercambiando información desde el pasado mes de junio sobre la guerra sucia contra ETA, tienen fundados indicios de que estos atentados son organizados y pagados por determinados servicios de información españoles, según ha sabido este periódico de fuentes próximas a los mismos.

Uno de los informes en poder de los magistrados, elaborado por la Comisaría General de Información española sobre Giusseppe Calzona, miembro de los GAL, afirma que éste participó junto con destacados neofascista...

Una reservada red de jueces italianos, franceses y españoles, que están colaborando estrechamente e intercambiando información desde el pasado mes de junio sobre la guerra sucia contra ETA, tienen fundados indicios de que estos atentados son organizados y pagados por determinados servicios de información españoles, según ha sabido este periódico de fuentes próximas a los mismos.

Uno de los informes en poder de los magistrados, elaborado por la Comisaría General de Información española sobre Giusseppe Calzona, miembro de los GAL, afirma que éste participó junto con destacados neofascistas italianos en atentados contra etarras en el sur de Francia. Calzona afirma que mantuvo estrechas relaciones con Jean Pierre Chérid, miembro del Batallón Vasco Español y de los GAL, muerto en marzo de 1984 en Biarritz al estallarle una bomba, y precisa que después de 1983, ya con los socialistas en el poder, conoció el hecho de que Chérid "estaba trabajando para algún servicio del Gobierno".Calzona relata en el informe su relación con los neofascistas italianos, comandados durante los primeros años de la transición por Steffano delle Chiae, y sus atentados contra etarras en el sur de Francia. Jueces italianos han afirmado a este periódico que estos miembros de la Internacional Negra colaboraban con servicios de información españoles.

Esta colaboración entre los magistrados de los tres países surgió y fue impulsada por comisiones rogatorias solicitadas por ellos en la investigación de diferentes procesos, y se ha posibilitado gracias a que la justicia italiana puede procesar a sus súbditos por delitos cometidos fuera de su país. Por este motivo, el juez Giovanni Salvi mantiene abierto en Roma el proceso número 1.215/84 contra los más importantes neofascistas italianos por participar en la guerra sucia contra ETA, desde la etapa franquista hasta ahora.

El juez de Florencia, Luigi Vigna, instructor del caso Occorsio, magistrado asesinado por neofascitas italianos con una metralleta Ingram de la policía española, confirmó a este periódico como resultado de algunas de sus investigaciones que, entre otros miembros de la Internacional Negra, Delle Chiae, Augusto Cauchi y Pier Luigi Concutelli, encarcelado en Italia por este asesinato, atentaron contra etarras en colaboración con determinados servicios españoles. En el caso de Concutelli, estas actividades se remontan hasta febrero de 1977, en que fue detenido en Roma por este asesinato.

Italia ha solicitado la extradición de estos neofascistas, pero la Audiencia Nacional española ha denegado tales pieticiones, aplicándoles la amnistía española y argumentando que se solicitaba por "motivos políticos".

En Francia, el juez de Bayona Gilbert Cousteau es el principal responsable de estas investigaciones y tiene indicios de la posible organización de estos atentados por servicios de información. españoles, según fuentes próximas al magistrado.

En España, algunos jueces también participan en esta "red judicial". El abogado Txerna Montero, acusador particular en el asesinato de Santiago Brouard, y Christian Fando, defensora de refugiados vascos y miembros de ETA en el sur de Francia, han mantenido diversas entrovistas con los magistrados que siguen estos sumarios.

Documentación española

Un informe de la sección interna de la Brigada de Información Exterior, dependiente de la Comisaría General de Información y fechado en el 20 de julio de 1984, relata minuciosamente el paso y las actividades del italiano Calzona por España. En el informe, éste reconoce que después de 1983, ya con los socialistas en el Gobierno, Chérid, miembro de los GAL muerto en marzo de 1984 en Biaritz al explotarle una bomba con la que pretendía atentar contra siete etarras, "estaba trabajando para algún servicio del Gobierno".

La familia de Chérid ya afirmó a este periódico que trabajaba para la policía española desde 1977 y que había solicitado una indemnización al Ministerio del Interior español -ver EL PAIS de 22 de junio de 1984- En aquella ocasión, un portavoz del ministerio del Interior negó que Chérid o los GAL tuvieran relación alguna con el departamento. Chérid participó en 1978 en el atentado que costó la vida en Anglet (Francia) al dirigente etarra José Miguel Beñarán Ordellana, Argala, el cerebro del atentado contra Carrero Blanco. Sus familiares aseguraron que Chérid dependía últimamente de la Guardia Civil.

En el folio tercero del citado informe se dice que "cuando es preguntado por sobre quién le proporcionaba las armas, a quién las entregaba, dónde y cuándo hacía las entregas, siempre contesta con evasivas o guarda el más absoluto silencio sobre este extremo".

El último párrafo del informe recoge textualmente: "Dice poseer un informe, depositado en poder de otra persona, no dice quién es, aunque le maten (según expresión suya), en el que guarda un documento de identidad español y dos pasaportes, también españoles, que le fueron facilitados por sus distintas pasadas a Francia. Dice también que guarda en el mismo documentos calificados por él de muy importantes".

Calzona fue detenido el 17 de julio de 1984 con fines de extradición y fue puesto en libertad por la Audiencia Nacional en enero de 1985.