Reticencias del Grupo Popular a la ley de Aguas que serán debatida por el Senado

La Ley de Aguas pasará a ser debatida en el Senado, después de haberla aprobado ayer el Pleno del Congreso con serias reservas del Grupo Popular y las minorías nacionalistas. Las aguas, tanto superficiales como subterráneas, serán de dominio público tras la entrada en vigor de esta ley. El Grupo Popular mostró su disconformidad con este principio por entender que deben existir excepciones, dado su convencimiento de que la estatalización de las aguas, dará lugar a cierta desidia que entrañará la no realización de prospecciones ni de inversiones para mantener los actuales pozos. Las m...

La Ley de Aguas pasará a ser debatida en el Senado, después de haberla aprobado ayer el Pleno del Congreso con serias reservas del Grupo Popular y las minorías nacionalistas. Las aguas, tanto superficiales como subterráneas, serán de dominio público tras la entrada en vigor de esta ley. El Grupo Popular mostró su disconformidad con este principio por entender que deben existir excepciones, dado su convencimiento de que la estatalización de las aguas, dará lugar a cierta desidia que entrañará la no realización de prospecciones ni de inversiones para mantener los actuales pozos. Las minorías nacionalistas estiman que esta ley vulnera las competencias en materia de aguas de sus respectivos estatutos.

A esta queja de los nacionalistas se unieron los diputados canarios del Grupo Popular, quienes consideran que dadas las carencias de agua de su isla reclaman su propia regulación. Los socialistas se opusieron en parte a esta autonomía isleña, guardándose para el Estado todo lo que haga referencia al Código Civil.

Desaparece con esta ley el uso privado de las aguas al que sólo se podrá acceder por el sistema de concesión administrativa, que siempre estará sujeta a eventuales expropiaciones forzosas. Para tales concesiones se observará un orden de preferencia, según sea la utilización que se le vaya a dar y se sitúan en último término los usos industriales para producción de energía eléctrica. En primer término cualquier prioridad queda supeditada al plan hidrológico de la cuenca correspondiente y después se atenderá el abastecimiento a poblaciones y los regadíos y usos agrarios.

A largo plazo

Los actuales propietarios de pozos o manantiales, así como los titulares de aprovechamientos de aguas públicas en virtud de concesión administrativa, seguirán en la misma situación durante 75 años, por lo que los efectos de la nacionalización no se harán sentir a corto plazo. Asimismo el régimen de los titulares de algún derecho sobre aguas privadas procedentes de manantiales será respetado en los próximos 50 años.Hipólito Gómez de las Roces, portavoz del Grupo Popular en esta ley, se lamentó al término del debate que los socialistas no hubieran negociado ningún punto básico de la misma. Además del rechazo global al concepto nacionalizador de las aguas, este diputado se quejó de que no existan excepciones a la propiedad pública de las aguas y acusó al Ejecutivo de no respetar las competencias de las comunidades autónomas en esta materia.

El ministro de Obras Públicas y Urbanismo, Julián Campo, cerró el debate de ayer, en defensa de esta ley criticada por la oposición. Campo dijo que es consciente de las dificultades que hay para mantener un equilibrio entre los intereses generales de la sociedad y los particulares, para concluir que con esta ley se alcanzaba. El ministro rehuyó en todo momento hablar de nacionalización y justificó el paso de todas las aguas al control estatal "como una adecuación a la realidad actual".