"Personalmente no recibí presiones para destituir al fiscal Emilio Valerio", asegura Burón Barba

El fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón Barba, afirmó ayer que "personalmente" no ha recibido presiones del Gobierno para destituir al fiscal Emilio Valerio Martínez de Muniáin en el caso por el asesinato de Santiago Brouard. El fiscal general compareció ayer en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso para dar cuenta de las auditorías que el Gobierno socialista le ha remitido. Ni las 80 auditorías de infarto, que dijo el presidente del Gobierno el pasado mes de febrero, ni las 19 que mencionó posteriormente el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, obran en poder del fiscal, ...

El fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón Barba, afirmó ayer que "personalmente" no ha recibido presiones del Gobierno para destituir al fiscal Emilio Valerio Martínez de Muniáin en el caso por el asesinato de Santiago Brouard. El fiscal general compareció ayer en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso para dar cuenta de las auditorías que el Gobierno socialista le ha remitido. Ni las 80 auditorías de infarto, que dijo el presidente del Gobierno el pasado mes de febrero, ni las 19 que mencionó posteriormente el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, obran en poder del fiscal, según aclaró Burón Barba.

El diputado comunista Fernando Pérez Royo preguntó a Burón Barba, en relación con el caso Brouard, sobre las diferencias registradas entre las declaraciones de los ministros del Interior, José Barrionuevo, y de Justicia, Fernando Ledesma, en la vista de la demanda contra EL PAIS. Burón no entró a valorar estas divergencias entre ministros e insistió en aclarar que él no había recibido presiones del Gobierno."Personalmente", precisó, "no he recibido ninguna presión", dijo Burón, para, a renglón seguido, recordar que quien había llevado el caso, en funciones, era el fiscal Cándido Conde Pumpido. Burón Barba estaba ausente de Madrid en aquellos días. "No ha habido en la fiscalía", añadió Burón, "ninguna idea de cortar líneas de investigación y no se ha dado un relevo ni voluntario ni forzado, en realidad voluntario, porque el fiscal Valerio no acató el principio de sometimiento al jefe", aclaró Burón.

En el capítulo referido a las auditorías, presuntamente de infarto según el Gobierno, el fiscal general del Estado aportó otras nuevas cifras para mayor confusión: 21 recibidas directamente del Ejecutivo y 25 a través del Tribunal de Cuentas; sólo existen diligencias en 15, entre las que cuatro han dado lugar a procesamientos.

Burón Barba se refirió a Banca Catalana como el único caso en que en rigor puede hablarse de auditoría; al resto las denominó "denuncias". Las explicaciones sobre el sumario de Banca Catalana le dieron pie para reflejar "las fricciones" que se producían entre el juez instructor del caso y la fiscalía, causa en parte del retraso en la investigación.

"El juez instructor", añadió, "es un magistrado y tiene hábitos de los procesos civiles, lo que hace que haya divergencias en la admisión de las diligencias que la fiscalía propone y que al instructor no le parecen oportunas", dijo Burón, tras aclarar que siempre que la fiscalía recurre estas decisiones denegatorias del juez suele salir triunfante.

Delitos económicos

El fiscal general del Estado por este mismo caso transmitió su preocupación por la escasa sensibilidad que se tiene sobre la gravedad de los delitos económicos, por lo que alerta permanentemente a los fiscales. "Los delitos económicos son un cáncer, y yo advierto que no deben tomarse actitudes de neutralidad sospechosa que puede dar lugar a negociaciones", finalizó Burón. Menos explícitas fueron sus palabras respecto a la cuestión para la que había sido llamado, cuál era el número y contenido de las auditorías que el Gobierno socialista le había remitido, petición realizada por Minoría Catalana.

La exposición de Burón indujo al diputado solicitante, Josep María Trias de Bes, a afirmar que se encontraba "perplejo", y entre otras cosas rogó al fiscal que repitiera los datos, no sin antes manifestar las discrepancias en los.números que se apreciaban entre sus cifras, las del presidente del Gobierno y las del ministro de Justicia.

El fiscal reafirmó sus cifras sin comentar las de los demás. Según indicó, ha recibido 21 auditorías directamente y 25 a través del Tribunal de Cuentas. Existen diligencias respecto a 15, y de cuatro de ellas se han derivado procesamientos penales: Caja Rural de Palencia, aeropuerto de Málaga -procesado el administrador, que se encuentra en rebeldía-, Agropalentina Mutua de Seguros y Escuela de Organización Industrial.

El fiscal general del Estado manifestó también que se han archivado al no encontrar materia delictiva las correspondientes a la Federación de Fútbol, el Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA) y el Fondo de Ordenación y Regulación de Precios y Productos Agrarios (FORPPA).