Absuelto por falta de pruebas un presunto miembro de ETA entregado por Francia
El presunto miembro de ETA Militar José Manuel Sánchez Beiztegui, que fue entregado por las autoridades francesas para que fuera juzgado por diversos hechos terroristas, y por los que el fiscal solicitó el pasado lunes un total de 118 años de prisión, fue absuelto ayer y puesto en libertad, según confirmaron fuentes de la Audiencia Nacional. La sentencia será hecha pública hoy, después de que se notifique al fiscal y a las partes.
Sánchez Beiztegui estaba acusado de formar parte de un comando de ETA, que el 25 de agosto de 1978, tras el robo de un coche a punta de pistola, ametralló el ...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
El presunto miembro de ETA Militar José Manuel Sánchez Beiztegui, que fue entregado por las autoridades francesas para que fuera juzgado por diversos hechos terroristas, y por los que el fiscal solicitó el pasado lunes un total de 118 años de prisión, fue absuelto ayer y puesto en libertad, según confirmaron fuentes de la Audiencia Nacional. La sentencia será hecha pública hoy, después de que se notifique al fiscal y a las partes.
Sánchez Beiztegui estaba acusado de formar parte de un comando de ETA, que el 25 de agosto de 1978, tras el robo de un coche a punta de pistola, ametralló el cuartel de la Policía Nacional en Vitoria. El rebote de uno de los disparos efectuados causó la muerte de una persona, José García Gestiain, que pasaba cerca del lugar de los hechos. Igualmente está acusado de la colocación de una trampa bomba en una carretera, a 7 kilómetros de Vitoria, que al hacer explosión causó la muerte de un artificiero de la Policía Nacional, graves heridas a otros dos policías nacionales, que han quedado ciegos, y a un inspector del Cuerpo Superior de Policía.La absolución se ha producido por falta de pruebas, ya que la acusación del fiscal estaba basada en el testimonio ante la policía de José Luis Gómez San Pedro que inculpaba a Beiztegui. Gómez era integrante del comando que ametralló el cuartel y fue condenado a seis años de prisión por su responsabilidad en el ametrallamiento, condena que ya ha cumplido. En sus declaraciones ante la policía, Gómez había asegurado que Sánchez Beiztegui había participado en el atentado. Esta declaración fue ratificada en un primer momento ante el juez que instruyó el sumario, pero fue desmentida posteriormente.
En el juicio, Gómez declaró que él sí perteneció a un comando de ETA, pero que Sánchez-Beiztegui no formaba parte del mismo y no intervino en el atentado. Añadió que la razón por la que le implicó en los hechos fue porque en comisaría fue torturado para que así lo hiciera. La otra prueba presentada por el fiscal, que fueron tres policías que ya testificaron en el juicio celebrado contra Gómez, afirmaron que no recordaban los detalles del caso debido al tiempo transcurrido y se remitieron a lo que dijeron en aquella ocasión, que debe de constar en el sumario.
La defensa presentó en el juicio a dos miembros de la fanfarria a la que pertenecía Martínez Beiztegui, quienes manifestaron que el día en que ocurrió el ametrallamiento del cuartel de la Policía en Vitoria, él se encontraba con la fanfarria, de la que era tesorero, en las fiestas de Oyón (Álava). Ante estos hechos la Audiencia Nacional ha decidido absolverle por falta de pruebas.
Extradición
Sánchez Beiztegui, junto con José Carlos García Ramírez y Francisco Javier Lujambio, fueron los primeros tres presuntos miembros de ETA Militar cuya extradición fue concedida por las autoridades francesas para que fueran juzgados por supuestos delitos cometidos en territorio español. García y Lujambio fueron juzgados el martes y miércoles pasado, y las sentencias se conocerán en los próximos días.Otros cuatro presuntos miembros de la organización, Francisco Javier Alberdi, Ángel Castrillo, José Miguel Galdós y Luciano Eizaguirre, fueron deportados a Togo. Los juicios de extradición se celebraron en el juzgado de Pau que se mostró favorable a la petición española. El tribunal de casación de París ratificó la decisión de Pau y el Gobierno francés, el 23 de septiembre de 1984, anunció las medidas adoptadas. La decisión fue considerada como un cambio en la política francesa y fue explicada por el entonces portavoz del Gobierno de París, Roland Dumas, diciendo que las realidades políticas no son lo mismo que la doctrina.