Los estibadores exigen seguir vinculados laboralmente al Ministerio de Trabajo

Los estibadores portuarios, aproximadamente unos 10.000 en todo el territorio nacional, comienzan hoy una huelga contra la propuesta de la Administación de privatizar la actividad portuaria, hoy gestionada a través de la Organización de Trabajos Portuarios (OTP) organismo autónomo del Ministerio de Trabajo. Los paros, que podrían paralizar la actividad portuaria, han sido convocados por la mayor parte de los sindicatos representados en el sector. CC OO, Intersindical Nacional de Trabajadores Gallegos (INTG), UGT, CNT y la Coordinadora de Estibadores.

Las centrales sindicales con repres...

Los estibadores portuarios, aproximadamente unos 10.000 en todo el territorio nacional, comienzan hoy una huelga contra la propuesta de la Administación de privatizar la actividad portuaria, hoy gestionada a través de la Organización de Trabajos Portuarios (OTP) organismo autónomo del Ministerio de Trabajo. Los paros, que podrían paralizar la actividad portuaria, han sido convocados por la mayor parte de los sindicatos representados en el sector. CC OO, Intersindical Nacional de Trabajadores Gallegos (INTG), UGT, CNT y la Coordinadora de Estibadores.

Las centrales sindicales con representación en los puertos españoles han convocado huelga en el sector que comenzará hoy y se repetirá el próximo día 23 y el 3 de mayo. Las acciones, dado el fuerte control que las organizaciones sindicales tienen en los puertos pueden paralizar el tráfico marítimo de mercancías. Las razones de la convocatoria arrancan del anuncio efectuado por Trabajo de privatizar los trabajos portuarios.El Ministerio de Trabajo ha propuesto que sea una corporación de empresas portuarias la que se encargue de gestionar y administrar los trabajos portuarios. Con ello, desaparecería la OTP y el Ministerio de Trabajo perdería cualquier vinculación con los estibadores.

Relaciones peculiares

Los poco más de 10.000 trabajadores que componen el censo de estibadores forman un colectivo de características muy peculiares. Sus relaciones laborales poco claras han hecho que gocen de privilegios que otros grupos de trabajadores no han soñado con tener. Entre estos privilegios se encuentra un sistema de desempleo que les garantiza (haya o no trabajo) la percepción de un salario que ronda las 3.000 pesetas diarias.

Dado el escaso nivel de ocupación en los puertos -actualmente está en torno al 57%-, los pagos por desempleo resultan cuantiosos. Durante el pasado año, cada estibador cobró por este concepto una media de 270.000 pesetas. Y según la auditoría realizada por la Intervención General del Estado, el salario medio de los trabajadores portuarios pasó de 992.000 pesetas en 1981 a 1.178.565 pesetas en 1982, y a 1.312.948 en 1983, lo que supone incrementos respectivos del 19% y del 11 %. Sin embargo, si a estas percepciones se le añaden las indemnizaciones por desempleo parcial y enfermedad, y los llamados empleos con sueldo, las percepciones medias por trabajador se elevan a 1.178.820 pesetas, 1.442.036 y 1.652.229 pesetas, durante 1981, 1982 y 1983.

únicamente los trabajadores inscritos en el censo tienen derecho a trabajar en las tareas de carga y descarga. Y dado el fuerte índice de desempleo de los últimos años, la entrada en el censo se ha congelado.

Los sindicatos convocantes de la huelga desean seguir dependiendo laboralmente del Ministerio de Trabajo, y, en distintas ocasiones, han solicitado incluso que se reformara el actual sistema para buscar una funcionarización aún mayor.

La propuesta de Trabajo, por el contrario, es dejar la administración en manos privadas, obligando a las empresas a tener una plantilla mínima y siendo la corporación quien se hiciera cargo de las obligaciones económicas y sociales de los trabajadores. El Estado intervendría únicamente en el establecimiento del censo y a través de los ministerios -Obras Públicas, Defensa, Transportes- con competencias en los puertos.

El proyecto de Trabajo ha sido rechazado hasta ahora tanto por los propios estibadores como por las empresas. Los primeros por entender que el carácter de servicio público de las tareas portuarias exige una dependencia total de la Administración, y las segundas porque, a su juicio, Trabajo deja caer sobre las espaldas de las empresas obligaciones económicas que califican de desorbitadas. Los empresarios piden que se establezca un período transitorio, antes de la privatización total, en el que convivan la gestión administrativa de la OTP y la relación laboral con la corporación.