Ruiz-Giménez consulta a un grupo de expertos si presenta un recurso contra la ley Antiterrorista

El Defensor del Pueblo convocó ayer a una docena de juristas para "profundizar con la máxima objetividad en el análisis de la compleja cuestión" de la presentación o no del recurso de inconstitucionalidad contra la denominada ley Antiterrorista, según la misiva enviada a cada uno de ellos. Ante las dudas en que se encuentra sumido por la demanda de sectores jurídicos progresistas para que recurra la citada ley ante el Tribunal Constitucional, Ruiz-Giménez debatió ayer con las personalidades convocadas al efecto sobre la conveniencia o no de tomar una iniciativa que inquieta seriamente al Gobie...

El Defensor del Pueblo convocó ayer a una docena de juristas para "profundizar con la máxima objetividad en el análisis de la compleja cuestión" de la presentación o no del recurso de inconstitucionalidad contra la denominada ley Antiterrorista, según la misiva enviada a cada uno de ellos. Ante las dudas en que se encuentra sumido por la demanda de sectores jurídicos progresistas para que recurra la citada ley ante el Tribunal Constitucional, Ruiz-Giménez debatió ayer con las personalidades convocadas al efecto sobre la conveniencia o no de tomar una iniciativa que inquieta seriamente al Gobierno.

La Asociación Pro Derechos Humanos de España, el Grupo de Abogados Jóvenes de Madrid y el Colegio de Abogados de Barcelona solicitaron en su día que el Defensor del Pueblo planteara un recurso de inconstitucionalidad contra la ley Antiterrorista, fundamentalmente porque habilita a la autoridad gubernativa para prolongar hasta 10 días la incomunicación de los detenidos, sin control judicial efectivo. Otra de las objeciones a la constitucionalidad de la ley es la posibilidad de cierre provisional automático de un medio de comunicación social si el juez admite la querella del fiscal.Las dudas iniciales llevaron al Defensor del Pueblo a solicitar un informe del área de justicia de su oficina, cuya responsable, María Ángeles Huet, aseguró ayer que no había sido entregado todavía al titular de la institución. Por lo demás, se negó a expresar su opinión personal sobre la constitucionalidad o no de la ley. Esta misma negativa fue dada por otros. cargos de la oficina del Defensor del Pueblo, mientras que no fue posible obtener la opinión directa de Ruiz-Giménez o del adjunto primero, Álvaro Gil Robles. Un portavoz oficial justificó este hermetismo, que afecta a las opiniones meramente personales de quienes trabajan con el Defensor del Pueblo, porque "no hay opinión constituida en la casa".

Sin embargo, dentro de "la casa" las opiniones están divididas y ésta es una de las razones de que se haya recurrido a la opinión exterior. Frente a quienes se hacen eco de la preocupación manifestada por el Gobierno ante la posibilidad de que se tormule el recurso, otros consideran que es conveniente que el Tribunal Constitucional ofrezca una opinión definitiva sobre la polémica ley.

Entre los que abogan por la constitucionalidad de la ley se destaca la habilidad con que está elaborada. "Parece redactada por un genio, porque en los aspectos que afectan a la Constitución ofrece dificilmente bases para un recurso, mientras que en otros aspectos jurídicos extraconstitucionales, como la cuantía de las penas o las medidas cautelares, se ha actuado con más manga ancha", afirmó una de estas fuentes.

Un vivo debate interno

La preocupación de este periódico por conocer detalles sobre los miembros de la oficina del Defensor del Pueblo convocados a la reunión fue considerada por un alto funcionario de la institución como "carente de interés". Sin embargo, el debate interno sobre la presentación o no del recurso está siendo muy vivo y promete ser más duro cuando se acerque el 3 de abril próximo, fecha en que acaba el plazo. Finalmente, según una nota interior, a la reunión de ayer fueron convocados por Ruiz-Giménez los siguientes miembros de su oficina: el adjunto primero de la institución, Álvaro Gil Robles; la adjunta segunda, Margarita Retuerto; el secretario general, Francisco González Bueno; el jefe del gabinete de estudios, Eugenio Nasarre; el asesor jefe del gabinete, José Luis López de la Cuesta, y los responsables de las áreas de justicia, María Ángeles Huet, y de defensa e interior, Manuel Chacón.En cuanto a los convocados externos a la oficina, fuentes del despacho del Defensor del Pueblo aseguraron que no es la primera vez que Ruiz-Giménez consulta con personas ajenas a la casa, "porque él tiene muchos amigos juristas, pero nunca", añadieron, " se le había dado tanto bombo y platillo". Para contrarrestar esta expectación, el propio Ruiz-Giménez se negó ayer a que las cámaras de TVE tomaran imágenes de la reunión, a la que calificó de "seminario de estudios". Ruiz Giménez reconoció que la lista de convocados es "incompleta" y anunció la próxima convocatoria de otros juristas.

La citación para la reunión de ayer fue personal e intransferible, y de ahí que la magistrada Manuela Carmena, que no asistió, no fuera sustituida por nadie, a pesar de que ella misma -actualmente titular de un juzgado civil- propuso que se invitara en su lugar a un juez penal, en concreto a Jesús Fernández Entralgo, Jesús Peces Morate o Joaquín Navarro Estevan, todos ellos miembros, como ella misma, de la asociación Jueces para la Democracia, favorable a la presentación del recurso.

Los 12 invitados de ayer -de los que sólo iniciaron la reunión nueve, aunque alguno, como José María Stampa, avisó que se sumaría a la cena subsiguiente- fueron convocados por la plana mayor de la institución. "Deseamos oir, con carácter personal y reservado, la' siempre valiosa opinión de un reducido número de juristas", explicaba Ruiz-Giménez a cada uno de los convocados, "por encima de sus muy legítimas ideologías y adscripciones políticas". Al comienzo de la reunión estaba también ausente Horacio Oliva.