España firma en el primer día del plazo la Convención de la ONU contra la Tortura

España firmó ayer, en Nueva York, la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, concluida por la Comisión de Derechos Humanos tras un laborioso proceso iniciado en 1977. El Gobierno español, que ha sido acusado por organizaciones como Amnistía Internacional por la persistencia de casos de tortura, ha querido suscribir la convención el primer día en que se ha abierto la firma de la misma, para demostrar su compromiso de acabar con estas prácticas ilegales. La firma fue estampada por Emilio Artacho, representante permanente adjunto de España ante la ONU.La convención crea un Comité con...

España firmó ayer, en Nueva York, la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, concluida por la Comisión de Derechos Humanos tras un laborioso proceso iniciado en 1977. El Gobierno español, que ha sido acusado por organizaciones como Amnistía Internacional por la persistencia de casos de tortura, ha querido suscribir la convención el primer día en que se ha abierto la firma de la misma, para demostrar su compromiso de acabar con estas prácticas ilegales. La firma fue estampada por Emilio Artacho, representante permanente adjunto de España ante la ONU.La convención crea un Comité contra la Tortura encargado de examinar los informes periódicos que los Estados firmantes deberán presentar sobre el cumplimiento de las disposiciones del acuerdo. Si el citado comité recibe información razonable de que en algún Estado se practican torturas pedirá al mismo que presente sus observaciones y podrá investigar sobre el terreno los datos referentes a las supuestas torturas. El comité podrá hacer un informe anual a la Asamblea General de la ONU con los casos de tortura demostrados en sus investigaciones.

Esta posibilidad de control y denuncia ha hecho que los países del Este y algunos del Tercer Mundo hayan puesto dificultades para concluir la convención, que ha sido apoyada por todos los occidentales. Para lograr el máximo consenso, el artículo 28 de la convención establece, sin embargo, que todo Estado puede declarar, aun firmando el pacto, que no reconoce la competencia del comité investigador de torturas. España no hace esta reserva y admite la posibilidad de ser investigada.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura tendrá en España, una vez ratificada por las Cortes, la misma fuerza jurídica que la legislación interna.