El rechazo de un acuerdo sobre reventa de material propició las trabas de Reagan a las exportaciones a España

La negativa del Gobierno español a adherirse al Comité de Coordinación de Exportaciones (C0COM) -organismo para el control de las tecnologías de doble uso (civil y militar) que tiene su sede en París y al que pertenecen Estados -Unidos y la mayor parte de los países del Occidente europeo propiciado la decisión de Ronald Reagan de someter a la previa autorización del Pentágono las transferencias de alta tecnología norteamericana a España. Washington quiere que España suscriba un acuerdo de control de tecnologías.

Fuentes de la Administración y del empresariado español no se mostraron...

La negativa del Gobierno español a adherirse al Comité de Coordinación de Exportaciones (C0COM) -organismo para el control de las tecnologías de doble uso (civil y militar) que tiene su sede en París y al que pertenecen Estados -Unidos y la mayor parte de los países del Occidente europeo propiciado la decisión de Ronald Reagan de someter a la previa autorización del Pentágono las transferencias de alta tecnología norteamericana a España. Washington quiere que España suscriba un acuerdo de control de tecnologías.

Fuentes de la Administración y del empresariado español no se mostraron sorprendidas, ya que en los últimos años y, especialmente, desde la llegada a Madrid de un alto funcionario de la Casa Blanca, a primeros de junio pasado, las presiones de Washington para que España se adhiera al COCOM o suscriba un acuerdo bilateral sobre control de las tecnologías de doble uso no han cesado (ver EL PAIS del jueves 24 de mayo). Estados Unidos había acusado a España de reexportar a Irán material militar de origen norteamericano. Un portavoz de la Embajada de Estado Unidos ha confirmado que desde hace tiempo su Gobierno viene instando a las autoridades españolas para la firma de un acuer do sobre todas estas materias.La decisión del presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, de atribuir al Pentágono la revisión e incluso la prohibición, si lo cree conveniente, de todas las licencias de exportación de material norteamericano de alta tecnología a 15 países (entre ellos, España) para que no pueda ser reexportado a la Unión Soviética o a otros países del Este, fue revelada el sábado por el diario The Washington Post (véase EL PAIS del domingo). Los ministerios de Asuntos Exteriores, Economía y Hacienda (del que depende Comercio) e Industria y Energía conocieron la decisión por el periódico, ya que ni ellos ni la Embajada de EE UU habían recibido ninguna comunicación.

Julio González, director general de la patronal de industrias electrónicas e informáticas (ANIEL), indicó que desde hace meses el consejero comercial de la Embajada de Estados Unidos, John Perkins, está manteniendo conversaciones con las autoridades españolas para la firma de un acuerdo de control de las tecnologías de doble uso. La citada patronal acordó en noviembre tomar en consideración las sugerencias de Perkins y elaborar un informe favorable al establecimiento de un tratado hispano-estadounidense. Según esta patronal, las restricciones tecnológicas no van a afectar o no deben afectar a la industria española, ya que, de hecho, se están respetando las cláusulas de salvaguarda a la hora de exportar a terceros países. El problema, según Julio González, se plantea con multitud de pequeñas firmas de importación y exportación (de las que la Embajada ha elaborado una lista que ha facilitado a Asuntos Exteriores), que importan subconjuntos para ordenadores, fundamentalmente, y los venden a países del Este. Son empresas que aparecen hoy y desaparecen en tres meses.

Joan Matjó, director general de Informática y Electrónica, indicó que los problemas que habían surgido con EE UU eran mínimos y concretos, y que las negociaciones sobre control de tecnologías corresponden a Asuntos Exteriores. El secretario general de Comercio, Guillermo de la Dehesa, indicó que habría que aguardar a la comunicación oficial de las restricciones para valorar su influencia y adoptar una postura oficial. Defensa, por su parte, aseguró que la decisión no afecta a la industria militar.