Descubierto de más de 36 millones en la recaudación municipal de Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba ha enviado al fiscal de la Audiencia Provincial un informe interno de la intervención que constata un descubierto sin justificar de 36 millones de pesetas, más la falta de otros 24 millones cobrados ilegalmente a cuenta a los contribuyentes en la oficina del recaudador municipal Antonio Llinares Ibáñez. El gobierno municipal entiende que existen "indicios racionales de que la conducta de éste puede ser constitutiva de delito".En concreto, el informe fija en 36.393.000 pesetas la diferencia no justificada entre los recibos ordenados por el Ayuntamiento y los que exist...

El Ayuntamiento de Córdoba ha enviado al fiscal de la Audiencia Provincial un informe interno de la intervención que constata un descubierto sin justificar de 36 millones de pesetas, más la falta de otros 24 millones cobrados ilegalmente a cuenta a los contribuyentes en la oficina del recaudador municipal Antonio Llinares Ibáñez. El gobierno municipal entiende que existen "indicios racionales de que la conducta de éste puede ser constitutiva de delito".En concreto, el informe fija en 36.393.000 pesetas la diferencia no justificada entre los recibos ordenados por el Ayuntamiento y los que existen en la citada oficina de recaudación correspondientes a 1984. Junto a esta cantidad, se citan también otros 17,3 millones de pesetas en valores prescritos correspondientes a 1983 que, como deuda legal, ya han sido cobrados por la Hacienda local, y una tercera irregularidad, cuantificada en 23.846.000 pesetas, recibidas -según dicho informe- por Antonio Llinares y no tramitados legalmente. Al parecer, en lo que se refiere a este último capítulo, el recaudador aceptaba irregularmente cantidades a cuenta que no han sido ingresadas en las arcas municipales y que tampoco han supuesto para los contribuyentes la obtención del recibo legal de pago.

Estos datos son el resultado de la inspección extraordinaria que, tras las primeras sospechas sobre posibles irregularidades, la intervención inició el pasado 8 de agosto. El día 24 del mismo mes el Ayuntamiento decidió, como medida precautoria, suspender en sus funciones al recaudador, que es militante comunista.

El delegado municipal de Hacienda, Juan José Giner, ha asegurado, no obstante, que la reparación de las cantidades citadas no recaerá sobre el contribuyente cordobés, ya que, en principio, los avales bancarios y la hipoteca sobre bienes inmuebles firmados por el propio recaudador ascienden a 43 millones.