INVERSIONESFINANCIACIÓN

Plazos caros, comida de pobres

Las entidades financieras tienen fama de cobrar caros sus servicios, aunque son útiles en determinados casos

Los consumidores españoles no suelen pensar en las financieras más que a la hora de adquirir un automóvil. Ésa es una actitud muy comprensible, ya que facilitar las ventas de coches supone casi la mitad del total de la actividad de las entidades de financiación, concretamente 93 empresas, frente a 45 que trabajan en el descuento de efectos o 25 en los bienes de equipo.Pero, en muchas ocasiones, la venta a plazos de otros artículos de consumo también pasa inevitablemente por la utilización de los servicios de estas empresas, aunque el comprador apenas se dé cuenta de ello, ya que los vendedores...

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Los consumidores españoles no suelen pensar en las financieras más que a la hora de adquirir un automóvil. Ésa es una actitud muy comprensible, ya que facilitar las ventas de coches supone casi la mitad del total de la actividad de las entidades de financiación, concretamente 93 empresas, frente a 45 que trabajan en el descuento de efectos o 25 en los bienes de equipo.Pero, en muchas ocasiones, la venta a plazos de otros artículos de consumo también pasa inevitablemente por la utilización de los servicios de estas empresas, aunque el comprador apenas se dé cuenta de ello, ya que los vendedores se ocupan directamente de resolver los escasos problemas burocráticos con la financiera.

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De una manera consciente, sin embargo, el consumidor siente cierta prevención a la hora de acudir a las financieras. El recuerdo de los abusos cometidos hasta 1965, año en que se publica la ley de Ventas a Plazos, que regula esta actividad, continúa pesando en la imagen de estas entidades, que tienen fama casi universal de prestar sus servicios con un alto coste monetario.

Usualmente se compara el coste de un crédito bancario con el precio de una financiera. Y realmente el balance casi siempre se salda en favor del primero. Muchas veces sin embargo, sería conveniente, o absolutamente necesario, acudir a los servicios de estas compañías.

No es tan fácil, para muchas personas, acceder a un crédito bancario. Las garantías que suelen pedir los bancos o cajas de ahorro pueden resultar una barrera infranqueable, especialmente en el caso de aquellos jóvenes que no disponen aún de un patrimonio o que no cuentan con años de permanencia en un mismo empleo.

Al mismo tiempo, la rapidez en la concesión de estos préstamos puede ser un elemento esencial en un momento determinado. Los trámites bancarios, en líneas generales, son relativamente lentos, aunque en estos últimos tiempos la competencia está obrando maravillas respecto a la brevedad en la concesión.

Finalmente, no hay que perder de vista que el crédito bancario se efectúa contra una garantía -un piso, por ejemplo-, por lo que en caso de no recibir los pagos el prestamista puede solicitar incluso el embargo del bien en cuestión. Prueba de ello es que los bancos, a la hora de conceder un préstamo personal, no están interesados en conocer cómo va a ser empleado el dinero.

Haber, hay virtudes

Las virtudes de las financieras se centran en ofrecer aquello que no dan los bancos. La concesión de sus servicios suele realizarse de un día para otro y la única garantía solicitada abarca al bien que se va a adquirir, por lo que en caso de impago de las letras o recibos mensuales, será éste el que resulte embargado.

Las reglas de juego de las financieras, obviamente, encarecen el coste de sus servicios, ya que el nivel de riesgos aumenta. Además, ellas parten de un dinero ya caro, puesto que deben recurrir muchas veces a los bancos para desarrollar sus actividades, a través del descuento de letras. En la actualidad estas empresas recurren cada vez más al mercado interbancario, a los pagarés y a otro tipo de activos financieros que les permiten abaratar su dinero y, en consecuencia, rebajar el coste de la financiación que ofrecen a su vez.

Uno de los peligros que acechan el potencial usuario de las financieras en caer en manos de alguna entidad pirata, es decir, no registrada en la Dirección General de Política Financiera, y que, por consiguiente, trabaja fuera de los límites establecidos por la Administración.

Y es que las actividades de las financieras están bastante bien reglamentadas. Desde el capital necesario para su constitución (300 millones para las de ámbito nacional, 150 millones para las que actúan en Madrid y Barcelona y 50 millones para las provinciales) hasta la información sobre su balance, que deben entregar al Banco de España, o los desembolsos iniciales mínimos y los períodos máximos de aplazamiento (véase cuadro adjunto) de pago para los distintos artículos.

Actualmente existen 214 empresas, que se agrupan en la Asociación Española de Entidades de Financiación (Asnef), lo que viene a suponer un descenso del 13,7% respecto a aquellas que funcionaban un año atrás.

El descenso del número de empresas define la crisis que atraviesa el sector, que soporta una competencia desleal por parte de compañías sin registrar y que, por lo general, son aquellas que se aprovechan de la situación para continuar con prácticas abusivas.

Jarabe de palo

Los recursos de las entidades agrupadas en Asnef se sitúan en 36.200 millones de pesetas, lo que representa un incremento del 26,3%. respecto a 1983. Este hecho define una de las características del sector: al mismo tiempo que disminuye el número de entidades que operan en él, aumenta la cifra de sus recursos.

También algunas de las financieras que se situan en la legalidad, sin embargo, han dado motivos para ser sancionadas por la Administración, y ocho empresas han sido eliminadas del registro oficial, mientras que otras 120 han sido objeto de expedientes por no cumplir su deber de información con la correspondiente autoridad monetaria.

Otras financieras, especializadas en los bienes de equipo y que, según la ley de Bases del Crédito y la Banca, tenían derecho al redescuento automático en el Banco de España, primero, y a los coeficientes de inversión, después, pueden desaparecer si se lleva adelante la nueva legislación que ha sido presentada al Parlamento.

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