La Asociación Pro Derechos Humanos afirma, en su 'informe 1984' que en España persiste la tortura

La Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) hará pública hoy su petición al Defensor del Pueblo para que presente recurso de inconstitucionalidad contra la ley Antiterrorista. Este anuncio se producirá en la presentación de su Informe 1984. En él, la asociación hace recomendaciones a los poderes públicos para erradicar la tortura, cuya pervivencia en España resulta especialmente preocupante, en opinión de la APDEI, dentro del deterioro general de algunas libertades. La APDH denuncia también el despegue producido en 1984 en las inversiones para armamento.

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La Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) hará pública hoy su petición al Defensor del Pueblo para que presente recurso de inconstitucionalidad contra la ley Antiterrorista. Este anuncio se producirá en la presentación de su Informe 1984. En él, la asociación hace recomendaciones a los poderes públicos para erradicar la tortura, cuya pervivencia en España resulta especialmente preocupante, en opinión de la APDEI, dentro del deterioro general de algunas libertades. La APDH denuncia también el despegue producido en 1984 en las inversiones para armamento.

, Las denuncias recibidas y las investigaciones realizadas a lo largo del año sobre el tratamiento institucional a las libertades han llevado a la APDH -entidad que preside el abogado José María Mohedano- a reflejar la persistencia de la tortura en España. Frente a la pretensión gubernamental de explicar esta práctica por la violencia terrorista, el informe que hoy será ofrecido a la opinión pública señala, según fuentes conocedoras de su contenido, que las torturas y malos tratos no sólo afectan al País Vasco y a los presuntos terroristas, sino cada vez más a personas acusadas de delitos comunes, que con mucha frecuencia no denuncian las prácticas a que son sometidas.Según las citadas fuentes, el informe de la APDH ofrece, sin embargo, casos detallados de torturas tanto en uno como en otro caso y también sobre malos tratos en los cuarteles, y llega a la conclusión general de que la incomunicación de los detenidos que permite la ley Antiterrorista, aplicada indiscriminadamente a presuntos terroristas y a los que no lo son, es la clave de la persistencia de la tortura.

De ahí que, junto a la reiteración de las recomendaciones a los poderes públicos realizadas el pasado año, la APDH haya considerado conveniente añadir este año la petición al Defensor del Pueblo para que presente recurso de inconstitucionalidad contra la ley Antiterrorista. Hace unas semanas, el titular de dicha institución, Joaquín Ruiz-Giménez, manifestó que nadie le había solicitado esta iniciativa.

Críticas a Interior

Los directivos de la APDH han pedido ser recibidos por el presidente del Gobierno, Felipe González, como ocurrió el año pasado. Por el momento, según fuentes de la APDH, la Moncloa no ha fijado fecha para este encuentro, en el que se entregaría personalmente al presidente el Informe 1984, que contiene, según las citadas fuentes, duras críticas para el Gabinete socialista.

Especialmente duro es el informe con el Ministerio del Interior, cuya negación permanente de la evidencia y cuya tolerancia en materia de malos tratos -en opinión de los autores del estudio- merecen la condena de la APDH, por entender que esta actitud deja de impulsar los necesarios mecanismos de investigación y corrección que puedan poner coto a los abusos denunciados y, en muchos casos, comprobados.

Tampoco el Ministerio de Justicia se salva de las críticas de la APDH. Aun reconociendo los avances, lentos pero efectivos, en la situación penitenciaria, la APDH denuncia también el retroceso que significa la reforma de la reforma llevada a cabo en materia de libertad provisional. El abandono de la reforma realizada en 1983 de los artículos 503 y 504 de la ley de Enjuiciamiento Criminal -que en su momento fue elogiada por sintonizar con los valores democráticos de la Constitución- es valorado negativamente por la APDH, por entender que la permanencia en prisión durante cuatro años, a la espera de juicio, no es la mejor forma de responder a la secular lentitud del servicio público de la justicia.

En relación también con el respeto a los derechos humanos en el ámbito de la justicia, la APDH reclama de la futura ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) -en línea con los sectores progresistas de la judicatura- la creación de una auténtica policía judicial y la supresión de la Audiencia Nacional como tribunal especial, al menos para las causas penales.

Otra novedad del Informe 1984 se referirá al uso de la informática, en relación con el cual la APDVI pedirá que la futura ley prohíba la utilización del denominado número identificador único, y que prevea sistemas que aseguren el respeto a los derechos humanos por parte de la Administración pública cuando utilice tecnología informática. Igualmente, ante el despegue experimentado en 1984 por los gastos de armamento, la APDH incluirá en su informe, según las diversas fuentes consultadas, la recomendación de que las dotaciones presupuestarias con dicho fin se trasladen a partidas para servicios sociales.