Próxima reanudación de las negociaciones para completar la desmonopolización de Campsa

El Ministerio de Industria y Energía tiene previsto reanudar el próximo mes las negociaciones con las refinerías, tanto públicas como privadas, para proceder a las dos siguientes fases del proceso de desmonopolización de Campsa: transferencia de los activos del Estado a la nueva compañía y la entrada de las refinerías en la sociedad. Mientras tanto, el titular del departamento, Carlos Solchaga, ha dado una nueva interpretación al creciente abanderamiento de estaciones de servicio por parte de las refinerías -es decir, la colocación de la imagen y nombre de la marca en los puntos de venta- al s...

El Ministerio de Industria y Energía tiene previsto reanudar el próximo mes las negociaciones con las refinerías, tanto públicas como privadas, para proceder a las dos siguientes fases del proceso de desmonopolización de Campsa: transferencia de los activos del Estado a la nueva compañía y la entrada de las refinerías en la sociedad. Mientras tanto, el titular del departamento, Carlos Solchaga, ha dado una nueva interpretación al creciente abanderamiento de estaciones de servicio por parte de las refinerías -es decir, la colocación de la imagen y nombre de la marca en los puntos de venta- al señalar que no infringe norma alguna y, en todo caso, se trataría de una cuestión alegal, es decir no contemplada en ley.

Las declaraciones de Solchaga, realizadas a la salida de las Jornadas del PSOE sobre Empresa Pública, han causado una profunda sorpresa en medios de algunas empresas firmantes del denominado Protocolo para la reordenación del sector de petróleo, donde expresamente se señalaba que el abanderamiento de las estaciones de servicio correspondería, exclusivamente a Campsa dentro del nuevo esquema de distribución de productos petrolíferos.Con sus declaraciones, Solchaga respondía, por otro lado, al interés mostrado desde medios sindicales y empresariales para que se reanude cuanto antes el proceso de adaptación del monopolio de distribución de productos petrolíferos a la normativa de la Comunidad Económica Europea, en vista de las negociaciones en curso para la integración española en la Comunidad Económica Europea (CEE). A este respecto, la sección de UGT de Campsa, por segunda vez en una semana, solicitaba la dimisión de los responsables energéticos del ministerio de Industria por entender que, de alguna forma, se estaba tratando de escamotear el futuro desarrollo del protocolo de julio de 1983.

Asimismo, desde la propia Campsa como desde alguna otra empresa se ha criticado duramente la actitud general del Gobierno de permitir, bajo cuerda, el abanderamiento de las estaciones de servicio, cuestión no sólo prohibida expresadamente por el mencionado documento sino que viola, según la interpretación de algunos juristas y de Campsa, la ley fundacional del monopolio -todavía en vigor- y, más concretamente, el actual Reglamento para la venta y suministro de carburantes. La sección de UGT de Campsa interpretaba que este reglamento califica como falta muy grave el abanderamiento que, en su opinión, podría llevar a la incautación de la gasolinera.

La falta de iniciativas gubernamentales en el desarrollo del protocolo ha preocupado también al Grupo Parlamentario Socialista, que todavía no ha obtenido respuesta a una pregunta formal al Gobierno en la que se le reclamaba una explicación por la continua permisividad oficial respecto del abanderamiento de las estaciones de servicio. Algunos miembros del partido socialista creen ver un cambio de actitud en torno a este polémico tema.

El coste financiero

Al margen de esta cuestión de la marca, que algunas empresas como Cepsa consideran de vital importancia dentro de su estrategia comercial de ventas de productos lubricantes, la próxima ronda de negociaciones entre ministerio y refinerías se centrará, en una primera fase, en la transferencia de activos del Estado a la nueva Campsa y, en una segunda, en el mecanismo de financiación y venta de una parte de las acciones de la actual Campsa a las refinerías públicas y privadas, de acuerdo a unos porcentajes previamente establecidos.Según algunos medios, el inicio de esta fase está tan sólo pendiente de la aprobación definitiva por el Parlamento del proyecto de ley sobre reordenación del sector petrolero. Precisamente, esta pasada semana el Congreso de los Diputados dio su aprobación definitiva al proyecto, con una queja por parte de los grupos de oposición en el sentido de que la valoración definitiva de la red de distribución de Campsa, contenida en el proyecto, iba a resultar muy onerosa para las refinerías.

El coste que la entrada en Campsa va a tener para las refinerías -el protocolo dice que las refinerías pagarán el neto patrimonial de la nueva sociedad- oscila entre 60.000 y 70.000 millones de pesetas, según fuentes informadas. Esto se traduce en el pago de unos 10.000 millones de pesetas para una empresa como Cepsa hasta casi 50.000 millones para el total de empresas englobadas en el grupo público del Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH). Algunas directivos de estas empresas consideran que una articulación errónea, o meramente recaudatoria, del pago de esta participación podría suponer el hundimiento financiero de las refinerías.

La situación es tan evidente que un experto del sector comentaba dramáticamente que si el objetivo de la reordenación del sector había sido preparar a las empresas refinadoras y al sector para la integración en la CEE, una política ciega y a corto plazo en el tema del pago de la participación en el capital de Campsa podría llegar a una meta completamente opuesta a la perseguida.

Para evitar esta posibilidad, José Luis Díaz Fernández y Roberto Centeno, dos altos responsables del sector petrolero público, incluso han llegado a sugerir un programa de ayuda oficial para el sector de refino similar al que se ha instrumentado para las empresas eléctricas. Según el presidente de EMP y el consejero delegado de Campsa, la relación de recursos propios/ajenos de las empresas del sector debería situarse en tomo al 50/50 al final del período de adaptación (1992) a la CEE, para situarlas en competencia con la media europea.