El proyecto de ley electoral exige a las candidaturas acatar la Constitución

El Consejo de Ministros de ayer aprobó, un tanto por sorpresa, el proyecto de ley electoral. El nuevo texto prevé que en la presentación de todas las candidaturas debe figurar un documento de expreso acatamiento a la Constitución española e introduce severos controles en los gastos de los partidos políticos durante las campañas electorales. El proyecto tiene escasas modificaciones técnicas de fondo respecto al decreto en vigor, que data de 1977. Igualmente, el Gobierno aprobó varias sustituciones de altos cargos de la Administración, entre los que se encuentran los subsecretarios de la Preside...

El Consejo de Ministros de ayer aprobó, un tanto por sorpresa, el proyecto de ley electoral. El nuevo texto prevé que en la presentación de todas las candidaturas debe figurar un documento de expreso acatamiento a la Constitución española e introduce severos controles en los gastos de los partidos políticos durante las campañas electorales. El proyecto tiene escasas modificaciones técnicas de fondo respecto al decreto en vigor, que data de 1977. Igualmente, el Gobierno aprobó varias sustituciones de altos cargos de la Administración, entre los que se encuentran los subsecretarios de la Presidencia y de Industria. Este último pasa a ocupar la presidencia del Instituto Nacional de Industria (INI).

El texto del proyecto de ley electoral aprobado ayer cuenta con el visto bueno, en lo sustancial, de la mayor parte de los partidos políticos parlamentarios, excepción hecha de los comunistas, cuyo vicesecretario general, Enrique Curiel, anunció ayer que el PICE elaborará un texto alternativo. En el control de gastos se conferirán amplios poderes al Tribunal de Cuentas. Paralelamente, los gastos de los partidos durante las campañas electorales quedarán fuertemente limitados, calculándose que ninguna formación podrá gastar más de 2.200 millones de pesetas.Alfonso Guerra destacó que los cambios en los segundos niveles de los ministerios de la Presidencia y de Industria no responden a una única motivación, debiéndose buscar distintas causas en uno u otro caso. La sustitución del empresario Enrique Moya por el militante socialista Luis Carlos Croissier al frente del Instituto Nacional de Industria se debe, según medios solventes, a la necesidad de reconvertir y racionalizar la empresa pública. Oscar Fanjul desempeñará la subsecretaría de Industria dejada vacante por Croissier, y Fernando Maravall será secretario general técnico de este departamento.

Las destituciones del subsecretario y del secretario general técnico del Ministerio de la Presidencia, José María Rodríguez Oliver y Eduardo Gorrochategui, respectivamente, se deben a los intentos pilotados desde el Ministerio de Hacienda de modificar el sistema retributivo de los funcionarios. Rodríguez Oliver fue sustituido por Francisco Javier Díe Lamana, y Gorrochategui, por José Antonio Escalantel ambos funcionarios del Ministerio de la Presidencia. La vacante dejada hace meses por Enrique Linde en la Dirección General de Política Interior se cubre con el nombramiento de Rafael de Francisco. También se acordó los nombramientos de Julio Viñuela y José Montes como directores generales de Planificación y Política Económica del Ministerio de Hacienda, respectivamente.

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