El cierre de 828 kilómetros de vía supondrá a Renfe un ahorro de 7.101 millones en 1985
El Estado, vía Presupuestos Generales, ahorrará en 1985 7.101 millones de pesetas como consecuencia del cierre 828 kilómetros de líneas ferreas y la supresión de compensaciones a Renfe por la explotación de otros 1.656 kilómetros, según declaró ayer el ministro de Transportes, Comunicaciones y Turismo, Enrique Barón, en una conferencia de prensa convocada para dar cuenta de los últimos acuerdos del Consejo de Ministros sobre supresión de líneas deficitarias de Renfe.
El ministro detalló el escaso tráfico de viajeros y mercancías en las líneas afectadas por la supresión, explicó que su t...
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El Estado, vía Presupuestos Generales, ahorrará en 1985 7.101 millones de pesetas como consecuencia del cierre 828 kilómetros de líneas ferreas y la supresión de compensaciones a Renfe por la explotación de otros 1.656 kilómetros, según declaró ayer el ministro de Transportes, Comunicaciones y Turismo, Enrique Barón, en una conferencia de prensa convocada para dar cuenta de los últimos acuerdos del Consejo de Ministros sobre supresión de líneas deficitarias de Renfe.
El ministro detalló el escaso tráfico de viajeros y mercancías en las líneas afectadas por la supresión, explicó que su trazado en algunos casos había respondido a razones extraeconómicas y caciquiles y que varios núcleos urbanos iban a mejorar sus comunicaciones actuales, pese a perder el ferrocarril, mediante transportes por carretera. Enrique Barón dijo que la supresión de líneas entraba dentro de los planes del contrato-programa que firmairon el Estado y Renfe, y añadió que antes de tomar las decisiones se había consultado al Instituto de Estudios del Transporte, a las Comunidades Autónomas y a los ministerios de Defensa y Asuntos Exteriores. Posteriormente, los informes fueron estudiados por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y por la de Asuntos Autonómicos de forma previa a su remisión al Consejo de Ministros. Éste, en su última reunión, redujo la supresión de compensaciones por explotación de los 3.055 kilómetros previstos inicialmente a 2.484 kilómetros.
Supresión de obligaciones
A partir del 1 de enero de 1985 se suprimirá el servicio de viljeros y mercancías en 828 kilómetros de la actual red de Renfe. La eliminación del servicio ferroviario afecta a las siguientes líneas: Vadollano-Los Salidos (18 kilómetros); Jaén-Campo Real (121); Almendricos-Guadix (161); Caminreal-Calatayud (69); Calatayud-Burgos (251); Villalonquejar-Ciudad Dosante (106); La Fuente de San Esteban-La Fregeneda (61); Cinco Casas-Tomelloso (19); Ripoll-San Juan de las Abadesas (10); y Ribarroja-Liria (12). Otros 348 kilómetros del total a los que se ha eliminado la corapensación estatal podrán mantener la explotación de, los servicios de mercancías (no de viajeros), en régimen comercial, si Renfe estima que hay condiciones presentes o potenciales de rentabilidad. Las líneas afectadas en este capítulo son las siguientes: Córdoba-Almorchon (135 kilómetros); La Trinidad-Morán de la Frontera (21); Selgua-Barbastro (19); Zuera-Gurrea de Gállego (14); Quintanilla-Barruelo (13); Burgos-Villalonquejar (8); Toral de los Vades-Villafranca de El Bierzo (9); Villacañas-Quintanar de la Orden (25); Las Franquesas-Granollers (3); Zafra-Jerez de los Caballeros (47); El Coscollar-Cabañal (21); Las Palmas-Grao de Castellón (7); y Albatera-Torrevieja (26).
Intereses regionales o locales
Enrique Barón explicó también que por razones de interés regional o local podrán establecerse convenios entre Renfe y los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas u otras entidades provinciales o locales, de acuerdo con lo estipulado en el contrato programa entre Renfe y el Estado. Tales convenios deberán sex informados por la Comisión de Seguimiento del citado contrato programa y autorizadas por el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. Podrán ser objeto de estoá convenios los tramos siguientes: Mérida-Zafra-Villanueva del Río Minas (196 kilómetros); Granada- Bobadilla (123); Utrera-La Roda (110); Lorca-Almendricos-Aguilas (54); Valladolid-Ariza (254); Plasencia-Astorga (331); Lérida-Pobla de Segur (90); Játiva-Alcoy (64); Gibraleón-Ayamonte (49); Puerto de Santa María-Sanlúcar de Barrameda (37).
Por otra parte, una serie de tramos se mantienen abiertos tanto para mercancías como para viajeros, que en conjunto suponen un total de 196 kilómetros: Alcantarilla-Lorca (57 kilómetros); Moncada-Ripoll. (96); Vara de Quart-Ribarroja (17); Los Rosales-Villanueva del Río Minas (9); y Palazuelo-Empalme-Plasencia (17).
Igualmente, se mantendrá abierto al tráfico de mercancías y temporalmente, de viajeros, hasta tanto no se mejore la carretera alternativa, la nacional 435, en el tramo de 181 kilómetros Zafra-Huelva. También quedan abierto al tráfico, tanto de viajeros como de mercancías, en razón de su carácter internacional los tramos Guillarey-Tuy y Ripoll-La Tour de Carol; y, con carácter temporal, el tramo de 135 kilómetros comprendido entre Huesca y Canfranc. Las compensaciones por estas líneas para 1985, seran de 2.452 millones de pesetas.
Oposición en Cantabria
El consejo de Gobierno de la Diputación Regional de Cantabria elevará a la Asamblea, en las próximas horas, una proposición de ley por la que se reivindica el mantenimiento y conclusión del ferrocarril Santander-Mediterráneo, así como la inclusión en los presupuestos del Estado de las consignaciones necesarias. para ello, que será tramitada ante la Mesa del Congreso de los Diputados, informa desde Santander Víctor Gijón. La decisión fue adoptada en una reunión, urgente y extraordinaria del Gobierno cántabro, una vez confirmado el acuerdo del Consejo de Ministros, por el que se incluye entre los tramos a suprimir a partir del 1 de enero del año próximo, la mayor parte del trazado del citado ferrocarril.
La inclusión del tramo comprendido gntre de Caminreal (Teruel) y Cidad Dosantes (Burgos), de alrededor de 434 kilómetros, perteneciente al ferrocarril denominado Santander-Mediterráneo, peroque en realidad une Valencia y la provincia de Burgos, al quedar por construir los 63 kilómetros finales que permitirían su llegada a la capital de Cantabria, ha generado fuertes protestas en la región con la única excepción del PSOE.
Las pérdidas del citado tramo ascendían a más de 500 millones de pesetas anuales, en tanto que la finalización del proyecto supondría invertir 40.000 millones.
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