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Monopolio y contrabando de tabaco: dos fenómenos independientes

Mi colega Alonso de Ojeda, tomando como reclamo el editorial de EL PAIS de 11 de agosto, ha publicado, en la edición de este mismo periódico del pagado día 25, un artículo, "Monopolio, igual a contrabando de tabaco", en el que acusa abiertamente a Tabacalera y al Monopolio de Tabacos de ser los verdaderos causantes del contrabando de tabaco. en nuestro país. Los argumentos en los que se basa el señor Alonso de Ojeda para apoyar su tesis son los siguientes:1. Que los altos impuestos sobre el tabaco -en su opinión, propios de un país tercermundista-, junto con el beneficio monopolístico d...

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Mi colega Alonso de Ojeda, tomando como reclamo el editorial de EL PAIS de 11 de agosto, ha publicado, en la edición de este mismo periódico del pagado día 25, un artículo, "Monopolio, igual a contrabando de tabaco", en el que acusa abiertamente a Tabacalera y al Monopolio de Tabacos de ser los verdaderos causantes del contrabando de tabaco. en nuestro país. Los argumentos en los que se basa el señor Alonso de Ojeda para apoyar su tesis son los siguientes:1. Que los altos impuestos sobre el tabaco -en su opinión, propios de un país tercermundista-, junto con el beneficio monopolístico de Tabacalera, hacen extraordinariamente rentable la actividad del contrabando en España y constituyen la causa directa del mismo.

2. Que la solución del problema del contrabando debe afrontarse, por tanto, a través de la abolición del Monopolio de Tabacos, de la desaparición de Tabacalera y del establecimiento de un régimen de libre importación y comercio más acorde con el que -también en su opinión particular- prevalece en los países civilizados.

3. Que de esta forma el Estado se ahorraría los gastos inútiles que supone la lucha frente al contrabando, y, finalmente, que esta solución tendría además la ventaja de liberar al Estado, del oprobio moral en que incurre al ser cómplice de una actividad económica nociva para la salud.

Impuestos sobre el tabaco

No voy a dudar, viniendo de quien vienen, de los nobles propósitos que animan a Alonso de Ojeda a proponer tan drásticas soluciones para un problema tan complejo y que tanto preocupa a nuestras autoridades y a la opinión pública nacional. No obstante, y con el único objeto de contribuir a situar el problema del contrabando en sus justos términos económicos, tal vez sea oportuno, sin el menor ánimode entrar en polémica, hacer las siguientes ptintualizaciones:

a) Es obvio que los impuestos que el Estado español recauda sobre el tabaco constituyen un espléndido negocio para quien logre apropiárselos mediante la venta ilegal de productos tabaqueros. En 1983 el Estado recaudó más de 95.000 millones de pesetas por impuestos sobre el tabaco, lo que equivale a decir que el Estado se lleva 44 de cada 100 pesetas de ventas. Para los cigarrillos rubios la proporción es todavía mayor, ya que el Estado recauda aproximadamente 60 de cada 100 pesetas de ventas de cigarrillos de esta clase. El estímulo del resultado monopolistico de Tabacalera al negocio de los contrabandistas no es, en cambio, nada atractivo. El resultado total de Tabacalera por la gestión del Monopolio de Tabaco y de Timbre ha ascendido en 1983 a 1.819 millones de pesetas, cifra que representa tan sólo, el 0,6% de un volumen de ventas que en dicho año ha sido de 324.000 millones (*).

b) Es obvio, sin embargo, que el negocio de los contrabandistas no tiene nada que ver con la existencia del monopolio, ya que en los países que el señor Alonso de Ojeda llama civilizados por mantener la actividad tabaquera en régimen de comercio libre, la carga fiscal sobre el tabaco es muy superior a la nuestra. Por poner algún ejemplo, conviene saber que la carga fiscal sobre el tabaco es del 72% en Bélgica, del 88% en Dinamarca, del 70% en Alemania y del 74% en el Reino Unido.

El contrabando es rentable en todos los países

Excluyo naturalmente del análisis otros países con monopolio de tabaco que, de acuerdo con la terminología del señor Alonso de Ojeda, serían tercermundistas -tales como Japón, Austria, Francia e Italia-, los cuales tienen también una carga fiscal sobre el tabaco que se sitúa por encima de la nuestra.

c) Por.lo demás, resultán dificíles de comprender, viniendo de un economista, los escrúpulos del señor Alonsio de Ojeda acerca de la presencia del Estado en la actividad tabaquera, ya que, como él sabe -tengo que pensar que sí-, el monopolio debería garantizar, bajo condiciones dadás de fiscalidad, una asignación de recursos con mayores precios y menores cantidades -algo muy deseable para un producto perjudicial para la salud- que la que prevalecería en un más -que hipotético régimen de competencia gobernado por las grandes multinacionales del tabaco.

El contrabando de tabaco no es más rentable en España que en otros países con altos impuestos, con y sin monopolio, que han conseguido erradicarlo, y la única culpa que cabría atribuir al monopolio y a Tabacalera en este campo sería, tal vez, la de no haber sabido inculcar a sus labores ese sabor rancio que sólo se adquiere en las sórdidas bodegas de los barcos furtivos y que algunos, incautos tanto parecen valorar.

Lo que debemos hacer, si de verdad queremos desterrar esta lacra social, no es apelar a la injusticia de los impuestos -en un país democrático ya no hay que rezar un padrenuestro para que Dios nos libre de la justicia, como hacía decir a uno de sus personajes mi paisano Castelao-, sino, como han manifestado reiteradamente las autoridades del Gobierno y el propio presidente de Tabacalera, fomentar entre nuestros ciudadanos el respeto a la Hacienda como patrimonio común de todos los españoles, avergonzar a los consumidores de tabaco de contrabando ante quienes consumen productos vendidos legalmente y, por descontado, dejar caer sobre los contrabandistas defraudadores y evasores de divisas todo el peso de la ley.

Manuel A. Blanco Losada es director de Planificación y Estudios Económicos de Tabacalera, SA. * De los citados 1.819 millones habría todavía que deducir lo que revierte al Estado por la cláusula IV por su participación en beneficios, por sus dividendos, como accionista, y por el impuesto de Sociedades, como puede comprobar el señor Alonso de Ojeda examinando nuestra Memoria de 1983, auditada por la Intervención General de la Administración del Estado.

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