Nueva vista sobre extradición de 'etarras', en un clima de alarma por los atentados contra intereses franceses
La Cámara de Acusación de Pau, capital del departamento francés de los Pirineos Atlánticos, estudiará hoy, viernes, la solicitud de extradición presentada por las autoridades españolas contra otros dos presuntos etarras detenidos recientemente en suelo francés. La, petición de captura de estos terroristas fue transmitida a Interpol, junto con otros 93, por el Gobierno de Felipe González. Esta vista, la segunda en lo que va de mes, se desarrollará bajo el fuerte impacto que en la opinión pública francesa ha causado la campaña de atentados terroristas contra intereses franceses en diversos punto...
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La Cámara de Acusación de Pau, capital del departamento francés de los Pirineos Atlánticos, estudiará hoy, viernes, la solicitud de extradición presentada por las autoridades españolas contra otros dos presuntos etarras detenidos recientemente en suelo francés. La, petición de captura de estos terroristas fue transmitida a Interpol, junto con otros 93, por el Gobierno de Felipe González. Esta vista, la segunda en lo que va de mes, se desarrollará bajo el fuerte impacto que en la opinión pública francesa ha causado la campaña de atentados terroristas contra intereses franceses en diversos puntos de España.
Los encausados son Javier Otazu, Txakartegui, y Francisco Javier Lujambio, acusados de atracos a mano armada y del asesinato de un guardia civil en España. Otros dos refugiados vascos que fueron detenidos al mismo tiempo -Luciano Eizaguirre Mariscal y José Manuel Martínez Beíztegui- se rán juzgados el próximo día 22, al no haber sido elevadas todavía a la corte de justicia las conclusiones correspondientes.Mientras tanto, se está a la es pera de la decisión que adoptará el Gobierno francés con respecto al dictamen de los tribunales de justicia de Pau, emitido el pasado día 8, favorable a la extradición, de otros cuatro presuntos etarras: Ángel Castrillo Allende José Miguel Gados Oronoz, José Carlos García Ramírez y Francisco Ja vier Alberdi Beristain. La abogada defensora, Cristine Fando, muy conocida en círculos de refugiados vascos en el sur de Francia, presentó hace pocos días un recurso ante el tribunal de casación. Juristas de reconocido prestigio estiman que el recurso tiene pocas posibilidades de prosperar, a la vista de que la sentencia especifica claramente que las acciones juzgadas infringen el derecho común y no pueden considerarse de carácter político.
Hasta la fecha, el Gobierno francés ha rechazado todos los dictámenes de tribunales de justicia favorables a la extradición a España de supuestos etarras. Caso de hacerlo también en esta ocasión, la ley obliga a poner a los detenidos en libertad, aunque incluso en círculos de refugiados del sur de Francia se da como seguro que serían expulsados del país, seguramente a ultramar, si el Gobierno francés deniega las extradiciones.
En este compás de espera, y mientras las organizaciones de apoyo a los refugiados vascos -Ana¡ Artea, Herri Taldeak y otras- están desarrollando un gran despliegue propagandístico contrario a las extradiciones, la opinión pública francesa, y especialmente la de los departamentos fronterizos, está tomando por primera vez seria conciencia del asunto, especialmente a la vista de los últimos atentados contra personas y contra propiedades de ciudadanos franceses, tanto en el País Vasco francés como en toda España. En los medios franceses de comunicación son calificados estos hechos conw una "epidemia de atentados antiáanceses", y han influido en el bajón considerable de la ocupación turística en la zona.
Del santuario al infierno
El Gobierno francés, a pesar de reconocer que el nacionalismo vasco tiene reivindicaciones que formular, no puede aceptar que éstas se expresen mediante fórmulas violentas, según declaró ayer a la emisora Radio Montecarlo el ministro francés de Asuntos Exteriores, Claude Cheysson. "Es muy difícil para un Gobierno, por no decir imposible, aceptar que las re¡vindicaciones se expresen mediante bombas u otras amenazas" precisó Cheysson, señalando que éstas amenazas se producen contra "¡nocentes".
"En consecuencia, el Gobierno francés, como el español, no está dispuesto a aceptar esta forma de actuar", añadió Cheysson. A propósito de la posible extradición de presuntos etarras, Cheysson declaró que hay que esperar el dictamen del tribunal de Pau. Una vez que éste se formule, el Gobierno francés "asumirá sus responsabilidades".
Las emisoras de radio han abierto estos días en alguna ocasíón sus boletines con el "problema vasco", como se le denomina aquí, y los periódicos le dedican amplios espacios en sus primeras páginas, como no había ocurrido nunca en situaciones similares.
Le Monde, en un artículo de Charles Vanhecke, se dedica a rebatir y condenar cada uno de los argumentos que utiliza ETA para legitimar sus acciones (Vease página 6). El diario conservador Le Figaro subraya que el País Vasco francés ha dejado de ser para los refugiados vascos un "santuario", para convertirse en "un infierno".
La Prensa también se hace amplio eco de las declaraciones del ministro español de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, a la emisora Radio Montecarlo, informa desde París Feliciano Fidalgo.
Según el ministro español, la campaña de atentados no debe considerayse como una guerra contra los franceses, ya que "sus autores son grupos aislados que obran contra los intereses de España y que hacen difíciles las relaciones franco-españolas. La única respuesta debe ser la condena por parte de los franceses y de los españoles". En resumen, opina Morán, "no hay que darles importancia"a estas manifestaciones".
El editorial del diario demócrata-libertario Liberation señalaba por su parte: "Es evidente que el Gobierno español se equivoca al creer, o fingir que cree, que el problema vasco se debe a la existencia de ETA. Pero ese es un problema de los españoles". A continuación, el mismo editorial insiste en la tesis de que el Gobierno de París, al calcar su política de la de Madrid, "sólo puede contribuir a mantener esa ceguera".
En este clima, se han dispuesto medidas especiales de seguridad para impedir que hoy se produzcan incidentes similares a los ocurridos el pasado día 8 en las inmediaciones de la corte de justicia.
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