El gobernador de Lugo estudia si fue correcta la compra del hotel de un diputado provincial

El gobernador civil de Lugo, Juan Manuel Iglesias, estudiará si es ilegal el acuerdo. adoptado por la Diputación Provincial para comprar el hotel Miño, propiedad de un diputado provincial de Coalición Popular. El edificio, adquirido por 96 millones de pesetas, será destinado a residencia para personas de la tercera edad. El acuerdo fue adoptado con los votos a favor del Grupo Popular, mayoritario en la Corporación, y la oposición de los centristas de Coalición Gallega y los socialistas.Si el gobernador estima que el acuerdo no está ajustado a derecho por tratarse de una operación comercial de ...

El gobernador civil de Lugo, Juan Manuel Iglesias, estudiará si es ilegal el acuerdo. adoptado por la Diputación Provincial para comprar el hotel Miño, propiedad de un diputado provincial de Coalición Popular. El edificio, adquirido por 96 millones de pesetas, será destinado a residencia para personas de la tercera edad. El acuerdo fue adoptado con los votos a favor del Grupo Popular, mayoritario en la Corporación, y la oposición de los centristas de Coalición Gallega y los socialistas.Si el gobernador estima que el acuerdo no está ajustado a derecho por tratarse de una operación comercial de un miembro de la corporación, interpondrá la correspondiente impugnación, según un acuerdo al que se llegó en una reunión celebrada por el gobernador civil con los diputados socialistas.

Por su parte, el grupo provincial del PSOE estudia también la presentación de una moción en la que solicitará que la Diputación anule el acuerdo de compra del hotel, a la espera de recibir el acta de la sesión para plantear también posibles recursos.

Los socialistas lucenses, que calificaron la operación de "escándalo", aseguran que la Diputación de Lugo no adquirió el hotel Miño para solucionar un problema de alojamiento en el sanatorio San Rafael, de Castro de Riberas de Lea, como argumentó el diputado responsable del centro, Fernando Carlos Rodríguez, sino para solucionar problemas personales del propietario del edificio y diputado del Grupo Popular, Manuel González Rodríguez.

El PSOE ha asegurado que "resulta de una incomprensión enorme que Francisco Cacharro, como presidente de la Diputación, haga caso omiso de la valoración que del inmueble hace el arquitecto de dicho organismo Perez Barja, que lo valora en 68 millones de pesetas, y encargue una nueva valoración a tres arquitectos ajenos a la Diputación, uno de los cuales es concejal de AP en el Ayuntamiento de Lugo, y otro que fue el que redactó el proyecto en su día". El PSOE agrega que los informes no pasaron por el Colegio de Arquitectos.