Barón, en el aire

DE NO ser por la abrumadora superioridad que la Renfe despliega en todos los aspectos relacionados con las incomodidades para el viajero, la falta de puntualidad en los horarios y la inseguridad del transporte, cabría afirmar que los españoles sólo pueden cobrar conciencia de su verdadera situación como contribuyentes si se arriesgan a afrontar las peripecias que les depara un vuelo en nuestras líneas aéreas. Pero cuando las irregularidades habituales de nuestra primera compañía estatal de aviación comercial quedan reforzadas por una huelga como la que -mantiene el Sindicato Español de Pilotos...

DE NO ser por la abrumadora superioridad que la Renfe despliega en todos los aspectos relacionados con las incomodidades para el viajero, la falta de puntualidad en los horarios y la inseguridad del transporte, cabría afirmar que los españoles sólo pueden cobrar conciencia de su verdadera situación como contribuyentes si se arriesgan a afrontar las peripecias que les depara un vuelo en nuestras líneas aéreas. Pero cuando las irregularidades habituales de nuestra primera compañía estatal de aviación comercial quedan reforzadas por una huelga como la que -mantiene el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA), los usuarios no tienen, más alternativa, excluyendo la cólera, que la resignación fatalista o el humor virulento. Si la comedia de la confusión montada a tres bandas durante los últimos días por el sindicato de pilotos, los directivos de Iberia y el Ministerio de Transportes no desemboca en un auténtico drama, la razón no es otra que la incapacidad de los ciudadanos para meter baza directamente en ese lamentable conflicto. De esta forma, los intereses generales de la sociedad quedan sacrificados al corporativismo de un cuerpo de elite y a la incompetencia de una Administración sectorial más preocupada por ejercer los atributos formales del poder que por plantearse de forma meditada los procedimientos para reformar el sistema público de transporte y para frenar la sangría de pérdidas dé una compañía estatal.Mientras las líneas aéreas de los países desarrollados comienzan a salir de la profunda crisis de los últimos años y a presentar cuentas satisfactorias en sus balances, Iberia ha arrojado cerca de 30.000 millones de pesetas de pérdidas en el último ejercicio. Ningún pánico: los directivos siguen siendo los mismos, los pilotos -con nóminas millonarias- dejan sin verano a miles de ciudadanos, el trato al viajero permanece detestable, y la primera clase, abarrotada, en los mejores días de facturación, de empleados de la compañía y sus familias con derecho a viajar gratis cuando no hacen huelga. El Ministerio de Transportes, por si acaso, se dedica a desprestigiar a la propia Iberia, mientras la gestión de los aeropuertos permanece en un endémico estado de postración.

Sobre el trasfondo general de ineficiencia de la empresa pública, el Ministerio de Transportes, dentro de su propio campo de competencias, sólo parece interesado en salvar la cara ante la opinión pública y en escribir con buena letra sus cartas de protesta, mientras que con la otra mano arroja piedras al aire para ocultar o tratar de disminuir sus responsabilidades.

La ausencia de transparencia informativa del Ministerio y su disposición a endosar a terceros las culpas en asuntos de su competencia ya se hicieron famosas con ocasión de los desastres aéreos del pasado fin de año en Madrid. Los socialistas ganaron las elecciones generales del 28-0 con un programa de cambio cuya proyección en el ámbito de las formas de gobernar era la democratización de las administraciones públicas, la información constante a la opinión pública, la aceptación de la crítica ciudadana y la capacidad para rectificar decisiones y de

cretar destituciones. Aunque los elementos de continuidad con el pasado no falten en otras zonas del aparato del Estado, preciso es reconocer que el ministro de

Transportes y Comunicaciones puede apuntarse el dudoso honor de haber ganado ampliamente esa carrera hacia la retaguardia de los estilos crispados y aparenciales de gobernar.

En el historial como ministro de Enrique Barón cabe apuntar decisiones tan costosas como las elevaciones salariales de Renfe del pasado año, torpezas como las que han coadyuvado a la actual huelga de Iberia, gestos como la comparación entre su aflicción administrativa y el dolor de los familiares de los fallecidos en los accidentes de Barajas y amenazas como el envío al fiscal general del Estado de los huelguistas del metro madrileño para su eventual procesamiento como autores de un delito. Un verdadero récord. Ahora, cuando UGT pide públicamente un reajuste gubernamental y el propio ministro Boyer dice que éste es probable, el señor Barón afirma que eso son cosas de los periódicos, quizá porque sabe que, mientras los aviones de Iberia siguen en tierra, lo único que está verdaderamente en el aire es su cargo.