Falsos culpables y errores policiales

UNA FAMILIA del barrio madrileño de Vallecas ha brindado por la libertad de un muchacho de 21 años que había permanecido 84 días en la prisión de Carabanchel acusado -según reconocen ahora las instancias judiciales- de un crimen que no había cometido. Este drama, pese a su feliz desenlace, no puede ser despachado como una simple anécdota. Si se tratase únicamente de un error aislado, el incidente, aunque lamentable, sería relativamente disculpable. Desgraciadamente, nos encontramos ante un nuevo eslabón de la cadena de peregrinas actuaciones policiales que han afectado en los últimos meses, pa...

UNA FAMILIA del barrio madrileño de Vallecas ha brindado por la libertad de un muchacho de 21 años que había permanecido 84 días en la prisión de Carabanchel acusado -según reconocen ahora las instancias judiciales- de un crimen que no había cometido. Este drama, pese a su feliz desenlace, no puede ser despachado como una simple anécdota. Si se tratase únicamente de un error aislado, el incidente, aunque lamentable, sería relativamente disculpable. Desgraciadamente, nos encontramos ante un nuevo eslabón de la cadena de peregrinas actuaciones policiales que han afectado en los últimos meses, para hablar sólo de la capital de España, a otras siete personas, víctimas de imputaciones de delitos que el paso del tiempo ha ido reduciendo hasta dejar en nada.La explicación de tales casos puede ser, de forma alternafiva o complementaria, la ineficacia de los cuerpos policiales, la frivolidad con que algunos responsables oficiales se anotan éxitos puramente imaginarios (con la inevitable consecuencia de que luego el juez ponga en libertad a los sospechosos) o la frialdad distante con que la maquinaria coercitiva del Estado priva de su derecho constitucional a la presunción de inocencia a determinados ciudadanos.

La aventura -digna de una pesadilla de Alfred Hitchcock- padecida por Mariano de la Antonia (el muchacho de Vallecas que el pasado viernes abandonó la cárcel de Carabanchel después de que la misma policía que le había colgado el asesinato de un hombre en la calle de Valderribas decidiera acusar a otra persona) y otros casos semejantes producidos en Madrid durante los últimos meses ponen de relieve la extraordinaria debilidad de los mecanismos profesionales que aplica la policía española en el desempeño de su misión constitucional, que no es otra sino la de "proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana". En España existen aún funcionarios de los cuerpos de seguridad que continúan deteniendo a un sospechoso en la misma puerta del juzgado que acaba de concederle la libertad. Tal sistema, que vulnera cualquier tipo de protección legal de los derechos individuales, resulta una técnica más próxima a la presión ciega sobre el detenido -hasta que acepte firmar una confesión- que a la búsqueda profesional de pruebas suficientes para establecer judicialmente su culpabilidad o su inocencia.

Parecen no ser infrecuentes los casos en que la prueba de mayor peso contra esos falsos culpables se reduce a declaraciones de testigos que no tuvieron mayor inconveniente en reconocer sin género de dudas -al menos según la policía- la responsabilidad delictiva de unos acusados cuya inocencia terminó por comprobarse. Dado que la declaración testifical es un importante elemento de prueba en los sistemas judiciales de cualquier Estado de derecho, y dado también que los españoles se encuentran tan bien dotados como otros ciudadanos europeos para identificar un rostro, la inquietante reiteración de acusaciones de testigos contra culpables que resultan luego ser inocentes puede atribuirse tal vez a las dudosas condiciones en que la policía practica tales trámites. En otras ocasiones, la maquinaria policial se pone en marcha con sobrecogedora facilidad, y con todas las consecuencias presumibles, a partir de una denuncia telefónica y anónima.

Las graves consecuencias de esas situaciones, tanto para el prestigio de la policía como para la confianza que la sociedad debe depositar en los cuerpos de seguridad, pueden ejemplificarse con un caso como,el de Santiago Corella, el Nani, delincuente de poca monta detenido en noviembre del año pasado por el homicidio de un joyero. Santiago Corella, cuya inocencia fue luego demostrada, no ha vuelto a ser visto por sus miliares desde que ingresó en los calabozos de la Puerta del Sol. La policía sostiene que este falso culpable, pese a encontrarse esposado, logró huir una noche. Otras fuentes afirman, extraoficialmente,que el Nani murió en un ajuste de cuentas entre delincuentes después de su fuga, sin que consten mayores explicaciones sobre el lugar de los hechos o el motivo de la reyerta. Resulta asombrosa, en cualquier caso, la incertidumbre en tomo al caso, investigado en la actualidad -no se sabe con qué grado de entusiasmo- por el Gobierno Civil de Madrid y el Juzgado número 11 de la capital.

A la vista de estos inquietantes precedentes cabe albergar serias dudas sobre la vigencia práctica de nuestro sistema de protección de los derechos individuales, que la actuación de la policía debe respetar. En este terreno se inscribe también la preocupante frecuencia con que algunos delincuentes son abatidos mortalmente a tiros por las fuerzas de seguridad (dos ayer en Madrid, una joven heroinómana de diecinueve años hace escasos días). Es preciso establecer claramente que la policía no está utilizando métodos desproporcionados en la represión de la delincuencia e investigar puntualmente cada caso, a fin de demostrar que no ha habido excesos injustificados por parte de los agentes y que éstos no han incurrido en imprudencias innecesarias. La imagen de la capital de España convertida en cualquier ciudad del lejano Oeste, donde el sheriff de tumo la emprende a tiros para guardar el orden, no es reconfortante para quienes desean un régimen de democracia avanzada.

La seguridad ciudadana consiste precisamente en que la inocencia se presume en todos los ciudadanos y en que la culpabilidad ha de ser demostrada con pruebas fehacientes ante los jueces.