El Congreso pide al Gobierno una nueva regulación de las Juntas de jueces que acabe con su secretismo

El Congreso de los Diputados ha acordado, prácticamente por unanimidad instar al Gobierno a que en la futura ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) se regule el funcionamiento de las Juntas de Jueces y se derogue el decreto que hasta ahora venía rigiéndolas.La Cámara coincidió, mayoritariamente, en que el citado decreto es contrario a una justicia democrática y rechazó especialmente el secretismo impuesto a las Juntas de Jueces, aplicado celosamente por el Consejo General del Poder Judicial, que expedientó a la de San Sebastián.

La iniciativa parlamentaria correspondió al diputado de Eu...

El Congreso de los Diputados ha acordado, prácticamente por unanimidad instar al Gobierno a que en la futura ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) se regule el funcionamiento de las Juntas de Jueces y se derogue el decreto que hasta ahora venía rigiéndolas.La Cámara coincidió, mayoritariamente, en que el citado decreto es contrario a una justicia democrática y rechazó especialmente el secretismo impuesto a las Juntas de Jueces, aplicado celosamente por el Consejo General del Poder Judicial, que expedientó a la de San Sebastián.

La iniciativa parlamentaria correspondió al diputado de Euskadiko Ezkerra (EE), Juan María Bandrés, que pidió ante el Pleno de la Cámara la derogación del decreto en lo que hace referencia a la estricta sumisión jerárquica de las Juntas de Jueces y al secreto riguroso de sus acuerdos. El texdo aprobado, fruto de una enmienda socialista, insta al Gobierno a la regulación definitiva, acorde con la Constitución, de las Juntas de Jueces en la futura LOPJ, que deberá derogar el decreto de 1977.

Bandrés consideró que el decreto citado vulnera los artículos 20 y 21 de la Constitución, que consagran, respectivamente, la libertad de expresión y el derecho de reunión. Recordó el expediente a cuatro magistrados de San Sebastián por criticar el proyecto de ley de habeas corpus y reclamar de la policía el cumplimiento de su deber en el trato a presuntos terroristas. Se refirió también a la petición hecha por los miembros de la Junta de Jueces de Madrid a su decano para que no aplicara el decreto, por considerarlo inconstitucional.