Felipe González entrego a Pujol en enero un informe oficial sobre Banca Catalana

El presidente del Gobierno, Felipe González, entregó el pasado 20 de enero al presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, el informe de los servicios jurídicos del Banco de España sobre Banca Catalana, que sirvió de base a la querella y en el que no se inculpaba a Pujol. La sorpresa del Gobierno por los nuevos elementos reflejados en la querella refuerza la hipótesis de que no la conoció hasta que estuvo prácticamente redactada. Las repercusiones políticas del caso continuaron ayer. La ejecutiva de los socialistas catalanes redactó una dura declaración en la que acusa a Pujol de "confundir al p...

El presidente del Gobierno, Felipe González, entregó el pasado 20 de enero al presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, el informe de los servicios jurídicos del Banco de España sobre Banca Catalana, que sirvió de base a la querella y en el que no se inculpaba a Pujol. La sorpresa del Gobierno por los nuevos elementos reflejados en la querella refuerza la hipótesis de que no la conoció hasta que estuvo prácticamente redactada. Las repercusiones políticas del caso continuaron ayer. La ejecutiva de los socialistas catalanes redactó una dura declaración en la que acusa a Pujol de "confundir al pueblo de Cataluña".

La tensión política que ha generado el caso se apreció en la inauguración de la 52ª edición de la Feria de Muestras de Barcelona, en la que un sector de público inició varios abucheos al ministro de Economía, Miguel Boyer. Este sector lanzó al aire, a la salida, un paquete de octavillas que cayó junto a Boyer y Pujol. El texto de los panfletos rezaba: "Los socialistas, como los franquistas, anticatalanes y centralistas" y atribuía a Felipe González la frase de que "el terrorismo en el País Vasco es una cuestión de orden público, pero el verdadero peligro es el hecho diferencial catalán".Felipe González entregó el 20 de enero el informe del Banco de España a Jordi Pujol, tras haberlo comentado ampliamente con él. Las conclusiones de dicho informe sólo apreciaban indicios de falsedades documentales y de maquinaciones para alterar el precio de las cosas. El nombre de Pujol sólo aparecía en un anexo, sin ser relacionado directamente con estos eventuales delitos.

Posteriormente, la investigación de los fiscales -cuyo resultado "sorprendió al Gobierno", según un alto cargo- detectó que las falsedades encubrían otros posibles delitos de apropiación indebida de bienes, cuya prescripción es de 10 años, por lo que afectarían a consejeros más antiguos, entre ellos el propio Pujol.

La crisis de Catalana se originó por unas pérdidas o agujero de 139.000 millones de pesetas. Las ayudas públicas para superarla se cifraron en 291.000 millones, y el coste de estas ayudas en todo caso superará los 137.000 millones, pudiendo doblar dicha cantidad.

En su documento sobre el caso, la ejecutiva del PSC manifiesta que "cabe rechazar la usurpación que Jordi Pujol, como persona afectada por una acción judicial, ha efectuado de la institución de la Generalitat".

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