El Real Sitio de San Ildefonso, un municipio donde el 95% del territorio es propiedad estatal

El alcalde de San Ildefonso Luis Erick Clavería Soria, cabeza de la lista independiente Pueblo Unido, que obtuvo la mayoría en las dos elecciones democráticas municipales celebradas hasta ahora, explica que "se trata de un municipio totalmente anacrónico, en el con texto no sólo del país, sino de Europa, donde el 95% del término municipal es del Estado y, además, gestionado por el Estado, por un organismo paraestatal que ha sido el Patrimonio Nacional, que dependió en el régimen pasado de la Jefatura del Estado. Posteriormente en la primera fase de la transición, ha estado parapetado en la...

El alcalde de San Ildefonso Luis Erick Clavería Soria, cabeza de la lista independiente Pueblo Unido, que obtuvo la mayoría en las dos elecciones democráticas municipales celebradas hasta ahora, explica que "se trata de un municipio totalmente anacrónico, en el con texto no sólo del país, sino de Europa, donde el 95% del término municipal es del Estado y, además, gestionado por el Estado, por un organismo paraestatal que ha sido el Patrimonio Nacional, que dependió en el régimen pasado de la Jefatura del Estado. Posteriormente en la primera fase de la transición, ha estado parapetado en la Casa Real, y hoy depende de Presidencia del Gobierno". Al parecer, la Presidencia del Gobierno será el departamento que coordine una posible salida a todos estos conflictos que tiene el municipio, "lo que no deja de ser una pequeña esperanza", dice Luis Erick Clavería. "En caso contrario", añade, "debemos considerar si nuestra vocación de servicio a la España democrática tiene sentido en este pequeño reducto feudal del Real Sitio de San Ildefonso".

Una ley especial

La Corporación municipal presentó una serie de matizaciones a la ley reguladora del Patrimonio Nacional, aprobada en junio de 1982, estableciendo contactos con todos los grupos políticos que estaban realizando la ponencia y los ayuntamientos de los reales sitios. Pero los efectos de la aplicación de esta nueva ley del Patrimonio Nacional en este municipio resultan ser tan negativos e inoperantes como en la anterior, al no considerar la específica naturaleza y peculiaridad de su término municipal, según señala el informe anteriormente referido. "La ley reguladora", opina el alcalde, "se ha legislado en unos despachos en Madrid, sin tener en cuenta las necesidades reales de estos municipios implicados, por lo que, si no se plantea una nueva ley -que sería dificil, dada la sobrecarga legislativa que tiene el actual Gobierno-, la única manera de salir adelante de la situación sería realizar una ley especial para con el municipio (en el que viven entre 5.000 y 6.000 personas, cifra que se dispara en la época estival hasta las 20.000), para regular adecuadamente las peculiaridades".Luis Erick Clavería estima que en estas circuntancias hay "un municipio sin municipio, donde las posibilidades de actuación avaladas tanto por la ley de Régimen Local como por la Constitución son inviables. Influye también que, al tener competencias ahora no sólo ya el Patrimonio Nacional, sino el Patrimonio del Estado y el Icona, junto a las transferidas a la comunidad autónoma de Castilla y León, se ha creado un confusionismo administrativo donde el Ayuntamiento se encuentra en una situación de no saber exactamente qué tipo de competencias tiene cada uno de estos organismos".

Después de las primeras elecciones democráticas, la corporación consideró que lo esencial era entablar un trabajo serio y riguroso con el Patrimonio Nacional mediante unas comisiones mixtas realizar un planeamiento urbanístico al máximo nivel para proporcionar unas alternativas concretas que dieron un uso y una clasificación del suelo y así obtener cesiones de suelo al municipio y de equipamientos comunitarios y edificios que son propiedad del Estado y están en desuso. En función de las cesiones se podía prever el futuro desarrollo del municipio, pero, dada la inoperancia de aquéllas, dejaron de funcionar en 1981. La nueva ley reguladora del Patrimonio Nacional dispone que el Gobierno negociará con los ayuntamientos implicados para proporcionarles las cesiones necesarias, y después de dos años de aprobada la ley aún no se ha comenzado a hablar de cesiones claras, lo que, según el alcalde, coloca al municipio en una situación donde es necesario tomar resoluciones concretas, "porque no parece que tenga gran sentido que esta corporación municipal exista como tal si no, tiene una mínima autonomía para decidir sobre su futuro y progreso".

Reunión con el Patrimonio

En una reciente reunión mantenida en el Palacio Real -calificada de histórica por ser la primera que se celebra, con el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, presidido por el marqués de Mondéjar, Nicolás Cotoner y Cotoner, jefe del Cuarto Militar de la Casa de Su Majestad el Rey-, la Corporación municipal expuso todos estos problemas junto a otras cuestiones de índole supramunicioal y de política del Patrimonio Nacional en este real sitio.Al final de la sesión, el consejero gerente del Patrimonio Nacional, Ramón Andrada, manifestó que el consejo de administración "tiene la actitud más positiva hacia los problemas de este real sitio" y el comité de gerencia estudiará posibles soluciones que estén de acuerdo con su capacidad legal y económica, y, para las que salgan de su ámbito legal, elevar una propuesta al Gobierno a través del Ministerio de la Presidencia, representado en el consejo por Pilar de la Torre, directora del gabinete del ministro.

El informe presentado al pleno municipal señala que el Patrimonio Nacional no asume los compromisos adquiridos, lo que dificulta el normal desarrollo de las actuaciones previstas en una operación piloto, firmada en febrero de 1981 conjuntamente con el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, el Ayuntamiento y el Patrimonio, donde se contemplan cesiones y actuaciones específicas. Aún no se ha materializado una cesión de terrenos en la pradera de Navalhorno y está en peligro la construcción de 50 viviendas sociales en este término. Tampoco se han realizado otras cesiones de inmuebles y solares solicitadas por el ayuntamiento.

Recientemente, los parlamentarios por la provincia del Grupo Popular Modesto Fraile y Carlos Gila han elevado una pregunta al Gobierno para saler cuándo se va a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 4/1982, designándose al Ayuntamiento de San Ildefonso las tres parcelas de suelo cedido, cuándo se va a dictar el reglamento que desarrolle la ley reguladora del Patrimonio Nacional y si se va a informar al ayuntamiento de cuáles son los organismos con los que tiene que establecer relación institucional, a fin de cumplir sus obligaciones como tal municipio.

Por su parte, la diputación provincial, en su última reunión de la comisión de gobierno, acordó también apoyar al Ayuntamiento de San Ildefonso para recuperar la pradera de Navalhorno y la construcción de las 50 viviendas sociales.

Según el alcalde, el problema es que no se ha entendido la sensibilidad política de la corporación de evitar las manipulaciónes en este tema, "pues tenemos un interés especial en que esta situación anacrónica, que es histórica, se resuelva de una vez por todas aunando esfuerzos entre todos, pero sin intentar politizar la situación, pues lo que hay que hacer es sacar adelante a una comunidad que ha estado olvidada y marginada, vejada en muchos aspectos y, por unos y por otros, seguimos en una situación insostenible".