La seguridad ciudadana, prioridad política del Gobierno y la oposición

Gobierno y oposición han colocado el tema de la seguridad ciudadana en el primer lugar de sus prioridades políticas, dado que, entre otras cosas, esta cuestión parece influir sensiblemente en la opinión pública cara a las elecciones autonómicas catalanas, de acuerdo con los datos aportados por diversos sondeos. El Consejo de Ministros de mañana estará dedicado, básicamente, a debatir lás medidas previstas para acabar con el clima de inseguridad en las ciudades, y enviará probablemente a las Cortes la reforma de los 503 y 504 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, además de aprobar diversas órde...

Gobierno y oposición han colocado el tema de la seguridad ciudadana en el primer lugar de sus prioridades políticas, dado que, entre otras cosas, esta cuestión parece influir sensiblemente en la opinión pública cara a las elecciones autonómicas catalanas, de acuerdo con los datos aportados por diversos sondeos. El Consejo de Ministros de mañana estará dedicado, básicamente, a debatir lás medidas previstas para acabar con el clima de inseguridad en las ciudades, y enviará probablemente a las Cortes la reforma de los 503 y 504 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, además de aprobar diversas órdenes que no necesitan pasar por el Parlamento.Portavoces del Ministerio del Exterior insistieron ayer en que hasta hoy no quedará ultimado el paquete de medidas que irá al Consejo de Ministros en relación con la seguridad ciudadana, y lo mismo dijeron en la oficina del portavoz del Gobierno. Parece muy probable, sin embargo, que el Consejo dé luz verde a la reforma de los artículos de la ley de enjuiciamiento criminal que hacen referencia a la libertad provisional de los detenidos.

El Gobierno se propone insistir para que los jueces abandonen el criterio que se sigue mayoritariamente de acordar la libertad provisional de los detenidos, bajo fianza, y también procurará que los fiscales puedan recurrir más fácilmente las decisiones judiciales. Igualmente, se tratará de fijar de una manera más rígida los plazos de la prisión preventiva.

Críticas a Barrionuevo

Paralelamente, el titular de Interior y responsable de la puesta en práctica de la mayor parte de estas medidas, José Barrionuevo, se enfrenta a una creciente ola de críticas en el seno de su propio partido. En especial, los intentos de resucitar la ley de Peligrosidad Social y de equiparar el tratamiento dado al tráfico de drogas duras y blandas, han suscitado no pocas voces de crítica por parte de miembros de Grupo Parlamentario Socialista, que hoy celebra su habitual reunión semanal.Los ministros estudiarán también un informe del departamento de Sanidad -que ya fue enviado hace semanas a fiscales de las audiencias territoriales y a diversas autoridades provincias-, sobre los efectos que cada tipo de droga ejercen sobre el individuo. Paralelamente, el tema de las drogas será objeto, tal vez mañana mismo, de un debate parlamentario en el pleno del Congreso de los Diputados, ya que la Minoría Catalana presentará una moción sobre las medidas que ha adoptado el Gobierno para la lucha contra el tráfico de estupefacientes.

No será éste el único caso en el que el tema de la seguridad ciudadana esté presente, de una forma directa o indirecta, esta semana en el Parlamento, ya que el diputado popular José María Ruiz Gallardón ha presentado una interpelación al ministro de Justicia sobre las reformas legales realizadas por este departamento que han afectado a la seguridad. Igualmente existen en el orden del día varias preguntas de diputados del Grupo Popular referidas al tema.

Alianza Popular parece haber decidido no limitar al Parlamento su campaña sobre la seguridad ciudadana: el pasado domingo, el secretario general del partido, Jorge Verstrynge, insertó un anuncio en diversos periódicos, invitando a que los ciudadanos informasen sobre los atracos y robos sufridos recientemente.

Según dijo ayer el propio Verstryrige, se han recibido ya unas 300 llamadas en la sede central de AP informando acerda de numerosos actos delictivos sufridos por comeciantes y particulares que no han sido denunciados a la policía.