Los astilleros del INI suspenden su afiliación a la patronal CEOE por decisión del Gobierno

Un importante grupo de empresas públicas, las integradas en la división de astilleros del Instituto Nacional de Industria (INI), se han dado de baja en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). El abandono de la CEOE por parte del sector público, que es, junto a la banca, uno de los pilares básicos de financiación de la patronal, ha venido siendo propugnado desde hace años por amplios sectores del PSOE, aunque hasta el momento -después de 15 meses de gobierno- las decisiones adoptadas no sólo no habían ido en esta dirección, sino que incluso -caso de la afiliación de la...

Un importante grupo de empresas públicas, las integradas en la división de astilleros del Instituto Nacional de Industria (INI), se han dado de baja en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). El abandono de la CEOE por parte del sector público, que es, junto a la banca, uno de los pilares básicos de financiación de la patronal, ha venido siendo propugnado desde hace años por amplios sectores del PSOE, aunque hasta el momento -después de 15 meses de gobierno- las decisiones adoptadas no sólo no habían ido en esta dirección, sino que incluso -caso de la afiliación de la Compañía Telefónica- habían optado por la política de reforzamiento de la patronal.

La decisión de la división naval del INI, que se produce en vísperas de las elecciones para la sustitución de Carlos Ferrer en la dirección de la CEOE y a unos meses del 30º congreso del PSOE, puede reabrir el debate sobre la conveniencia o no de que empresas con intereses distintos y hasta a veces contrapuestos con las privadas, como es el caso de las del sector público (INI, Instituto Nacional de Hidrocarburos y Patrimonio del Estado), continúen en el seno de una misma patronal.Tan sólo hace unos meses, en julio del pasado año, la posición del Gobierno, tendente a evitar tensiones con la CEOE, quedó derrotada en unas jornadas a puerta cerrada organizadas por la Secretaría Federal de Estudios y Programas del PSOE. Joaquín Almunia, titular de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, no pudo evitar la aprobación por parte de representantes de comunidades autónomas, sindicalistas y militantes de una propuesta para la segregación de las empresas del Instituto Nacional de Industria de la patronal ("deben evitarse las actuales subvenciones que la CEOE percibe del Estado a través de la cotización de las empresas públicas").

Un año antes, en vísperas de las últimas elecciones legislativas, el portavoz del PSOE en la Comisión de Economía del Congreso y actual ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Barón, declaraba a este diario (véase la edición del 19 de julio de 1982) que si su partido ganaba los comicios y formaba Gobierno debería reconsiderar el papel de la empresa pública en las organizaciones empresariales. "Personalmente", afirmaba Barón, "no soy partidario de hacer efectivas nuestras posibilidades de controlar la patronal desde la empresa pública; no sería bueno. Como tampoco lo es la situación actual, en la que de alguna manera se está financiando con dinero público a unas organizaciones privadas que toman partido a favor o en contra de opciones políticas. Creo que debemos segregar las empresas públicas de la CEOE y constituir una patronal específica de la empresa pública".

Una vía de agua

La decisión de los astilleros, formalizada mediante una carta enviada a mediados de la semana pasada a la patronal Construnaves (integrada en la sectorial Confemetal), pone en peligro la pervivencia de aquélla (el INI aportaba 150 millones de pesetas sobre los 200 millones que constituyen su presupuesto) y abre una importante vía de agua en la tesorería de la CEOE,Construnaves, que como la mayor parte de las patronales procede de la etapa predemocrática, tiene unos objetivos atípicos. Fundamentalmente, se ha dedicado a ofrecer servicios comerciales a las empresas integradas, cobrando comisiones por ello y convirtiéndose en una superestructura en manos de las empresas privadas -un 25% de la producción del sector naval- para controlar buena parte de los escasos contratos que se producen en la construcción naval. Según fuentes del INI, cobran, por ejemplo, un 0,5% sobre las gestiones con países del Este de Europa y han interferido en negociaciones que estaban manteniendo los astilleros públicos con Bulgaria (a finales de 1983), Arabia Saudí y la URSS.

Estas interferencias, que han creado continuos problemas a los astilleros públicos y han supuesto en algunos casos la detracción de algunos de sus contratos hacia empresas privadas, han colmado la paciencia del responsable de la división naval del INI, que tras largos meses de conversaciones y advertencias por escrito ha decidido dar de baja a sus empresas en Construnaves. Esta decisión, que cuenta con el respaldo de los titulares del INI, se ha precipitado con la constitución de la Sociedad de Reconversión Naval de Pequeños y Medianos Astilleros (SORENA), que está siendo monopolizada por los privados (hasta el punto de haberse retirado ya hace semanas los públicos como protesta) y que exigía mayores contribuciones a Construnaves. Aumentar personal y gastos generales en Construnaves, indica Pedro Sancho, es incoherente con los intentos de racionalizar y sanear los astilleros; y por otra parte, añade, no podemos seguir contribuyendo a la financiación de la patronal en las tres cuartas partes de su presupuesto cuando a la hora de votar todos somos iguales y se imponen por su número las tesis e intereses de los privados.