Interior renuncia a efectuar a corto plazo la unificación policial prevista por el PSOE

El Ministerio del Interior no considera prioritaria en las actuales circunstancias, y de forma indefinida, la ley de unificación del Cuerpo Superior de Policía y de la Policía Nacional, por "entender que no es prudente en estos momentos crear un nuevo frente de conflicto", según informaron a este periódico fuentes oficiosas del departamento. Los responsables del ministerio posponen así el cumplimiento de una de sus principales promesas en este campo, y optan por una vía intermedia. Interior está preparando un real decreto sobre competencias y estructura de los órganos de las Fuerzas y Cuerpos ...

El Ministerio del Interior no considera prioritaria en las actuales circunstancias, y de forma indefinida, la ley de unificación del Cuerpo Superior de Policía y de la Policía Nacional, por "entender que no es prudente en estos momentos crear un nuevo frente de conflicto", según informaron a este periódico fuentes oficiosas del departamento. Los responsables del ministerio posponen así el cumplimiento de una de sus principales promesas en este campo, y optan por una vía intermedia. Interior está preparando un real decreto sobre competencias y estructura de los órganos de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, con el que se pretende sentar las bases para una futura unificación policial.

Las fuentes consultadas indicaron que los trabajos preliminares del Ministerio del Interior necesarios para la elaboración de la ley no tienen aún el punto de madurez necesario, y precisaron que el departamento "atraviesa un momento delicado", en el que se presentan otros aspectos que se consideran de mayor prioridad, como son el terrorismo y los problemas de la seguridad ciudadana.Los enfrentamientos que se detectaron en el primer año de gestión socialista entre los reponsables del Ministerio del Interior (el ex director de la Seguridad del Estado, Rafael Vera, por un lado, y el ex subsecretario, Carlos Sanjuán, por otro) han sido junto a las presiones por separado procedentes del estamento militar y de los sindicatos policiales, las causas principales que han motivado la paralización definitiva de este proyecto.

Esta ley fue situada dentro de las prioridades del Ministerio del Interior socialista, pero pronto José Barrionuevo prefirió retrasarla, de forma que, casi al año y medio de gestión, "todo está peor que al principio" según un alto funcionario que participó en la redacción de los primeros borradores.

La ley de Unificación de Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado (su nombré real) era uno de los proyectos más importantes del Gobierno socialista, ya que, por vez primera desde que España adoptaba un sistema pluralista, un partido político con aspiraciones a gobernar se planteaba en su programa de Gobierno unir en un solo cuerpo, que se habría llamado Real Cuerpo de Policía, a los 9.000 funcionarios del Cuerpo Superior y a los 50.000 miembros de la

cía Nacional.

Desde abril de 1983, en que se conoció el primer borrador, hasta septiembre del mismo año, en que Barrionuevo presentó al Consejo de Ministros su proyecto definitivo, se produjeron todo tipo de reacciones, comenzando por lo sindicatos policiales, que se negaban a pertenecer a un "instituto armado de carácter civil" y concluyendo con "determinadas presiones de mandos del Ejército", favorables al mantenimiento del control militar de la Policía Nacional. El Gobierno, entonces, optó por la paralización hasta "un mejor momento".

Desmilitarización

Los sindicatos policiales se oponen a la denominación "instituto armado de carácter civil" por entender que dicha calificación nunca ha sido atribuida a ninguno de los dos cuerpos y que podría utilizarse para establecer similitudes con la Guardia Civil, lo que, a su juicio, sería una regresión en los logros conseguidos en el terreno sindical. El primer borrador elaborado, cuyo articulado se facilitó a los sindicatos, contenía tres puntos de conflicto, que giraban en torno a la desmilitarización total de la Policía Nacional, la equiparación de categorías y el índice de coeficiente a reconocer a cada estamento.

La desmilitarización provocó las primeras discrepancias entre los funcionarios del Cuerpo Superior de Policía y los oficiales de la Policía Nacional, procedentes de la Academia General Militar, a pesar de que sus dos últimos años de carrera los realizan en un centro especial para la formación de oficiales de la Policía Nacional, equiparable a las academias de armas.

Los sindicatos exigían que los militares tuvieran que optar definitivamente entre quedarse como policías o volver al Ejército como militares; estos últimos preferían su continuidad en la Policía Nacional sin perder su condición castrense, y el Ministerio no deseaba que fueran los propios militares quienes escogieran quedarse o marcharse al Ejército.

Estas divergencias fueron calificadas por funcionarios del ministerio como "una torre de babel, donde nadie se entendía" y que extendieron, especificándolo como caso "aun más difícil", a la equiparación de categorías. Los oficiales de la Policía Nacional reivindicaban que los tenientes fueran igualados a los subcomisarios y los capitanes a los comisarios.

La Unión Sindical de Policía (USP) y el Sindicato Profesional de Policía (SPP) reaccionaron en contra y pidieron que los tenientes fueran asimilados a los inspectores de tercera y segunda; los capitanes con los inspectores de primera; los comandantes con los subcomisarios, y los tenientes coroneles y coroneles con los comisarios. Sin embargo, a raíz de diferentes reuniones, algunas de ellas presididas por altos cargos del ministerio, sindicatos y oficiales llegaron a "un consenso", de forma que los jefes de la Policía Nacional (incluidos comandantes) quedaban equiparados a los comisarios, mientras que los oficiales lo eran a los inspectores, en sus tres categorías.

Este "consenso" no fue admitido, ya que, en opinión de fuentes sindicales, a raíz de él comenzaron las primeras presiones del alto mando militar, especialmente de algún teniente general con gran predicamento en la Policía Nacional, según un destacado miembro de la USP (en clara referencia al entonces capitán general de Cataluña y hoy director general de la Guardia Civil, José Antonio Sáenz de Santa María), que estimaban que los trabajos de unificación "iban demasiado deprisa".