El Gobierno afirma que no sabe como será la Administración al final del proceso autonómico

El ministro de Presidencia, Javier Moscoso, admitió ayer que el Gobierno aún no sabe con exactitud como quedará la Administración central del Estado una vez que se culmine el proceso autonómico, ni tampoco el resultado final en las administraciones periférica y local. El ministro presentaba ante el Pleno del Congreso de los Diputados el proyecto de ley de Medidas Urgentes para la Reforma de la Función Pública, primer paso hacia una reforma en profundidad de la Administración que afectará a millón y medio de funcionarios. En su crítica al proyecto gubernamental, el Grupo Popular acusó al actual...

El ministro de Presidencia, Javier Moscoso, admitió ayer que el Gobierno aún no sabe con exactitud como quedará la Administración central del Estado una vez que se culmine el proceso autonómico, ni tampoco el resultado final en las administraciones periférica y local. El ministro presentaba ante el Pleno del Congreso de los Diputados el proyecto de ley de Medidas Urgentes para la Reforma de la Función Pública, primer paso hacia una reforma en profundidad de la Administración que afectará a millón y medio de funcionarios. En su crítica al proyecto gubernamental, el Grupo Popular acusó al actual equipo en el poder de haber incrementado en 100.000 personas los miembros de la Administración a lo largo de 1983, en base a "correligionarios, amigos y familiares".

Antes de abordar la presentación de un estatuto de bases del funcionario público, el ministro hizo una descripción catastrófica de la actual Administración española, dividida en 262 cuerpos funcionariales y más de 470 escalas, que deben quedar reducidos a alrededor de medio centenar y un centenar, respectivamente. Por tanto, el proyecto de reforma de la función pública, cuyas enmiendas a la totalidad se discutieron en la sesión plenaria del Congreso, es algo transitorio, que trata sobre todo de corregir mínimamente el actual caos en la Administración, antes de abordar el tema de manera más definitiva, según dijo Moscoso.El ministro prometió que en el futuro se enviarán a las Cortes numerosos proyectos de ley que continúen el camino ahora iniciado: por ejemplo, la ley de Contratos del Estado, una nueva regulación de la Administración periférica, la reestructuración de la Administración central y de los ministerios, la ley de Representación Sindical de los Funcionarios, etc.

Enmiendas derrotadas

Tanto las enmiendas a la totalidad contra el proyecto discutido ayer, presentadas por todos los grupos excepto el socialista, como las anteriormente debatidas contra el proyecto de Regulación de Cultivos Marinos, fueron derrotadas por la mayoría gubernamental. La minorías vasca y catalana retiraron sus respectivas enmiendas a la totalidad, al parecer por la existencia de un acuerdo, pendiente todavía de regulación, que garantiza los derechos de los funcionarios ya contratados por las comunidades autónomas donde gobiernan los partidos representados por ambas minorías.En una intervención de casi una hora, el ministro justificó la necesidad de hacer reformas urgentes en la Administración por el hecho de que, de lo contrario, se correría el riesgo de "duplicar las burocracias, multiplicar el caos por 17". Según Moscoso, este proyecto de medidas urgentes no intenta imponer los criterios del Gobierno, sino que busca un consenso de todas las fuerzas políticas: "No queremos politizar el proceso de reforma de la Administración", aseguró Moscoso, quien reconoció que la historia de la Administración española "es la crónica de una referencia continuamente anunciada y continuamente aplazada".

Moscoso destacó del proyecto ayer presentado, su carácter regulador de la situación de funcionarios transferidos y armonizador de la Administración central con la autonómica; se crea el Consejo Superior de la Función Pública -cuya composición, según dijo el propio Moscoso, es polémica- y se trata de acabar con la "absoluta discrecionalidad" que hoy existe en los nombramientos; se establecen mecanismos de garantía de puestos de trabajo, se ponen las bases de una carrera administrativa y se trata de evitar el corporativismo.

Arturo García Tizón, como portavoz del Grupo Popular, comenzó dudando de las intenciones del Gobierno, que, según él, ha seguido una política de destituciones y nombramientos ideológicos y de contratación de correligionarios, amigos y familiares, que ha beneficiado a más de 100.000 personas, es decir, aproximadamente a un 12% del total de los funcionarios públicos existentes.

Pese a esta dura acusación, la oposición conservadora retiró su enmienda de devolución del texto, aunque mantuvo otra con texto alternativo. Curiosamente, la exposición de motivos de este texto alternativo y su justificación coinciden en casi totalmente con la exposición de Moscoso. También se pide que los funcionarios eventuales que sean nombrados para tareas consideradas de confianza (como los asesores) "deben quedar circunscritos exclusivamente a los miembros del Gobierno, consejeros de gobierno de las comunidades autónomas y presidentes de las corporaciones locales".

El diputado de la Minoría Catalana Llibert Cuatrecasas se mostró en desacuerdo con el carácter transitorio que tanto el Gobierno como el Grupo Popular aceptan para este proyecto, y pidió que no se introduzca el concepto de provisionalidad en una legislación básica como la que se discutía. "Este proyecto de ley, si no se precisa con rigor su actual redacción, puede introducir en la función pública elementos de inseguridad y de discrecionalidad que llevarían a resultados totalmente nefastos". También intervinieron ayer contra el proyecto el diputado centrista García Agudín y el vasco Andoni Monforte. La defensa del proyecto corrió a cargo del portavoz del Grupo Socialista, Javier Sáez Cosculluela.