El Tribunal de Cuentas descubre irregularidades en contrataciones públicas de adjudicación directa

Obras por valor de unos 4.000 millones de pesetas han sido contratadas irregularmente por diversos organismos de la Administración en los últimos ejercicios, según ha puesto de manifiesto el Tribunal de Cuentas. Las irregularidades, que han aparecido en la fiscalización de determinados contratos del Estado por el alto tribunal, afectan a la Dirección General de Carreteras, al Instituto Español de Oceanografía y al organismo autónomo Aeropuertos Nacionales.En una fiscalización efectuada sobre contratos realizados por la Dirección General de Carreteras en 1982, dentro de un programa extraordinar...

Obras por valor de unos 4.000 millones de pesetas han sido contratadas irregularmente por diversos organismos de la Administración en los últimos ejercicios, según ha puesto de manifiesto el Tribunal de Cuentas. Las irregularidades, que han aparecido en la fiscalización de determinados contratos del Estado por el alto tribunal, afectan a la Dirección General de Carreteras, al Instituto Español de Oceanografía y al organismo autónomo Aeropuertos Nacionales.En una fiscalización efectuada sobre contratos realizados por la Dirección General de Carreteras en 1982, dentro de un programa extraordinario de inversiones públicas aprobado por el Gobierno para generar empleo mediante la realización de pequeñas obras, el Tribunal de Cuentas ha estudiado adjudicaciones directas, sin concurso público, por un importe de 3.225 millones de pesetas.

La alta magistratura, tras analizar las disposiciones legales en que se sustentan estas adjudicaciones de la Dirección General de Carreteras y los costes adicionales que suponen para el erario público, "recomienda para lo sucesivo que, cuando fuera necesaria, por circunstancias coyunturales en el empleo, la formación y actuación de tales programas, la adjudicación de los distintos proyectos que los integran debería realizarse mediante concurso público, en cuya resolución habría de tenerse en cuenta ponderadamente, junto con la importancia económica de la proposición de cada licitador, el número de puestos de trabajo que se compromete a ocupar, así como el importe total de los contratos adjudicados a cada empresario, con objeto de evitar la acumulación de adjudicaciones en un mismo contratista que hiciera temer el incumplimiento o la ejecución defectuosa de los contratos celebrados con el mismo".

Otro de los contratos examinados por el Tribunal de Cuentas es el celebrado entre el Instituto Español de Oceanografía y la empresa Huarte para la construcción, por un importe de 113 millones de pesetas, de un centro costero en Fuengirola (Málaga).

Reconocida urgencia

En este caso, la adjudicación directa, sin concurso, se basa en la apreciación de "reconocida urgencia" por parte del Ministerio de Agricultura. El Tribunal de Cuentas estima que la ley de Contratos del Estado requiere algo más que la simple apreciación de urgencia por parte de un ministerio para que se pueda proceder a una adjudicación directa.La tardanza de tres años en la realización de la citada obra pone también en duda el que no se hubiera podido esperar a los resultados de un concurso público, de acuerdo con la ley de Contratos del Estado, y se procediera a la adjudicación directa.

El Tribunal de Cuentas afirma que la infracción de la citada ley en este caso ha supuesto "grave perjuicio para el interés público, si bien no puede éste cuantificarse económicamente a los efectos de perseguir posibles responsabilidades pecuniarias".

Finalmente, el Tribunal de Cuentas ha estudiado una contratación de carretillas portaequipajes para Barajas, por un valor de unos 16 millones de pesetas, por parte del organismo autónomo Aeropuertos Nacionales. En este caso, se hizo primero un concurso público, que se adjudicó, en concurrencia con otras firmas, a Camas Astarburuaga. Posteriormente, y observándose que la cantidad adquirida resultaba insuficiente, se adjudicó directamente a la misma empresa, sin convocar concurso alguno, una partida similar a la ya suministrada.

El Tribunal de Cuentas entiende que este fraccionamiento y la adjudicación directa de a contratación infringen la legalidad y provoca perjuicios al interés público, aunque, como en el caso anterior, no puede cuantificarse económicamente a los efectos de perseguir posibles responsabilidades pecuniarias.