Los jueces donostiarras recuerdan a la policía su deber de ayudarles a esclarecer las torturas
La junta de jueces de San Sebastián, que integran los seis titulares de ese partido judicial, ha acordado dirigirse al gobernador civil de la provincia para recordarle el deber que tienen los organismos policiales de colaborar con la Justicia en el esclarecimiento de las diligencias incoadas por presuntos malos tratos a detenidos sometidos a la Ley Antiterrorista.Los jueces advierten sobre las responsabilidades penales en que incurren los responsables del incumplimiento de dicho deber.
En el escrito se recuerda que han sido varias las ocasiones en que el médico forense, personado por or...
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La junta de jueces de San Sebastián, que integran los seis titulares de ese partido judicial, ha acordado dirigirse al gobernador civil de la provincia para recordarle el deber que tienen los organismos policiales de colaborar con la Justicia en el esclarecimiento de las diligencias incoadas por presuntos malos tratos a detenidos sometidos a la Ley Antiterrorista.Los jueces advierten sobre las responsabilidades penales en que incurren los responsables del incumplimiento de dicho deber.
En el escrito se recuerda que han sido varias las ocasiones en que el médico forense, personado por orden judicial en las dependencias policiales, o de la Guardia Civil, no ha podido proceder al reconocimiento d e los detenidos, al comunicársele que éstos se hallan "en servicios especiales", o que se estaba realizando con ellos alguna diligencia fuera del establecimiento.
"No ofrece duda alguna la competencia de los magistrados-jueces de instrucción sobre los supuestos de posibles torturas o malos tratos a detenidos en este partido judicial, sea cual fuere la causa de la detención.
Por consiguiente, ninguna duda existe sobre su competencia exclusiva para ordenar el reconocimiento médico-forense, siendo en todo caso exigible la máxima colaboración".
La misma junta decidió elevar ante el ministro de Justicia su "máxima preocupación" por el contenido del proyecto de ley de habeas corpus, o asistencia letrada al detenido, que el Gobierno ha remitido al Congreso.
En él se atribuye a los jueces centrales de instrucción la competencia de esta asistencia cuando se trate de detenidos en aplicación de la Ley Antiterrorista.
Los jueces de Guipúzcoa reafirman en su escrito que "el principio de que nadie puede ser sustraído a sus jueces naturales es consustancial a la configuración de un Estado democrático de Derecho".