CNT de Cataluña critica la línea de defensa seguida en el 'caso Scala' en 1980
El Comité Regional de Cataluña de la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT) hizo ayer una crítica a los abogados que, en enero de 1980, asumieron la defensa de los inculpados en el atentado perpetrado en 1978 contra la sala de fiestas Scala, de Barcelona, en el que murieron cuatro trabajadores. En este proceso fueron condenadas seis personas.
El comité asegura que en el juicio debió hacerse una defensa política de los inculpados, denunciando el montaje policial y la trayectoria del confidente policial Joaquín Gambín Hernández, presuntamente relacionado con el suceso, quien se ...
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El Comité Regional de Cataluña de la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT) hizo ayer una crítica a los abogados que, en enero de 1980, asumieron la defensa de los inculpados en el atentado perpetrado en 1978 contra la sala de fiestas Scala, de Barcelona, en el que murieron cuatro trabajadores. En este proceso fueron condenadas seis personas.
El comité asegura que en el juicio debió hacerse una defensa política de los inculpados, denunciando el montaje policial y la trayectoria del confidente policial Joaquín Gambín Hernández, presuntamente relacionado con el suceso, quien se encontraba huido en el momento de celebrarse el juicio. En opinión de los portavoces de la CNT, la defensa fue sobre todo jurídica, con una referencia leve sobre Gambín.
Los portavoces de la organización anarcosindicalista recalcaron ayer en una conferencia de prensa que la responsabilidad de que no se hubiese adoptado una defensa política recae no sólo sobre los letrados, sino también sobre el Comité Nacional de la organización y sobre el tribunal, que rechazó todo tipo de pruebas en ese sentido.
El Comité Regional de la CNT ha examinado la situación actual del caso Scala -cuya reapertura fue recientemente ordenada por el juez- y estima que la última polémica en torno al caso se desencadenó al coincidir tres hechos: el relevo en el cargo de José María Gil-Albert como fiscal general del Estado; la detención casual del confidente Gambín en Valencia, en enero de 1981, y la detención de Emilio Jesús Fortes Gil en Roma. Los portavoces anarquistas aseguraron que con la separación de Gil-Albert de su cargo se había acelerado la investigación del caso, mientras que la detención de Fortes Gil, y el hecho de que se haya decretado su extradición, han provocado una campaña en favor de la revisión del sumario, que se hará efectiva el próximo 15 de diciembre, cuando comparezca Joaquín Gambín ante el tribunal.
Luis Andrés Edo, en nombre del sindicato, asumió una serie de contradicciones que se dieron en el seno de la organización y que posibilitaron la infiltración en ella del confidente Gambín.