La fuga de la justicia

El desfase entre la organización judicial y las necesidades de la sociedad española ha llegado, en opinión del autor de este artículo, a una situación límite. Muchos usuarios potenciales de la justicia, señala, renuncian a ejercer sus derechos, y la crisis de confianza que afecta a la institución salpica a todos, entre otros, a los abogados mismos. En resumen, pide una clara opción presupuestaria, medidas que pongan en cuestión el sistema punitivo y, sobre todo, los mecanismos de cooptación para el ingreso en la Magistratura.

Es ya un lugar común aceptar la crisis de confianza qu...

El desfase entre la organización judicial y las necesidades de la sociedad española ha llegado, en opinión del autor de este artículo, a una situación límite. Muchos usuarios potenciales de la justicia, señala, renuncian a ejercer sus derechos, y la crisis de confianza que afecta a la institución salpica a todos, entre otros, a los abogados mismos. En resumen, pide una clara opción presupuestaria, medidas que pongan en cuestión el sistema punitivo y, sobre todo, los mecanismos de cooptación para el ingreso en la Magistratura.

Es ya un lugar común aceptar la crisis de confianza que se produce en relación a la Administración de Justicia española. Esta situación es tan obvia, y tan grave, que ha llegado hasta reconocerse por la tediosa literatura ministerial. Añadamos que lo que aquí se da por sentado no es esencial ni primordialmente la falta de confianza en las personas, sino en la ineficaz organización judicial.Claro es que al ser esta crisis de confianza de carácter institucional alcanza, fundamentalmente, a quienes tienen por función la de impartir justicia, pero en ningún caso se ven excluidos de sus consecuencias los demás estamentos o profesionales que, de una u otra forma, tienen su suerte encadenada a la de la organización judicial. Es el caso de los abogados que para resolver los asuntos ante la Administración de Justicia se encuentran con el problema de su atraso y lentitud, cuando en las relaciones entre profesionales y terceros lo que juega fundamentalmente es la oferta de servicios rápidos, eficaces y precisos. Y es lógico que sea así, por que la naturaleza de la vida social de nuestros días tiende a excluir las prestaciones inciertas, diferidas en el tiempo y de resultado ambiguo.

Empezando por el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial, todos proclamamos como ideal de nuestra lucha el imperio de la justicia. Sin embargo, quienes más responsabilidades políticas han asumido no logran realizar el ideal de una justicia eficaz y rápida y seguimos pidiendo y administrando justicia metidos en el expediente, con esa caricatura de justicia que se arrastra a través de hojas y papel timbrado, utilizando los mismos instrumentos -cuando no mentalidades- de hace un siglo. Y así, apenas logramos al cabo de un pleito interminable, en un fallo moroso, el reconocimiento formal de lo justo, sin que esta justicia, o remedo de tal, conforme a nadie. .

Recuperar el prestigio perdido

El desfase entre la organización judicial y las necesidades de la sociedad española ha llegado a una situación límite. Hasta el punto de que cada vez va a ser más difícil recuperar el inmenso prestigio perdido por la institución y su servicio público, básicos en un Estado democrático. Y si no que se lo pregunten a muchos potenciales usuarios de la justicia, que prefieren -si no disponen de medios económicos- renunciar al reconocimiento de sus propios derechos antes de recurrir a una justicia cara y costosa o, si son las grandes compañías económicas, prefieren dirimir sus conflictos jurídicos civiles fuera del campo de la justicia.

Los remedios para evitar esta auténtica fuga de la justicia ya se conocen: una clara opción presupuestaria -aun a costa de otras- para dotar a la justicia de medios instrumentales y personales. Pero, como todo no es cuestión de medios, también habría que tomar medidas que pusieran en cuestión el actual sistema judicial, sobre todo el punitivo. Empezando por los mecanismos de cooptación para el ingreso en la Magistratura, que, en general, no corresponden a cualidades profesionales adecuadas ni a sistemas de valores distintos de los tan contestados signos tradicionales base de las reglas de cooptación.

es abogado.