La Audiencia de Barcelona aboga por el control administrativo de los dentistas

Un tribunal de Barcelona ha condenado a un. dentista de 88 años y a su ayudante, que no tenía título profesional, a siete meses de prisión y 100.000 pesetas de multa por un delito de intrusismo. En su sentencia, la sección primera de lo penal de la Audiencia Provincial de Barcelona critica duramente a la Administración central por no controlar esta rama de la sanidad colectiva.Los hechos, sentenciados el pasado 30 de noviembre, se remontan a 1977, cuando el médico-odontólogo Joaquín Piza Roca, de 88 años de edad, decidió instalar tres clínicas de estomatología en las localidades de Barcelona, ...

Un tribunal de Barcelona ha condenado a un. dentista de 88 años y a su ayudante, que no tenía título profesional, a siete meses de prisión y 100.000 pesetas de multa por un delito de intrusismo. En su sentencia, la sección primera de lo penal de la Audiencia Provincial de Barcelona critica duramente a la Administración central por no controlar esta rama de la sanidad colectiva.Los hechos, sentenciados el pasado 30 de noviembre, se remontan a 1977, cuando el médico-odontólogo Joaquín Piza Roca, de 88 años de edad, decidió instalar tres clínicas de estomatología en las localidades de Barcelona, Terrassa y Santa Coloma de Gramenet, poniendo al frente de ellas a Juan Valero Codina, sin ningún título profesional, con quien se repartían los beneficios.

El Colegio Nacional de Odontólogos, al tener conocimiento de estos hechos, instó una serie de acciones judiciales ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, que culminaron a mediados del pasado mes de noviembre, cuando el dentista y su colaborador se sentaron en el banquillo de los. acusados, procesados los dos por un delito de intrusismo.

Mientras el ministerio público reclamaba para cada uno de los acusados la pena de siete meses de prisión y 100.000 pesetas de multa, la acusación particular, mantenida en nombre del Colegio de Odontólogos, reclamaba seis años de prisión y una indemnización de dos millones de pesetas en favor del Colegió Profesional. La sentencia decidido ahora condenar al médico y a su. colaborador, por un delito de intrusismo, a siete meses de prisión e: imponerles una multa de 100.000 pesetas.

Crítica de la estructura social sanitaria

Al dictar la resolución, los magistrados critican duramente la estructura social sanitaria del país, que permie estas situaciones, y asegura que la titulación universitaria del anciano no es ningún paliativo, ya que fue utilizada como "un reclamo publicitario", constituyendo "una ofensa a la salud colectiva", ya que "no curan al ciudadano los documentos administrativos, sino la ciencia encarnada en los hombres que la obtienen".

En el último considerando de la sentencia los magistrados recalcan "el peligro que supone para la sociedad. el que funciones tan trascendentes, como las de médicos dentistas, no estén dotados por el poder de las garantías de capacidad necesarias para ello; indotados que proliferan, sobre todo, por culpa de la incuria de dicho poder sobre un aspecto de la sanidad colectiva".