Rebrota la polémica en Italia sobre los 'arrepentidos'
El fiscal del proceso que se desarrolla en Milán contra Marco Barboni, militante arrepentido de las Brigadas Rojas y confeso del asesinato del subdirector de Corriere della Sera, Walter Tobagi, ha pedido la libertad del acusado. Esta petición ha suscitado una gran conmoción en Italia y ha intensificado la polémica sobre la extensión de las leyes relativas a los arrepentidos a otros sectores.
El tema de las leyes sobre los arrepentidos es un debate que desde hace tiempo apasionabo sólo a juristas, sociólogos y psicólogos, sino también a la gente de ...
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El fiscal del proceso que se desarrolla en Milán contra Marco Barboni, militante arrepentido de las Brigadas Rojas y confeso del asesinato del subdirector de Corriere della Sera, Walter Tobagi, ha pedido la libertad del acusado. Esta petición ha suscitado una gran conmoción en Italia y ha intensificado la polémica sobre la extensión de las leyes relativas a los arrepentidos a otros sectores.
El tema de las leyes sobre los arrepentidos es un debate que desde hace tiempo apasionabo sólo a juristas, sociólogos y psicólogos, sino también a la gente de la calle, porque acaba de aprobarse en el Parlamento otra ley sobre esta nueva figura jurídica, ahora aplicada a los constructores ilegales de viviendas. A quienes confiesen sus pecados y paguen una multa quedan libres del delito.
El problema que ha planteado en su último número el semanario Panorama es que Italia corre el riesgo de enterrar el sentido de legalidad del Estado para autoprotegerse. En los años sangrientos del terrorismo se sirvió de la ley de los arrepentidos, que otros llaman de los delatores, para suplir la ineficacia del Estado. Y acaban volviendo a la calle, en libertad, gente que ha confesado públicamente uno o varios asesinatos.
Y en los mo mentos de crisis económica, para suplir también un déficit público, se ha servido de las leyes del llamaddo perdón global. Así nació la ley del perdón fiscal en 1982 y de los seguros sociales en 1983, sobre todo para las empresas que no habían pagado los seguros a sus trabajadores. Y ahora la nueva ley sobre constructores ilegales arrepentidos, que supondrá para las arcas del Estado más de un billón de pesetas. "Es el triunfo de la ilegalidad a nivel masivo", ha escrito Stefano Rodotal constitucionalista,