El Grupo Popular anuncia un recurso 'previo' contra la ley del aborto, que impediría su entrada en vigor en 1983

El proyecto de ley de despenalización del aborto, dictaminado ayer por la Comisión de Justicia del Congreso, no entrará en vigor este año si se cumple el anuncio hecho por el portavoz del Grupo Popular, José María Ruiz Gallardón, quien aseguró a EL PAÍS que su grupo planteará recurso previo de inconstitucionalidad, lo que significa la suspensión de la tramitación de la futura ley, que, de no mediar dicho recurso, podría comenzar a aplicarse antes de final de año. La Comisión de Justicia rechazó ayer todas las enmiendas de la oposición.

En un descanso de las sesiones de mañana y tarde ce...

El proyecto de ley de despenalización del aborto, dictaminado ayer por la Comisión de Justicia del Congreso, no entrará en vigor este año si se cumple el anuncio hecho por el portavoz del Grupo Popular, José María Ruiz Gallardón, quien aseguró a EL PAÍS que su grupo planteará recurso previo de inconstitucionalidad, lo que significa la suspensión de la tramitación de la futura ley, que, de no mediar dicho recurso, podría comenzar a aplicarse antes de final de año. La Comisión de Justicia rechazó ayer todas las enmiendas de la oposición.

En un descanso de las sesiones de mañana y tarde celebradas por la comisión citada, Ruiz Gallardón manifestó a este periódico que "en todo caso, el recurso que presentemos ante el Tribunal Constitucional será el previo". Al recordársele que Manuel Fraga no concretó en el debate de totalidad celebrado el 25 de mayo en el pleno del Congreso cuál de los recursos posible se plantearía contra la despenalización del aborto -el previo o el de inconstitucionalidad, una vez que la ley ya estuviera en vigor- Ruiz Gallardón contestó: "Pues ahora se lo digo yo, plantearemos el previo".La principal consecuencia de esta medida, caso de confirmarse, sería que se paralizaría la tramitación de la ley, como ocurrió en el caso de la LOAPA. En principio, la intención del grupo parlamentario de AP-PDP-UL es interponer ,el recurso una vez que el proyecto de ley haya sido aprobado por el Senado. Según cálculos solventes, el texto legislativo dictaminado ayer por la Comisión de Justicia será aprobado por el pleno del Congreso en octubre próximo y por el Senado en noviembre, por lo que podría entrar en vigor antes de fin de año.

La suspensión del trámite parlamentario a causa de la interposición del recurso previo, aún contando con una sentencia del Tribunal Constitucional favorable al texto del proyecto de ley, impediría que el texto legislativo fuera sometido a la sanción real y posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado hasta el año próximo. El período de tiempo que tardaría el Tribunal Constitucional en emitir su sentencia no es facilmente calculable, pero fuentes próximas al alto tribunal hicieron notar la gran cantidad de trabajo que se acumula sobre el mismo, que dificulta una resolución rápida.

Bandrés pide una ley más progresista

La primera reacción socialista a esta iniciativa fue la del portavoz del grupo, Javier Saénz de Cosculluela, quien mostró su incredulidad y manifestó que "Io normal es que utilice el recurso ordinario en lugar del previo". Por otra parte, al comienzo de la sesión, el presidente de la comisión, Pablo Castellano, comunicó que se habían recibido 566.883 cartas pidiendo que se garantice el derecho a la vida mediante la penalización de la interrupción del embarazo, que anunció que trasladaría a la presidencia de la Cámara.

El diputado de Euskadiko Ezkerra (EE), Juan María Bandrés, calificó el proyecto de ley de tímido e insuficiente en relación con la regulación existente en los países civilizados del mundo. Teniendo en cuenta lo que denominó "el huracán de la derecha reaccionaria española" frente al mismo, señaló que hubiera podido ser "un poco más valiente, ya que el Gobierno ha pagado el precio de una buena ley y ha presentado una mediocre". Acusó la propaganda de esta derecha que difunde entre la gente sencilla que el aborto va a ser obligatorio. Y en defensa de su enmienda solicitó plena libertad de la mujer para abortar en las primeras 18 semanas de embarazo, tiempo suficiente, acreditado científicamente para. que sea imposible la vida del feto independiente del cuerpo de la mujer.

Solicitó también la posibilidad de objeción de conciencia de los médicos y personal sanitario, "siempre que dicha objeción sea sincera y completa, es decir, en la medicina pública y en la privada".

En definitiva, solicitó una ley más progresista.

El socialista Carlos López Riaño contestó que el PSOE no había llevado el proyecto de ley a la Cámara "por vanguardismo, sino tras una honda reflexión del colectivo socialista que condujo a un planteamiento electoral que obtuvo el respaldo mayoritario del pueblo". Añadió que con la ley a debate se pretende que nos alejemos de la actual concepción del Código Penal, que distingue, a efectos de la pena, entre aborto con consentimiento y sin él, lo que prueba que no prima el principio del derecho a la vida, sino una filosofía confusa en la que se contempla, por ejemplo, una fuerte disminución de la pena para las mujeres que aborten "para ocultar su deshonra". Estimó que la despenalización en los tres casos previstos por el proyecto de ley se hace por razones de urgencia, hasta tanto se acometa la reforma global del Código Penal.

El diputado del Grupo Popular Manuel Díaz-Pinés defendió el "derecho de nacer" y la condición de "descendiente" para el nasciturus, y mezcló las referencias al "espíritu de Solís -a propósito del lema del político franquista "menos latín y más deporte"- con citas de Julián Marías y de científicos como Nathamsen y Lejeune. Su intervención, en la que habló también de "cementerios de fetos", y que remató con la frase "quien a aborto mata, a eutanasia muere", fue calificada de "macabra" por la socialista María Dolores Pelayo, quien aseguró que el proyecto de ley puede defenderse ética y estéticamente.

Arbitraje del Tribunal Constitucional

Ruiz Gallardón y el democristiano de Minoría Catalana Joaquín Xicoy coincidieron en un rechazo global del proyecto de ley y en la invocación de la futura resolución del Tribunal Constitucional. En cambio, mientras que Xicoy mantuvo que los acuerdos internacionales son favorables a considerar el aborto delito, Ruiz Gallardón reconoció que los tratados internacionales no son el apoyo "más brillante" con que cuentan los antiabortistas.

El socialista Antonio Sotillo negó que del debate constitucional se deduzca una interpretación unívoca en contra de la posibilidad constitucional de la despenalización del aborto. Recordó en concreto la sentencia del Tribunal Constitucional alemán que establece el derecho a la vida a la vez que la primacía de determinadas circunstancias, como las que contiene el proyecto de ley.

Tanto las enmiendas que proponían la supresión como las que pretendían modificaciones en el proyecto gubernamental, fueron rechazadas por la mayoría socialista.