UGT y AP obligan a Saavedra a rectificar un decreto sobre funcionarios en Canarias

El presidente del Gobierno autónomo canario, Jerónimo Saavedra, del PSOE, ha decidido revisar un reciente decreto suyo por el que se aprobaba el reglamento de la Inspección General de Servicios de la Administración de la comunidad autónoma, el cual había provocado una dura protesta de la federación de servicios públicos de UGT y de la oposición en el Parlamento regional, por entender que la figura de inspector general quedaba revestida de excesivos poderes de control, vigilancia y promoción de los funcionarios, lo que podía favorecer el clientelismo político.

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El presidente del Gobierno autónomo canario, Jerónimo Saavedra, del PSOE, ha decidido revisar un reciente decreto suyo por el que se aprobaba el reglamento de la Inspección General de Servicios de la Administración de la comunidad autónoma, el cual había provocado una dura protesta de la federación de servicios públicos de UGT y de la oposición en el Parlamento regional, por entender que la figura de inspector general quedaba revestida de excesivos poderes de control, vigilancia y promoción de los funcionarios, lo que podía favorecer el clientelismo político.

El Grupo Popular llegó en sus críticas al decreto a sospechar que con el mismo se intentaba fomentar cierto "favoritismo hacia los funcionarios que militen en un determinado partido político", según declaró su portavoz en la Cámara, Francisco Marcos. Este grupo presentó una pregunta al Gobierno pidiéndole explicaciones sobre el decreto.Por su parte, la federación de servicios públicos de UGT denunció en Tenerife, a través de un comunicado, el carácter inquisitorial y decimonónico de las competencias atribuidas al citado inspector, que, en su opinión, violan lo establecido en la Constitución en cuanto al régimen funcionarial y a la carrera administrativa. Dicho sindicato, que entendió que el presidente había podido ser sorprendido por algún asesor en su buena fe, descalificó el procedimiento creado mediante dicho decreto para la promoción y los ascensos de los funcionarios, al estimar que el mismo carecía de objetividad e imparcialidad.

Entre las competencias del polémico inspector general de servicios destaca la de "redactar la nota confidencial de calificación de los distintos funcionarios en la que consten los datos y antecedentes que puedan reunirse con el mayor celo y con carácter fidedigno acerca de los merecimientos, y muy singularmente de sus especiales aptitudes para servir en determinados ramos y puestos de la Administración", según el citado decreto. Esta función desborda, según UGT y las fuerzas políticas de oposición, el papel de un órgano como el que se crea ahora. El portavoz de Izquierda Canaria en el Parlamento, Oswaldo Brito, interpeló al Gobierno sobre la cuestión, y el diputado Fernando Fernández, del CDS, definió la figura de dicho inspector como la de un comisario político.

El decreto 324/1983 de la presidencia había sido publicado el pasado día 12 en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias. La citada federación de servicios públicos de UGT exigió la derogación del mismo, anunciando que de lo contrario recurriría al defensor del pueblo. El propio portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento autónomo, Augusto Brito, afirmó que, si bien compartía la necesidad de un control de la función pública, deberían ser corregidos los aspectos del decreto que no supusieran una actuación objetiva. En otro decreto posterior de la presidencia se había convocado, incluso, el concurso de méritos para cubrir la plaza de inspector general de los servicios de la Administración autonómica.

El presidente del Gobierno canario, Jerónimo Saavedra, se ha hecho ahora eco de las críticas y ha anunciado, a través de su gabinete de Prensa, la revisión del conflictivo decreto "en la línea de desposeer a la normativa de aquellos elementos subjetivos que en ella pudieran contenerse".