Los proyectos prioritarios del Gobierno

Inminente anuncio de un programa de cambio y modernización de las estructuras económicas y sociales

España puede cambiar más en los próximos seis meses que en los últimos cinco años. El presidente del Gobierno, Felipe González, convocará a primeros de junio en la Moncloa a los principales interlocutores económicos y sociales y les invitará formalmente, con papeles y proyectos concretos sobre la mesa, a concertar una total remoción de las estructuras del país (Administración, Seguridad Social, mercado de trabajo, sistema financiero, reconversión industrial y reindustrialización, reconversión agraria, etcétera). La audiencia del presidente trascenderá su propio significado y se convertirá en u...

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España puede cambiar más en los próximos seis meses que en los últimos cinco años. El presidente del Gobierno, Felipe González, convocará a primeros de junio en la Moncloa a los principales interlocutores económicos y sociales y les invitará formalmente, con papeles y proyectos concretos sobre la mesa, a concertar una total remoción de las estructuras del país (Administración, Seguridad Social, mercado de trabajo, sistema financiero, reconversión industrial y reindustrialización, reconversión agraria, etcétera). La audiencia del presidente trascenderá su propio significado y se convertirá en un llamamiento a la colaboración de todos en la superación de la crisis y en la modernización del país, y en el punto de partida para la remisión a las Cortes de innumerables proyectos legislativos y para la adopción de medidas concretas, ultimadas durante el primer semestre.

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La tiranía del tiempo, que juega en contra de los proyectos del Gobierno de lograr una transformación y modernización de la sociedad española a lo largo de la presente legislatura, va a obligar a la Administración y a los parlamentarios a una actividad febril en meses inmediatos. No se puede perder 1984, y para ello hay que tener diseñadas muchas de las transformaciones apuntadas antes de septiembre, fecha en que se remitirán a las Cortes los proyectos de ley de Presupuestos Generales del Estado y de la Seguridad Social para el ejercicio próximo, y tener aprobadas antes de finales de año otra serie de disposiciones y medidas.Las distintas mesas de concertación, que tratarán aspectos concretos, tendrán también que imprimir rapidez a sus trabajos para no frenar los proyectos del Gobierno o hacer inviable la adopción por acuerdo de las diversas medidas. Fuentes de la Administración, no obstante, han precisado con claridad que no van a consentir que la planificación concertada se convierta en una especie de nuevos pactos de la Moncloa. El Gobierno, aseguran, no va a hacer dejación de sus propias responsabilidades.

Al margen de una aproximación a un cuadro macroeconómico para los cuatro próximos años, que fundamentalmente podría consistir en relacionar proporcionalmente los distintos índices (salarios en función de inflación, déficit en función del producto interior bruto, etcétera), la concertación girará fundamentalmente sobre el mercado de trabajo, Seguridad Social o temas sectoriales muy concretos.

Las principales transformaciones proyectadas por el Gobierno, según la información recogida en los últimos días por este diario, son, en síntesis, las siguientes:

Planificación. El Gobierno aprobará en las próximas semanas el cuadro macroeconómico para 1984 y discutirá el primer borrador de la planificación diseñada para la legislatura, cuyos trabajos concluyen esta misma semana. Se trata de un preplán, consistente en 20 informes concretos, de 40 folios cada uno, en los que se hace diagnosis de los distintos temas (reconversión industrial, Seguridad Social, etcétera) y se exponen las distintas alternativas que cabe adoptar frente a los problemas detectados y de cara al futuro. El Gobierno deberá decidir en cada tema entre las distintas alternativas del preplán a la vista de su grado de idoneidad, costes económicos, políticos o sociales.

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Reforma del sistema financiero. Está prevista para el segundo semestre de 1983 y se articula en tres grandes ejes: a) reforma del crédito cooperativo (cajas rurales), sometiendo a estas entidades a una doble supervisión, del Ministerio de Economía (gestión financiera) y del Banco de Crédito Agrícola (salvaguarda de que se destine al campo financiación suficiente y no se desvíen recursos a otras actividades); b) nuevas normas de control y supervisión de los coeficientes de inversión del sector bancario para simplificar y ordenar la situación actual y, al mismo tiempo, financiar actividades básicas, tales como exportación, bienes de inversión y capital de riesgo, y c) nueva regulación de los órganos rectores de las cajas de ahorro (para dar entrada a Ayuntamientos, Diputaciones y comunidades autónomas); asimismo se estudia la implantación de una especie de fondo de garantía de depósitos, parecido al de los bancos, para estas entidades.

Otras reformas financieras. Más allá del segundo semestre de este año, el Gobierno procederá a una nueva regulación de los intermediarios financieros, fondos y sociedades de inversión. A una reforma del mercado bursátil.

Reforma fiscal. El Gobierno quiere completar la reforma fiscal. Está prácticamente ultimado un decreto sobre estimación objetiva singular, y en los próximos meses -antes del verano- habrá un nuevo impuesto sobre el patrimonio, una nueva regulación sobre sucesiones, un nuevo proyecto del impuesto sobre el valor añadido (entrará en vigor antes del 1 de enero de 1985, independientemente de que estemos o no en la CEE), y una ley de tasas parafiscales. Se estudia una regulación de sanciones e infracciones tributarias, que contemplará también pagos de intereses por parte del contribuyente o la Administración cuando no se cumplan los plazos por una u otra parte (ingresos o devoluciones).

Fiscalidad y autonomías. También a corto plazo se enviará a las Cortes una ley del fondo de compensación, una ley general de cesión de tributos y leyes particulares relativas a cada una de las comunidades autónomas (desaparece la sección 32 de los presupuestos, en la que se englobaban los; entes territoriales).

Reconversión industrial. Estará culminada la del sector siderúrgico y la de los astilleros dentro de este año, para que en 1986 se encuentren trabajando con la capacidad de producción que se estima óptima. La rapidez de este proceso permitirá reasignar recursos para apoyar sectores de futuro.

Energía. Se va a desarrollar en los próximos días el acuerdo de nacionalización de la red primaria de transporte de energía eléctrica. Está muy avanzada la reordenación del sector de hidrocarburos con el traspaso de: la red de distribución del Patrimonio del Estado, a Campsa, y con el inminente acuerdo sobre la operación con el sector privado.

Industria. En pocos días saldrá a la luz un libro blanco con el que se pretende propiciar un gran debate sobre las grandes líneas de política de reestructuración, que será previo a una ley de reconversión. Este debate estará ligado con temas de flexibilidad de mercado de trabajo, reforma de la Seguridad Social y asignación de recursos financieros.

Empresas públicas. Se va a analizar en profundidad su situación financiera y su viabilidad. Se trata de saber si lo que están produciendo con pérdidas no lo produce la iniciativa privada, y que sea el Gebierno quien, atendiendo a costes sociales, políticos o económicos, tome la decisión de que continúen, se reconviertan o se cierren.

Reconversión agraria. Las pasadas pueden haber sido las últimas negociaciones anuales de precios agrarios. Se han iniciado las negeciaciones de un plan a medio plazo de ordenación de producciones y política de precios, que se está concertando con las principales organizaciones agrarias y con la industria relacionada con el sector. Es un plan ambicioso en que se recogen incluso líneas de financiación, que va a colocar la agricultura -que es sector de futuro- en óptimas condiciones de cara a la integración en la CEE. En junio, por otra parte, se enviará a las Cortes un proyecto de ley de representación agraria en las instituciones, otra de cultivos marinos, un estatuto de la explotación familiar agraria, nuevas reglamentaciones sobre el código alimentario y sobre sanidad animal.

Transportes y comunicaciones. Revisión este mismo año de la legislación de infracciones y sanciones del transporte por carretera (para combatir la piratería); se ultima un estatuto para la Caja Postal de Ahorros, y la próxima semana entrará en vigor el código postal. Para 1984 está previsto remitir a las Cortes una ley de ordenación de transportes por carretera, una ley de ordenación de la marina mercante, el plan general ferroviario y un plan de ordenación de aeropuertos (con cierre o transferencia a Ayuntamientos y comunidades autonómas de muchos de los existentes).

Turismo. Se está preparando una ley de ordenación turística relacionada con las transferencias que sobre esta actividad se van a hacer a las autonomías.

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