El ayuntamiento gana un pleito a Coplaco sobre la construcción de un edificio
La sala cuarta del Tribunal Supremo ha confirmado la suspensión de una licencia de obras concedida, por la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana (Coplaco) y denegada por elAyuntamiento de Madrid para un edificio de la calle Santa Engracia, número 48. La Gerencia, Municipal de Urbanismo ha ganado el pleito a Coplaco, cuando el edificio está ya terminado y ocupado por la congregación de las religiosas esclavas.
La licencia de obras del edificio fue concedida por Coplaco el 3 de octubre de 1979, pero el alcalde la suspendió el 11 de abril de 1980 por ser contraria ...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
La sala cuarta del Tribunal Supremo ha confirmado la suspensión de una licencia de obras concedida, por la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana (Coplaco) y denegada por elAyuntamiento de Madrid para un edificio de la calle Santa Engracia, número 48. La Gerencia, Municipal de Urbanismo ha ganado el pleito a Coplaco, cuando el edificio está ya terminado y ocupado por la congregación de las religiosas esclavas.
La licencia de obras del edificio fue concedida por Coplaco el 3 de octubre de 1979, pero el alcalde la suspendió el 11 de abril de 1980 por ser contraria al planteamiento urbanístico vigente. El abogado del Estado recurrió, en nombre de Coplaco, contra el decreto de la alcaldía y la Audiencia Territorial de Madrid levantó la suspensión ordenada por el ayuntamiento.
Tres años más tarde, cuándo el edificio está terminado y ocupado por la congregación de las religiosas esclavas, el Tribunal Supremo ha anulado definitivamente esa licencia de construcción por considerar que el acuerdo del alcalde estuvo ajustado a derecho.
Encierro en el ayuntamiento
Emilio García Horcajo, responsable de personal del Ayuntamiento de Madrid, se negó ayer a entrevistarse con 30 ex trabajadores de Cemesa, empresa concesionaria para los servicios de retirada de vehículos, quienes fueron despedidos en agosto del pasado año, tras rescindirse la concesión a la citada empresa. La Magistratura de Trabajo absolvió a Cemesa de cualquier responsabilidad y resolvió en firme que veinte de estos trabajadores fueran restituidos en sus puestos y ordenó al ayuntamiento que a los otros diez se les pagara los atrasos mientras se resolvía su recurso, según fuentes de sus abogados. Los trabajadores se encerraron ayer en el ayuntamiento, tras la negativa de García Horcajo a entrevistarse con ellos.