La ONU sanciona la venta de armas al régimen de Pretoria

La aceptación por España de la oferta del Gobierno de Pretoria hubiera violado la resolución 418 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobada en noviembre de 1977, en la que la máxima instancia' de la ONU formuló "un llamamiento solemne" pidiendo a los Estados miembros cesar la venta o el embarque de armas, municiones y vehículos militares destinados a África del Sur, país que practica el sistema de apartheid contra la mayoría negra, condenado internacionalmente como una forma de racismo.Estas sanciones tienen carácter obligatorio y su transgresión por una empresa pública c...

La aceptación por España de la oferta del Gobierno de Pretoria hubiera violado la resolución 418 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobada en noviembre de 1977, en la que la máxima instancia' de la ONU formuló "un llamamiento solemne" pidiendo a los Estados miembros cesar la venta o el embarque de armas, municiones y vehículos militares destinados a África del Sur, país que practica el sistema de apartheid contra la mayoría negra, condenado internacionalmente como una forma de racismo.Estas sanciones tienen carácter obligatorio y su transgresión por una empresa pública como Bazán, perteneciente al Instituto Nacional de Industria (INI), hubiese valido al Gobierno español una firme condena del comité de control del embargo de armas a África del Sur, creado en virtud de la resolución 421 del año 1977 del Consejo de Seguridad de la ONU, e integrado por todos sus miembros.

España ha formado parte del mencionado comité mientras era miembro del Consejo de Seguridad, de enero de 1981 a enero de 1983, período durante el cual fue denunciada cinco veces porque alguna empresa española infringía el embargo de armas decretado contra Africa del Sur, pero nunca llegó a ser condenada.

La mayoría de estas denuncias fueron formuladas a raíz del descubrimiento de cargamentos de armas indias con destino a África del Sur pero consignadas en almacenes de la empresa Barreiros Hermanos Internacional S.A., y transportadas posteriormente en sus barcos hasta el puerto de Ciudad del Cabo.

Tal y como obligaba a hacerlo la resolución 418 del Consejo de Seguridad, el Gobierno español, entonces de UCD, ordenó a la Fiscalía General del Estado que iniciase una investigación sobre las presuntas irregularidades de Barreiros, y acabó querellándose en el verano de 1979 contra la mencionada sociedad. El juicio contra Barreiros por presunta violación del embargo sigue aún su curso.

Aquel asunto incitó al Gobierno español a crear una junta de control de la exportación de armas, la Comisión interministerial reguladora del comercio de armas y explosivos, formada por representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores, Industria, Comercio y Defensa.