Joaquín Almunia anuncia la desaparición del empleo comunitario y su sustitución por un fondo para trabajo rural

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Joaquín Almunia, anunció ayer que a partir de 1984 se instrumentará un nuevo sistema que sustituya al actual empleo comunitario. Hasta entonces se han establecido nuevas normas de control y gestión, y se han incrementado hasta 30.000 millones de pesetas (casi 6.000 millones más que en 1982) los fondos destinados al paro agrario. Las nuevas medidas hechas públicas por el ministro y el anuncio de la apertura de negociaciones entre la Administración, los sindicatos y las organizaciones patronales para el próximo día 28 han congelado momentáneamente las m...

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Joaquín Almunia, anunció ayer que a partir de 1984 se instrumentará un nuevo sistema que sustituya al actual empleo comunitario. Hasta entonces se han establecido nuevas normas de control y gestión, y se han incrementado hasta 30.000 millones de pesetas (casi 6.000 millones más que en 1982) los fondos destinados al paro agrario. Las nuevas medidas hechas públicas por el ministro y el anuncio de la apertura de negociaciones entre la Administración, los sindicatos y las organizaciones patronales para el próximo día 28 han congelado momentáneamente las movilizaciones, que ayer tuvieron incidencia similar a la de días anteriores. El Consejo Confederal de CC OO del Campo, tras un tenso y duro debate, decidió en la noche de ayer la desconvocatoria de las protestas.

El nuevo plan explicado ayer por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Joaquín Almunia, en el transcurso de una conferencia de prensa, se basa en la práctica desaparición del actual sistema de empleo comunitario y su sustitución por la creación de un denominado Fondo Rural de Empleo. La función del citado fondo será la financiación de proyectos de obras necesarias para cada región y dirigidas a absorber el paro campesino.Ello sería complementado con la entrada en vigor de un subsidio de desempleo para los trabajadores eventuales del campo. Ambas medidas, que habrán de ser sometidas a debate entre la Administración, los sindicatos y las patronales agrarias, suprimirían definitivamente el envío periódico de fondos a los gobiernos civiles para su distribución entre los jornaleros. Y tendría, de rechazo, otra consecuencia: la gestión de los fondos pasaría íntegramente a manos de la Administración, a través del Instituto Nacional de Empleo, y no dependerían ni de los gobiernos civiles ni de los ayuntamientos.

Joaquín Almunia afirmó que el censo agrario ya no resultaba necesario porque las "oficinas de empleo adquirirían con el nuevo sistema mayor relevancia". Serían estas oficinas las que suministrarían la mano de obra necesaria para la realización de los proyectos a financiar mediante el Fondo Rural de Empleo.

Control de los fondos

Hasta enero de 1984, fecha en la que entraría en vigor el nuevo sistema, el Ministerio de Trabajo ha dado instrucciones tendentes a lograr una mejor gestión y control de los fondos del empleo comunitario. En este sentido, Almunia destacó el aumento del jornal diario hasta 1.270 pesetas, la garantía de cuatro días de trabajo a la semana, la homogeneización de la jornada en seis horas y media y la recomendación de cierta flexibilidad a la hora de aplicar los criterios de unidad familiar. Según lo dispuesto, las familias que no superen los cuatro miembros no pueden recibir más de un jornal del empleo comunitario. Al mismo tiempo, el ministro anunció que se hará un esfuerzo especial de cara a fomentar la formación profesional y que se ha pedido a los organimos inversores la presentación de memorias de proyectos.

Las declaraciones del ministro se produjeron después de haber mantenido sendas entrevistas con el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y representantes del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), entre los que se encontraban Francisco Casero y Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de la localidad sevillana de Marinaleda. El presidente de la Junta extremeña informó que había solicitado al responsable de Trabajo el envío, durante 1983, de 6.000 millones con destino al paro agrario de Extremadura.

Las fincas de Rumasa

Por su parte, los líderes campesinos señalaron que las medidas adoptadas eran insuficientes, pero que habían apreciado una gran disposición por parte del actual ministro hacia la resolución del problema andaluz. Sánchez Gordillo manifestó que las movilizaciones han sido un aviso y mantendremos una tregua hasta el día 28. Si tampoco hay soluciones, procederemos a nuevas movilizaciones". Por su parte, Francisco Casero advirtió que las fincas expropiadas a Rumasa serán el punto de mira en los próximos meses. No queremos que vuelvan al sector privado, queremos que reviertan al pueblo". Para conseguir estos objetivos anunció el inicio de nuevas movilizaciones los días 29, 30 y 31 de marzo en la zona de Jerez.En la noche de ayer, el Consejo Confederal de CC OO del Campo, reunido en Sevilla, en un debate de más de cinco horas decidió desconvocar las movilizaciones, tras las nuevas medidas anunciadas por el ministro de Trabajo, informa José Aguilar. La postura más inflexible la mantuvieron representantes de Málaga, Jaén y Trebujena que consideraban insatisfactorio lo conseguido hasta ahora e insistían en la necesidad de continuar la protesta.

Tras la reunión, dirigentes sindicales salieron hacia Madrid para explicar el acuerdo a los 145 líderes campesinos encerrados en una iglesia del barrio de San Blas.

La jornada de ayer se desarrolló prácticamente en forma parecida a la del pasado lunes. Continuó el encierro de casi doscientos jornaleros del empleo comunitario en la catedral de Málaga, en el que participan representantes de unos veinte pueblos de la provincia, informa José Antonio Frías.

Unos cincuenta encerrados en la catedral pasaron la primera noche de encierro al aire libre, mientras el resto ocupó la sacristía de la iglesia. Los jornaleros, en conversaciones con personal del obispado, decidieron abandonar el templo por la noche ante ' el temor de que personas ajenas al problema aprovechen la situación para robar en su interior. Los encerrados reciben, ayuda directa del obispado, a través del Secretariado Diocesano de Solidaridad con los Parados, que les ha facilitado colchonetas, mantas y alimentos. Funciona también una caja de resistencia en la que colaboran organizaciones y empresas de la provincia.

Jornaleros de Alameda y otros pueblos vecinos realizaron ayer una marcha hacia Antequera, a 32 kilómetros, para unirse a 150 encerrados de esta localidad y participar en una concentración ante el ayuntamiento. Continúa también el encierro de un centenar de obreros acogidos al empleo comunitario en Villanueva de la Concepción y ayer iniciaron otro encierro unos sesenta jornaleros de Algatocín, en la comarca de Ronda, que, junto con El Burgo, es una de las localidades de mayor conflictividad.

También prosiguieron las acciones de los jornaleros gaditanos, y continúan los encierros de diversos grupos de trabajadores del empleo comunitario en Trebujena, Jerez de la Frontera y Puerto Serrano, según informaciones de nuestro corresponsal José Angel Bermejo. A primera hora de la tarde, otro grupo de veinticinco jornaleros se encerró en la capital de la provincia, en la sede de la diputación, y en las localidades de la sierra. En Sanlúcar de Barrameda se produjeron concentraciones a lo largo del día, exigiendo seis jornadas de trabajo comunitario.

Por lo que se refiere a Jaén, en Huelma, doscientos jornaleros permanececen encerrados en el ayuntamiento desde hace dos días, realizando asambleas y llamamientos a la población. Otros doscientos parados se concentraron también ayer frente al Ayuntamiento de Andújar y otro tanto ocurría en Belmez de la Moraleda. La situación más grave, sin embargo, se plantea, según informa José Manuel Fernández, en Jódar, con 2.000 parados y continuas manifestaciones y asambleas que obligan a paralizar prácticamente toda la actividad comercial, aunque sin incidentes de orden público.

Fuera del ámbito andaluz, en Valencia, según nuestro corresponsal Jaime Millás, el sindicato del campo de CC OO de la comarca de L'Horta ha iniciado asambleas informativas para debatir el tema del empleo comunitario. Éstas culminarán el día 22 en una asamblea general convocada en Valencia, que decidirá medidas para exigir al Gobierno los fondos necesarios que equiparen el empleo comunitario de Valencia al de otras provincias.