Querella criminal por supuesta estafa contra ex directivos de una cooperativa inmobiliaria
La actual junta rectora de la cooperativa La Familia Española interpuso en la mañana de ayer una querella criminal por los supuestos delitos de estafa, apropiación indebida y falsificación de documentos contra varios miembros de la junta rectora anterior. Entre ellos figura José García Méndez, padre del periodista deportivo José María García, quien, como avalista de. una letra de cuatro millones, se encuentra también implicado en el caso.
La cooperativa La Familia Española es la promotora de una de las actuaciones urbanísticas del polígono de Tres Cantos. Según los datos ofrecidos ayer ...
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La actual junta rectora de la cooperativa La Familia Española interpuso en la mañana de ayer una querella criminal por los supuestos delitos de estafa, apropiación indebida y falsificación de documentos contra varios miembros de la junta rectora anterior. Entre ellos figura José García Méndez, padre del periodista deportivo José María García, quien, como avalista de. una letra de cuatro millones, se encuentra también implicado en el caso.
La cooperativa La Familia Española es la promotora de una de las actuaciones urbanísticas del polígono de Tres Cantos. Según los datos ofrecidos ayer en la conferencia de prensa, en las 222 viviendas de la primera fase, sólo está realizado el 40% de la obra, sin ningún bloque terminado en su totalidad. En cuanto a la segunda fase, compuesta por 792 viviendas, ni siquiera están comprados los terrenos necesarios para su construcción. Los pisos debían entregarse a lo largo de este año. La situación actual no puede ser más dramática: los cooperativistas, familias de economía modesta en su gran mayoría, se han quedado sin el dinero entregado y sin los pisos y con el agravante de que las entidades bancarias que tienen las letras firmadas por ellos las están pasando al cobro, por lo que, si no las pagan, corren peligro de que sus bienes actuales sean embargados. En estos momentos, la cooperativa debe a las empresas constructoras y a los diversos proveedores unos seiscientos millones de pesetas, y no tiene medios económicos en absoluto para hacer frente a las deudas. La querella presentada requiere a los supuestos culpables setecientos millones en concepto de responsabilidad civil, pero el fallo de la justicia no se espera hasta dentro de varios años.
Honorarios excesivos
Cada uno de los 640 socios de la cooperativa ha pagado cantidades cercanas al millón de pesetas, unas 700.000 en metálico y el resto en letras. Enrique Olmedilla, abogado de los querellantes, explicó ayer que no sabe a ciencia cierta dónde ha ido a parar todo ese dinero, aunque en estos meses han averiguado una serie de irregularidades "escandalosas", según sus propios términos. Así, la anterior junta rectora, encabezada por José García Méndez, había contratado los servicios de asesoramiento jurídico e inmobiliario a una entidad, Central de Gestiones Inmobiliarias SA (Cegimsa) a la que se pagó veintisiete, millones de pesetas, además de otros diecinueve millones, comprobados, en concepto de gastos financieros.El director de Cegimsa es Pablo de la Torriente. Se da el caso de que, entre los años 1978 y 1979, se presentaron contra José García Méndez y Pablo de la Torriente un total de 1.684 denuncias individuales por su actuación en el famoso caso de la cooperativa Nueva Alcalá, en Alcalá de Henares, muy parecido al aquí reseñado. Los componentes de la actual junta rectora de La Familia Española presentes en la conferencia de prensa hicieron hincapié, al llegar a este capítulo, en la "asombrosa lenidad" de la Administración Central y en la falta de medios de la Administración de Justicia, que permite que personas conocidas por sus actuaciones irregulares y presuntamente fraudulentas puedan continuar sus prácticas de crear nuevas sociedades que generan nuevos casos similares.
Otro de los hechos más significativos, y que constituye una de las bases de la querella, se refiere a una supuesta práctica de falsificación de documentos: Cegimsa tenía firmado un contrato con La Familia Española en el que no se contemplaba la posibilidad de ser indemnizada por el cese de sus servicios. Sin embargo, pocos meses antes del cambio de la junta rectora, ese contrato se destruyó y se firmó otro en su lugar, con la misma fecha que el anterior, en el que sí se incluía la indemnización, que ha ascendido a otros veinticinco millones. La junta rectora elegida en diciembre se enteró del hecho porque, en una consulta con la Unión Territorial de Cooperativas, pudieron conseguir una fotocopia del contrato primigenio.