Madrid recibe 11.146 millones del Fondo de Compensación Interterritorial
La Comunidad de Madrid recibirá este año del Fondo de Compensación Interterritorial 11.146 millones de pesetas, según datos oficiales deducidos del proyecto de Presupuestos Generales del Estado del Gobierno y que debe ser sometido a la aprobación de las Cortes. La citada cantidad supone un aumento de más de 1.600 millones respecto a la dotación de 1982, año en que Madrid obtuvo 9.476 millones. La cuantía destinada a esta región es un 5,73% del fondo, que cuenta este ejercicio con una dotación global de 200.000 millones de pesetas.Madrid será la novena región más beneficiada, del total de dieci...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
La Comunidad de Madrid recibirá este año del Fondo de Compensación Interterritorial 11.146 millones de pesetas, según datos oficiales deducidos del proyecto de Presupuestos Generales del Estado del Gobierno y que debe ser sometido a la aprobación de las Cortes. La citada cantidad supone un aumento de más de 1.600 millones respecto a la dotación de 1982, año en que Madrid obtuvo 9.476 millones. La cuantía destinada a esta región es un 5,73% del fondo, que cuenta este ejercicio con una dotación global de 200.000 millones de pesetas.Madrid será la novena región más beneficiada, del total de dieciocho (incluidas Ceuta y Melilla). El aumento de las percepciones respecto al año anterior viene dado por dos circunstancias: por un lado, la participación de Madrid en las dotaciones recibidas del fondo se ha elevado en 0,47 puntos (ver El PAÍS de 22 de enero). Por otra parte, la cuantía global a repartir ha pasado de 180.000 millones en 1982 a 200.000 en 1983, según los datos hechos públicos en fecha reciente sobre el proyecto de presupuestos que ha elaborado el Gobierno.
El Gobierno socialista ha elevado la cantidad destinada al fondo en 20.000 millones, respecto al año anterior, mientras que el ejecutivo de UCD tenía prevista una reducción a 176.000 millones, derivada de las valoraciones aplicadas en las transferencias de inversiones a Cataluña, que la actual Administración se ha propuesto corregir.