La tolerancia judicial permite abortar en Bélgica

El aborto no está despenalizado en Bélgica, pero, bajo los ojos entornados y benévolos de las autoridades judiciales, se practica. Se estima que en Bélgica abortan voluntariamente entre 20.000 y 60.000 mujeres al año. La reforma de la ley sí ha abortado una y otra vez. La legislación en este tema se basa aún en el código napoleónico de 1867, que prohíbe totalmente el aborto, salvo casos extremos, bajo los delitos contra el "orden de las familias y la moral pública", junto al adulterio, la prostitución o la violación, y no como delitos contra las personas. El aborto no es, pues, un asesinato en...

El aborto no está despenalizado en Bélgica, pero, bajo los ojos entornados y benévolos de las autoridades judiciales, se practica. Se estima que en Bélgica abortan voluntariamente entre 20.000 y 60.000 mujeres al año. La reforma de la ley sí ha abortado una y otra vez. La legislación en este tema se basa aún en el código napoleónico de 1867, que prohíbe totalmente el aborto, salvo casos extremos, bajo los delitos contra el "orden de las familias y la moral pública", junto al adulterio, la prostitución o la violación, y no como delitos contra las personas. El aborto no es, pues, un asesinato en Bélgica, sino que atenta contra la sociedad y su moral.

A principios de los años sesenta se crearon en Bélgica los primeros centros de planificación familiar, creyendo que así se evitaría llegar a tener que afrontar el tema del aborto, aplicando métodos de contracepción. No fue este el caso. En 1962 surgía en Bruselas el primer Centro Extrahospitalario que Practica el Aborto -ilegal y clandestino- y ahora la intervención viene a costar unos 3.000 francos (8.000 pesetas). Los centros insisten en la necesidad de que las mujeres adopten un método contraceptivo después de abortar.En 1973 llegó el primer arresto. El doctor Peers, de Namur, fue detenido por la policía en el hospital donde trabajaba y practicaba el aborto. Peers fue uno de los pioneros que introdujo en Bélgica el parto sin dolor y diversos tratamientos contra la esterilidad. Tras grandes manifestaciones, salió de la cárcel. Poco después llegó el acuerdo entre el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial. Se instaurá una tregua Judicial en virtud de la cual los abortos se practicaban, haciendo la vista gorda las autoridades, salvo en contados casos.

Así estaban las cosas cuando en septiembre de 1981 el fiscal general de Bruselas, Van Honstee, rompió la tregua, considerando que una ley debe aplicarse o cambiarse. Otros fiscales no le siguieron, pero en la región de Bruselas treinta personas -once de ellas médicos- han sido acusadas. Las penas han variado entre dos y dieciocho meses, con libertad condicional. Los jueces se mostraron indulgentes. Después de todo unas 7.000 belgas van cada año a abortar a Holanda o al Reino Unido.

Decenas de proyectos han fracasado

En 1974 se creó una Comisión Nacional para los Problemas Eticos que debía facilitar una decisión jurídica, pero decenas de proyectos de ley para despenalizar el aborto han fracasado en los últimos años, chocando principalmente con la oposición de los grupos cristiano-demócratas.En la actualidad, el proyecto que más posibilidades tiene es el que patrocina la diputada liberal Herman-Michielsen, que prevé la despenalización del aborto, con un límite de doce semanas de embarazo, siempre y cuando haya una amenaza grave o permanente contra la salud física y psíquica de la mujer. Según estudios realizados por grupos pro-liberalización del aborto, en la categoría contempla da por la ley sólo entrarían un 7% de las mujeres que en la actualidad desean abortar. La decisión correspondería a los centros oficia les, que, según las críticas, constituirían una especie de tribunal para cada caso que obligaría a las mujeres a desvelar su íntima vida privada, lo que no ocurre en los centros extrahospitalarios.

Contra la despenalización del aborto se pronuncian fundamentalmente los grupos políticos socialcristianos, especialmente los flamencos, que practican generalmente una catolicismo más integrista que los francófonos, si bien hay sectores progresistas cristianos que reconocen la necesidad de una regulación legal, similar a la defendida por los liberales.