Comercio estudia la posible inconstitucionalidad de la ley catalana sobre "rebajas"

La Secretaría de Estado de Comercio ha encargado a sus servicios jurídicos que analicen si existen indicios de inconstitucionalidad en la llamada ley de rebajas, aprobada el miércoles por el Parlamento catalán. Entre los grandes y medianos almaneces de ámbito estatal, el texto legal ha sido acogido con "honda preocupación". Aunque verían bien que el Gobierno central presentara recurso ante el Tribunal Constitucional, su estrategia se centra en señalar que la ley es perjudicial para ellos, pero también para los consumidores y la industria textil catalana.

Las empresas de distribución de ...

La Secretaría de Estado de Comercio ha encargado a sus servicios jurídicos que analicen si existen indicios de inconstitucionalidad en la llamada ley de rebajas, aprobada el miércoles por el Parlamento catalán. Entre los grandes y medianos almaneces de ámbito estatal, el texto legal ha sido acogido con "honda preocupación". Aunque verían bien que el Gobierno central presentara recurso ante el Tribunal Constitucional, su estrategia se centra en señalar que la ley es perjudicial para ellos, pero también para los consumidores y la industria textil catalana.

Las empresas de distribución de ámbito estatal han tratado durante el último año de adecuar el proyecto de ley a sus intereses, mediante gestiones directas ante el Gobierno y otras instituciones catalanas. Más recientemente, han expuesto a la Administración central, directamente o a través de las organizaciones representativas del sector, los efectos negativos que, a su juicio, tendrá la medida. Ahora han concentrado sus argumentos en que, si se aplica al pie de la letra o sin cierto desarrollo, se verían obligados a reducir compras a sus proveedores catalanes, que estiman entre 100.000 y 150.000 millones de pesetas al año, la mayoría en el sector textil.Hay una gran coincidencia entre los argumentos recogidos en contra de la ley, tanto en los dos grandes almacenes (El Corte Inglés y Galerías Preciados) como en las dos principales organizaciones de grandes y medianas empresas del sector (ANGED, Asociación Nacional de Medianas y Grandes Empresas de Distribución, y AMED, Asociación Nacional de Medianas Empresas al Detalle). El consejo de comercio y el comité de la competencia de la patronal CEOE, que en principio consideraron la disposición inconstitucional y reductora de la competencia, respectivamente, han matizado luego sus consideraciones a través de altos cargos. Javier Ferrer, presidente del consejo de comercio de la CEOE, declaró ayer que el texto "inicia un cierto proceso para el comercio interior", que "podría ser aceptable a nivel estatal", y que "son los propios comerciantes quienes deben valorar la ley de rebajas".

Las cámaras de comercio, por su parte, han guardado silencio. Fuentes de los grandes almacenes apuntaron que no han sido consultadas por la Generalitat, pero lo cierto es que varios altos cargos de la Administración comercial catalana proceden de dichas instituciones.

Para ANGED, que reúne a una treintena de empresas con facturación total por valor de unos 350.000 millones de pesetas, es necesario regular el intrusismo y la clandestinidad y poner cierto orden en materia de rebajas, pero lo primero no lo hace la ley catalana, que en materia de rebajas pretende pasar de la anarquía actual a lo más restrictivo. Sin embargo, y aunque oficialmente dice que el posible recurso de inconstitucionalidad es competencia del Gobierno o de los parlamentarios, lo que más preocupa a ANGED es el antecedente que sienta la ley catalana para otras autonomías.

Ordenación del comercio

Un portavoz de la misma asociación dijo: "Si ya salió hace un año el Estatuto del Consumidor para el País Vasco, si existe allí un proceso de ley de ordenación del consumo, si ahora cedemos ante la ley catalana y mañana siguen por otras autonomías, ¿qué pueden hacer los proyectos de ley estatales anunciados para después del verano por el Gobierno socialista para los consumidores y para la ordenación del comercio?. Dicen en Cataluña que tratan de adaptar las normas a la Comunidad Europea, pero no hay un solo país en toda Europa con normativa para una parte del territorio. En Francia y Bélgica, donde están reguladas las ventas a pérdidas, si bien de forma simbólica, la ley es para todo el territorio"."El Estatuto de Cataluña", agregó, "excluye los temas de competencia, como también el vasco. Y nosotros creemos que estamos ante una regulación de la competencia. Así lo estimó el Tribunal Constitucional, al anular recientemente los artículos del Estatuto del Consumidor relativos a la competencia. No se dan cuenta en Cataluña que regulando el comercio interior y el consumo se regula también la producción y se rompe la unidad de mercado".

Además de asumir estas posiciones, que son compartidas por AMED, los grandes almacenes se muestran preocupados por temas más concretos, como la reducción de los períodos de rebajas a un mes y medio en verano y a otro tanto a principios de año, la necesidad de mantener los precios de salida durante el resto del año, la obligatoriedad de haber tenido las mercancías a rebajar dos meses almacenadas y la imposibilidad de acudir a compras temporales para rebajas.

A su juicio, eso perjudicará principalmente a los compradores y a los productores catalanes, pues casi la tercera parte de la facturación anual de los grandes almacenes procede de las rebajas y dicen que éstas llegan a suponer del 10% y al 50% del precio de temporada.

Para un portavoz de El Corte Inglés, "la ley es totalmente inoportuna y extemporánea, repercutirá enormemente en la industria textil catalana y también al pequeño comercio y al consumidor".

Otro portavoz autorizado de Galerías Preciados declaró desde Barcelona que, "aun valorando muy positivamente las intenciones de defensa de la libertad de mercado y salvaguardia de los derechos de los consumidores, nos produce grave preocupación, pues en su articulado estas intenciones no han sido íntegramente recogidas, ya que se han atenido más a las restricciones de la libertad de comercio que a la defensa del consumidor".