El fiscal pide seis meses a un abogado y a un pasante por captacion irregular de clientes

El ministerio fiscal ha solicitado con carácter provisional que se impongan seis meses de prisión al abogado Oriol Arau Hernández y al pasante Antonio Alvarez García, por un presunto delito de estafa, supuestamente realizado en la captación de los clientes. La acción penal emprendida contra estos dos profesionales del Derecho debe enmarcarse dentro de las acciones emprendidas por la judicatura para acabar con la corrupción y con la contratación irregular de cilientes en la Audiencia Provincial de Barcelona.

Según versión del ministerio fiscal, a la que ha tenido acceso este periódic...

El ministerio fiscal ha solicitado con carácter provisional que se impongan seis meses de prisión al abogado Oriol Arau Hernández y al pasante Antonio Alvarez García, por un presunto delito de estafa, supuestamente realizado en la captación de los clientes. La acción penal emprendida contra estos dos profesionales del Derecho debe enmarcarse dentro de las acciones emprendidas por la judicatura para acabar con la corrupción y con la contratación irregular de cilientes en la Audiencia Provincial de Barcelona.

Según versión del ministerio fiscal, a la que ha tenido acceso este periódico, los hechos pendientes de juicio ocurrieron el 2 de enero de 1982, cuando María José Alegre Crespo se dirigió al bar El Louvre, cercano al Palacio de Justicia de Barcelona, buscando un abogado que defendiera a su hijo, que se encontraba retenido en los calabozos del Juzgado de Guardia.Antonio Alvarez García, pasante de profésión, alumnó de la facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, que se encontraba en el establecimiento, ofreció a la mujer los servicios de un letrado, asegurándole que, si pagaba 50.000 pesetas, lograría la libertad provisional para su hijo. El pasante, según versión del ministerio fiscal, aseguró a la mujer que la mitad del dinero era para el secretario del Juzgado de Guardia, y la otra mitad, para el juez".

Poco rato después, a la mujer le fue presentada el abogado Oriol Arau, quien realizó unas gestiones en el Juzgado de Guardia y aseguró que su hijo lograría la libertad en un plazo de dos o tres días. En pago a todas estas gestiones, la mujer hizo una primera entrega de 20.000 pesetas y aseguró que el resto del dinero lo pagaría en dos o tres días.

Una vez en su domicilio, explica el ministerio fiscal, la mujer comunicó a su esposo las gestiones. El marido, sin embargo, llegó a la conclusión de que se trataba de una estafa y decidió poner el hecho en conocimiento de la Justicia. A raíz de esta denuncia el Juzgado de Distrito número 5 de Barcelona abrió unas diligencias contra ambos profesionales.

El acusado goza de prestigio

Este procedimiento judicial, calificado de monitorio, concluyó hace pocos días con la calificación provisional del ministerio fiscal, en la que se consideran los hechos como constitutivos de un delito de estafa contemplado en los artículos 528 y 529 del Código Penal, y se solicita para cada uno de los encartados una pena de seis meses de prisión. El juicio seguido contra estos dos profesionales podría celebrarse antes de que finalice el primer trimestre de este año.Las acusaciones vertidas contra el letrado Oriol Arau han provocado perplejidad en medios judiciales, ya que este abogado goza de gran prestigio y solvencia. El letrado Arau se destacó durante el franquismo por sus defensas de presos políticos. Entre estas defensas cabe recordar la de los libertarios Salvador Puig Antich y José Luis Pons Llobet.

La captación irregular de clientes mediante ganchos está siendo investigada también por el Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona, que abrió un sumario contra Claudio Gil, quien se encuentra desde hace dos meses en prisión.

Quieren recusar un juez

Claudio Gil, que aseguraba 9 sus clientes ser familiar del fiscal general del Estado, ha manifestado su decisión de recusar al juez que instruye la causa contra él, por considerar que no está actuando de manera imparcial. Claudio Gil ha manifestado también su decisión de dar a conocer su situación al presidente del Gobierno y al ministro de Justicia.Simultáneamente, el Juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona está instruyendo otro sumario instado tras la denuncia de una familia de Terrassa, que, al parecer, realizó varias entregas de dinero para lograr la libertad de un familiar detenido por tráfico de drogas. La mayor parte de estas entregas se hizo a un ciudadano conocido por el apodo de el Nerón, que no ha podido aún ser localizado.

Estos tres casos judiciales han centrado la atención de los abogados penalistas de Barcelona, quienes desde hace tiempo se quejan por entender que existen irregularidades en la captación de clientes.