Espada y los euromisiles
LA ABSTENCION española en la firma del comunicado conjunto que emitirá la OTAN el próximo día 10, aceptando la instalación en la región militar del pacto de los euromisiles de cabeza atómica, no puede considerarse solo como un resultado de la anunciada congelación de las negociaciones para nuestra participación en el aparato militar de la OTAN. La polémica de los euromisiles es larga en Europa; la OTAN comenzó a considerar el tema en 1979, y en los países directamente implicados en su instalación ha producido no sólo polémicas, sino crisis ministeriales, rupturas de partidos, y abundancia de m...
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LA ABSTENCION española en la firma del comunicado conjunto que emitirá la OTAN el próximo día 10, aceptando la instalación en la región militar del pacto de los euromisiles de cabeza atómica, no puede considerarse solo como un resultado de la anunciada congelación de las negociaciones para nuestra participación en el aparato militar de la OTAN. La polémica de los euromisiles es larga en Europa; la OTAN comenzó a considerar el tema en 1979, y en los países directamente implicados en su instalación ha producido no sólo polémicas, sino crisis ministeriales, rupturas de partidos, y abundancia de movimientos pacifistas. Sería anormal una firma española en un documento tan debatido, hasta la pasión, por las opiniones públicas de los otros países firmantes y que no ha merecido la atención del debate y la consulta previas que tampoco se hicieron con ocasión de la entrada de España en la Alianza.Queremos creer por eso que aunque los socialistas no hubieran ganado las elecciones la diplomacia de nuestro país se habría abstenido de tomar una decisión tan grave, aún en el caso de que fuera compatible con las promesas de no nuclearización hechas por el propio gobierno de la UCD. Por lo demás resulta obvio que planteando el gobierno de Felipe González la congelación de las conversaciones sobre la integración en el aparato militar de la Alianza, el gabinete decida no entrar siquiera a considerar este tema de los cohetes de medio alcance. La posición española tendrá que definirse dentro de su concepto propio de defensa (defensa no sólo ante una guerra, sino para evitar una guerra) y en el conjunto de su política internacional. Las decisiones de cooperación militar con la Alianza se encuentran por demás íntimamente ligadas a la eventual revisión de los acuerdos bilaterales con los Estados Unidos, revisión de la que podría derivarse el abandono americano de la base de Torrejón. Tampoco se puede desconocer la incidencia en ellas de la cuestión de Gibraltar, que alberga una base de la OTAN, y de la posición portuguesa respecto al mando de las fuerzas navales de la alianza estacionadas en la Península. La cuestión de los euromisiles comporta de hecho una decisión de rearme frente al Este que no solo merece consideraciones políticas sino singularmente económicas. El presidente colombiano Betancur recordaba el viernes a Reagan, en Bogotá, que "cada minuto, un mundo enloquecido gasta un millón de dólares en armarse para la muerte". No es una cifra arbitraria. Y el ministro del Plan del Japón -en el Gobierno anterior- ha señalado ya que el rearme tiene una parte de culpa en la crisis económica mundial no inferior a la del precio de la energía.
Por otra parte, el documento que se va a firmar en Bruselas, en el que el tema de los euromisiles se envuelve en otras declaraciones de principio, no define absolutamente, sino relativamente, la aceptación de la instalación de los cohetes. Remitiendo la decisión final al resultado de las conversaciones de desarme en Ginebra, viene a recordar que la mayoría de los países europeos han tratado de retrasar esa decisión, que han insistido ante Reagan para que agote todas las posibilidades de negociación con la URSS y que, en último caso, tendrían aún que ratificar la disposición.
El tema de los euromisiles ha sido seguido en España con una cierta lejanía, puesto que nuestro país no estaba aún implicado en la OTAN y porque parece que, en último caso, no serían instalados en España por su posición geográfica, que la convertiría en una especie de posición de retaguardia para réplicas sucesivas. La firma del documento sin más información previa a la opinión pública y un debate parlamentario en regla supondría, cuando menos, una grave precipitación.