Aluminio Español: una singular partida de mus

El pasado miércoles las páginas económicas de la Pensa madrileña incluían tres noticias sin aparente relación, pero de una trascendencia decisiva para dos sectores vitales de la economía española: el próximo acuerdo entre el grupo alemán automovilístico Volkswagen y la estatal Seat, la nueva crisis en la subsidiaria del grupo francés PSA-Citroën, Talbot, y los problemas críticos de Aluminio Español, SA, donde el grupo francés nacionalizado Pechiney Ugine Kuhlmann (PUK) tiene una importante participación. Hoy por hoy no existe ninguna prueba que conceda certeza periodística a los indicios que s...

El pasado miércoles las páginas económicas de la Pensa madrileña incluían tres noticias sin aparente relación, pero de una trascendencia decisiva para dos sectores vitales de la economía española: el próximo acuerdo entre el grupo alemán automovilístico Volkswagen y la estatal Seat, la nueva crisis en la subsidiaria del grupo francés PSA-Citroën, Talbot, y los problemas críticos de Aluminio Español, SA, donde el grupo francés nacionalizado Pechiney Ugine Kuhlmann (PUK) tiene una importante participación. Hoy por hoy no existe ninguna prueba que conceda certeza periodística a los indicios que se amontonan sobre las negociaciones que, al más alto nivel, pudieron llevarse a cabo en el curso de la última semana entre Madrid, París y Bonn.Pero los resultados son visibles y están ahí: el acuerdo Seat-Volskwagen puede prolongar la vida de la sociedad del INI, pero, indudablemente, agravará los problemas de Talbot. Con mucha menos suerte, el grupo alumínico emprende la vía de no retorno, una suspensión de pagos de históricas proporciones que han conmovido los pilares del entramado financiero y económico español. Los franceses, con un Gobierno socialista inclinado hacia dentro, pudieron pensar que su cotización en Madrid estaba en baja y, con una actitud muy francesa, dejaron al Instituto Nacional de Industria con el mayor ovillo de su historia. El instrumento: el grupo Pechiney, e mayor conglomerado alumínico de Europa Occidental, directamente controlado por el Gobierno Mitterrand tras su nacionalización.

Pese a la suspensión de pagos, el desenlace de la crisis de Aluminio Español, y su filial Alúmina Española, está aún por decidirse y quizá haya que dejar pasar algunas semanas, no muchas, antes de conocerlo. No cabe duda de que la singular partida de póker -más bien mus, a la vista de los participantes- está subiendo en tono y de apuestas. La suspensión de pagos del grupo, con un pasivo exigible de 94.000 millones de pesetas (elevado en 24.000 millones por los riesgos de cambio en los créditos exteriores), es sólo el primer juego de una partida que, tras el órdago francés, se ha ganado piedra a piedra. Queda ahora por ver el próximo 11 de octubre, el resultado del segundo juego, que puede ser el definitivo o, por el contrario el comienzo del último y definitivo.

Posición dura

Por de pronto, el Gobierno español, a través del Ministerio de Economía, se ha decidido a plantar cara al francés en la lucha que ambos han mantenido, vía INI y Pechiney, sobre el futuro del sector alumínico español. El inicio de esta inusitada batalla se remonta sin embargo, al pasado verano, cuando la banca extranjera alerta a los responsables de Aluminio sobre la situación financiera de la empresa. Tras una reunión de sus acreedores extranjeros en Londres, Aluminio recibe el aviso de que sus banqueros consideraban que la filosofía contenida en los contratos de créditos suscritos -uno de doscientos millones de dólares para Aluminio y otro de 150 millones de dólares para Alúmina- se había roto. La sociedad presentaba un fuerte desequilibrio en la relación capital/endeuda miento que debía corregirse cuanto antes si se quería evitar un bochornoso default del europréstamo, tal como establecía la claúsula de garantía del crédito.

A través de su principal accionista, ENDASA (55%), el grupo se pone a trabajar, pero tropieza con la negativa de Pechiney (20%, a través de ALUGASA),,que no quiere aceptar la única solución interina posible y que consistía en una ampliación del capital en 19.000 millones de pesetas, un programa de refinanciación de toda la deuda y un plan de reestructuración industrial de las dos empresas. La actitud del grupo francés deja sorprendidos a sus socios (INI, la multinacional canadiense Alcán y ocho bancos españoles) que, tras el silencio de su re presentante en el consejo, Antonio Barrera de Irimo, creen sospechar una estrategia de escape al mínimo costo.

Las circunstancias para el éxito de dicha estrategia son favorables. En Madrid preside un Gobierno de gestión de UCD que, lógicamente, parece más preocupado con los resultados de las próximas e inminentes elecciones que por plantar cara a una batalla pública en la que, en última instancia, puede estar en tela de juicio el prestigio como prestatario del ente industrial estatal INI y del propio Estado. No debe ser muy difícil en estas circunstancias, parecen pensar los socios franceses, abandonar el 66% de las acciones del grupo Pechiney en Alumnios de Galicia, SA (ALUGASA), y el 22% de esta sociedad, en Aluminio Español, SA, precisamente ahora que el negocio alumínico es nefasto en todo el mundo. La caída de los precios internacionales del metal (más del cien por cien) en menos de dos años ha hecho ver a esta sociedad que ni siquiera un contrato de suministro de bauxita puede ser, a largo plazo, lo suficientemente importante como para mantener una relación que es anti-económica.

El INI, a través de ENDASA comienza unas difíciles negociaciones con el grupo Pechiney (pese a la imposibilidad de identificar un interlocutor válido para el grupo), sobre la base de la aceptación del deseo francés. Pero las negociaciones, que caminan contra reloj por la inminencia de la ejecución del eurocrédito de doscientos millones de dólares, tropiezan con la actitud del grupo francés, que además de las acciones, quiere dejar en España las garantías y los avales prestados por el grupo a las sociedades participadas, y que ascienden a más de 16.00.0 millones de pesetas.

Presiones políticas

Es precisamente la misma situación política la que, finalmente, hace fracasar la aparente estrategia del grupo francés (EL PAIS no ha podido obtener una versión directa de la tesis del grupo Pechiney, pese a los esfuerzos realizados reiteradamente), La explosión de la crisis del grupo privado español Unión Explosivos Riotinto (ERT) días antes, y la decisión gubernamental de inhibirse ante la misma, condicionan decisivamente la actitud española, ya que ni el Gobierno ni el INI tienen las manos libres para apoyar una solución de la que, independientemente del precio negociado por la salida francesa, resultaba directamente beneficiada una sociedad estatal extranjera.

Una solución sucia para el INI provocaría no sólo el grito de la sociedad privada, que se ha visto sin el apoyo público que buscaba sino el quejido de las ocho instituciones bancarias españolas que, además de participar en un consejo del que les gustaría salir por piernas, tienen riesgos vencidos con anterioridad a que la sociedad dejara de pagar los intereses del eurocrédito de doscientos millones de dólares.

Y quizá fue el mismo miércoles cuando los esfuerzos por alcanzar compromisos en la esfera de la alta política fracasaron sin dar los resultados esperados. El contrato con Volskwagen se firmó, la amenaza de suspensión de pagos de Talbot se diluyó y la de Aluminio Español se materializó. El órdago francés era aceptado irremisiblemente cuando la partida estaba a punto de perderse piedra a piedra.

Lo más curioso y chocante del caso es que el Gobierno español y el INI, quizá por razones que se esconden en lo más profundo del subconsciente de los protagonistas o en el convencimiento de que algún día la historia juzgará todo el caso por si sola, abrazaba en esta ocasión, por vez primera, una estrategia de juego que nunca aceptó como válida -y ahora quizá se estén pagando los platos rotos-, en los contenciosos con la italiana FIAT o con la norteamericana International Harvester

El futuro incierto

Así las cosas, el futuro del sector español del aluminio se presenta mucho más oscuro que el color de dicho metal. El control de las cuatro empresas principales del sector está repartido en manos del INI, la canadiense Alcán, el grupo Pechiney y los bancos españoles más importantes. El dominio del INI y Alcán es mayoritario, pero tropieza con la cuña Pechiney, cuya actitud no permite realizar un planteamiento serio de la reconversión del sector. La desaparición del grupo francés, en este sentido, permitiría afrontar la solución con realismo, pero el deseo de los franceses de marcharse sin responder de las garantías crediticias dificulta el camino.

El próximo 11 de octubre es una fecha decisiva en la colocación de las primeras piedras en la reestructuración de un sector que está sobredimensionado y que padece de escasa eficiencia industrial, quizá por razones tecnólogicas en el origen de su planificación. En dicha fecha, tanto la Empresa Nacional de Aluminio (ENDASA) como Pechiney, a través de ALUGASA, tendrán que responder, en segunda instancia, de la aceleración (ejecución) del eurocrédito que desencadenó el último órdago. El INI ha prometido pagar y la duda está en saber que hará ALUGASA, ya que tiene que responder sólo ella por noventa millones de dólares. A menos que Pechiney lo haga por ella (lo que descubriría sus cartas), ALUGASA suspenderá pagos irremediablemente.

Una negociación con ella, en esas condiciones, sería más factible, según la opinión más extendida, a menos que se llegue antes a un acuerdo que permita corregir uno de los tantos errores históricos cometidos en este país en el terreno industrial. Un error que, como sucede en la siderurgia o los astilleros, se generaron en épocas de tan triste recuerdo como los primeros años de la década y que los españoles, posiblemente con un Gobierno de corte muy distinto al actual, no tendremos más remedio que corregir con el dinero de nuestros bolsillos, vía subsidio del paro vía costosos procesos de reconversión.O viceversa o ambos. Un drama, vamos.