Privatización de parte de la Seguridad Social

El principio general de la política laboral de Alianza Popular es garantizar el pleno empleo. El de la Seguridad Social, además de financiar el desempleo, es el de cubrir los riesgos que los defectos de funcionamiento de la comunidad imponen sobre los individuos.En política laboral se aconsejan las siguientes medidas correctoras: flexibilización laboral (programas de aprendizaje obligatorio por tres años a elección del aprendiz, sin los cuales no se podrá solicitar empleo; remuneración de los aprendices a un 50% del salario del puesto de trabajo; reglamentación del trabajo a tiempo parcial, et...

El principio general de la política laboral de Alianza Popular es garantizar el pleno empleo. El de la Seguridad Social, además de financiar el desempleo, es el de cubrir los riesgos que los defectos de funcionamiento de la comunidad imponen sobre los individuos.En política laboral se aconsejan las siguientes medidas correctoras: flexibilización laboral (programas de aprendizaje obligatorio por tres años a elección del aprendiz, sin los cuales no se podrá solicitar empleo; remuneración de los aprendices a un 50% del salario del puesto de trabajo; reglamentación del trabajo a tiempo parcial, etcétera); movilidad laboral (inversión del criterio de percepción de los ingresos de desempleo para adecuarlo al paro estructural, reduciendo al mínimo básico las remuneraciones iniciales para evitar la propensión al despido voluntario y aumentando al máximo posible las finales para permitir la subsistencia normal del parado difícilmente ocupable, entre otros puntos); políticas de cualificación profesional; políticas de fijación de salarios, estableciendo como principio electivo de la empresa la negociación colectiva a nivel de empresa en lugar de la nacional o del sector.

AP propone una Seguridad Social a dos niveles; el primero, básico, universal, obligatorio y homogéneo, de pensiones, accidentes, desempleo, renta mínima y enfermedad. El segundo, complementario, voluntario, selectivo y diferenciado, que cubra todas o parte de las mismas prestaciones, en la cuantía e intensidad que desee y esté dispuesto a pagar el contribuyente.

El primer nivel debe proveerlo una Seguridad Social nacionalizada, a través de instituciones propias, que debe ser gestionada por todos los que la financien. El segundo puede gestionarse mediante fondos de pensiones y llevarse a cabo por instituciones privadas.

La distribución del coste de la Seguridad Social entre los asalariados, las empresas y el Estado debe realizarse de acuerdo con los porcentajes habituales en los países de la CEE, puesto que de otra forma nuestras producciones no resultarían competitivas. Esto significa una reducción drástica de cuotas empresariales y un aumento compensatorio de las estatales.