El Gobierno vasco considera 'lógica' la intervención de Lemóniz

De "decisión lógica fundada en preceptos constitucionales", calificó ayer Mario Fernández, vicepresidente del Gobierno vasco, el acuerdo del Consejo de Ministros del viernes de decretar la intervención estatal sobre las obras de la central nuclear de Lemóniz.

El político vasco, que ostenta también la cartera de Trabajo en el Ejecutivo de Vitoria, se mostró satisfecho por la confirmación que el decreto hace del acuerdo, firmado el pasado mes de marzo, por el que se creó la sociedad de gestión de Lemóniz, dependiente del Gobierno autónomo. Respecto al futuro, consideró la decisión aho...

De "decisión lógica fundada en preceptos constitucionales", calificó ayer Mario Fernández, vicepresidente del Gobierno vasco, el acuerdo del Consejo de Ministros del viernes de decretar la intervención estatal sobre las obras de la central nuclear de Lemóniz.

El político vasco, que ostenta también la cartera de Trabajo en el Ejecutivo de Vitoria, se mostró satisfecho por la confirmación que el decreto hace del acuerdo, firmado el pasado mes de marzo, por el que se creó la sociedad de gestión de Lemóniz, dependiente del Gobierno autónomo. Respecto al futuro, consideró la decisión ahora adoptada como "un paso adelante en un proceso complejo" y se refirió al problema de la seguridad como "el tema clave, que queda en manos de la única institución que, hoy por hoy, tiene capacidad para abordarlo, es decir, el Gobierno del Estado mediante sus fuerzas de seguridad".

Por su parte, el delegado del Gobierno en la comunidad autónoma, Jaime Mayor Oreja, calificó el acuerdo del Consejo de Ministros de "expresión de la voluntad política del Gobierno de reanudar unas obras que son vitales para el desarrollo del País Vasco y la modernización de su economía". En opinión de Mayor Oreja, el Gobierno ha respondido al "reto de las bandas armadas que pretendían hacer de la paralización de las obras una prueba de fuerza".

En principio, restan unos catorce meses de obra civil y trabajos de puesta a punto antes de la entrada en funcionamiento del primero de los dos reactores previstos en el proyecto de Lemóniz. La intervención estatal tendrá vigencia exclusivamente hasta la finalización de las obras.