La seguridad de los ciudadanos franceses enfrenta a los ministros del Interior y de Justicia
Los problemas de la seguridad y la libertad enfrentan a dos de los ministros socialistas más importantes del Gobierno francés, que encabeza el primer ministro Pierre Mauroy, y acentúan las divergencias en el seno de mayoría que sostiene al presidente François Mitterrand. El titular de la cartera del Interior, Gaston Defferre, que se opone al de Justicia, Robert Badinter, desea facilitar los controles policiales de identidad y el uso de las armas por parte de las fuerzas del orden.
A lo largo del primer año del septenio de Mitterrand, que se cumplirá el próximo mes de mayo, gran cantidad...
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Los problemas de la seguridad y la libertad enfrentan a dos de los ministros socialistas más importantes del Gobierno francés, que encabeza el primer ministro Pierre Mauroy, y acentúan las divergencias en el seno de mayoría que sostiene al presidente François Mitterrand. El titular de la cartera del Interior, Gaston Defferre, que se opone al de Justicia, Robert Badinter, desea facilitar los controles policiales de identidad y el uso de las armas por parte de las fuerzas del orden.
A lo largo del primer año del septenio de Mitterrand, que se cumplirá el próximo mes de mayo, gran cantidad de conflictos y contradiccion,es han enfrentado, en múltiples ocasiones, a personalidades gubernamentales o de la mayoría socialista-comunista que ganó las elecciones el verano pasado.Pero la divergencia más grave es la que opone ahora a Gaston Defferre y a Robert Badinter, se admite con unanimidad. El conflicto gira en torno a la corrección definitiva de la ley sobre la seguridad de los ciudadanos, que debe reemplazar a Seguridad y libertad, la normativa que en 1980 estableció el poder giscardiano.
Una ley "fascistoide"
Los socialistas consideraban esta ley comofascistoide y canalla. Las actitudes diferentes de Defferre y Badinter, y las dudas de todo el Gobierno, retrasaron ya la adopción de esa nueva normativa por el Consejo de Ministros la semana última.Pero la bomba Defferre hizo explosión anteayer, cuando el ministro del Interior afirmó, ante un grupo de dirigentes policiales, y a la vista de los problemas crecientes provocados por el terrorismo y por la inseguridad ciudadana, que cualquier policía, en cualquier lugar y en todo momento, podrá efectuar controles de identidad. Y, de igual manera, las fuerzas del orden podrán abrir fuego contra una persona, no sólo en caso de legítima defensa, sino tras una simple intimidación.
Quizá por pura casualidad, ayer, en plena ciudad, un policía mató de un tiro a un ratero al que perseguía y que intentó secuestrar a un peatón para defenderse, amenazándole con un cuchillo.
Este desacuerdo fundamental entre los dos ministros, apoyados cada uno de ellos por una parte de la opinión y de la mayoría gobernante, pone en juego las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, y el futuro en Francia de las libertades individuales. Por ello, en el caso de los socialistas, se presenta como una prueba de fuego de su identidad.
Esta cuestión, y la de los derechos del hombre en general, es la que más, y con más fuerza, ha manejado la izquierda socialista de este país para definirse frente a la derecha. El propio Mitterrand, en una de sus últimas manifestaciones públicas, resumió en uno solo los objetivos de toda la gestión del socialismo a la francesa: conquistar "nuevos espacios de libertad".
En base al lema Francia, campeona de las libertades, con el que los socialistas han matasellado toda su acción, ayer, el editorialista del diario Le Matin, de sensibilidad gubernamental, se preguntaba "si la izquierda puede practicar el mismo lenguaje que la derecha y, con mayor razón, prever un comportamiento más represivo". El ministro de Justicia, Robert Badinter, públicamente, se ha opuesto radicalmente a las opciones de Gaston Defferre. El primer ministro, Pierre Mauroy, este lunes, recibirá a ambos para intentar encontrar un compromiso.
A este patinazo del equipo gubernamental (Robert Badinter hace casi dos semanas que ya le había entregado a la Prensa, como definitivo, el texto de su ley liberal sobre la seguridad) se suman varios contenciosos del mismo género.
El más importante es el compromiso del primer ministro con la patronal (véase EL PAIS de ayer, domingo), por el que se le conceden ventajas fiscales, sociales y financieras para que se decida a invertir con el fin de asegurar el crecimiento previsto (3% en 1982) y, así, rebajar el paro.
Los comunistas, y una parte de los socialistas, se manifiestan indignados por estos "regalos a la derecha" sin contrapartida formal. En efecto, la patronal francesa no le ha garantizado nada en firme a Pierre Mauroy, a salvo de sus buenas intenciones.
Estos dos asuntos se suman a otros patinazos o divergencias, todos ellos agravados por el revés electoral de la mayoría en los recientes comicios cantonales. Pero más que los demás, el tema de las libertades y el económico plantean una cuestión de fondo: ¿Se trata de pasos en falso de un Gobierno de 42 miembros, de los que cuarenta nunca habían ejercido funciones oficiales, o están asistiendo los franceses a un cambio de política?
En cualquiera de los dos casos, François Mitterrand, tras su semana japonesa, hoy, a su retorno, se encontrará con un equipo dirigente poco más que maltrecho, sometido a críticas sin cuento y víctima de la carcajada general de la oposición. Se espera que el presidente galo, a finales del mes en curso, ofrezca una conferencia de Prensa explicativa al respecto.